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Zona franca financiada por BCIE enciende protestas
jueves, 17 de julio de 2008

 

Jorge Luis Araya en Semanario Universidad  Empresa de la familia del representante de Costa Rica en el BCIE es acusada de construir sin permisos y causar daño ambiental en Desamparados.

Llevan años de estar denunciando el ruido y la contaminación del parque industrial que está construyendo La Compañía Inversionista Las Brisas S.A., de la familia Ortuño, en San Rafael Arriba de Desamparados, con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Cansados de esperar respuestas, decenas de vecinos bloquearon la calle de acceso a la empresa, el pasado 30 de junio, para impedir el constante paso de los camiones, cuyo ruido no los deja descansar ni de día ni de noche, y que son un peligro para los más de mil infantes del kínder y la escuela del lugar que deben transitar por la misma y estrecha vía.

No obstante, al siguiente día, durante una reunión en la municipalidad de Desamparados, con la Defensoría de los Habitantes como mediador, acordaron suspender las protestas a la espera que resuelvan sus demandas.

Las quejas de los vecinos -ratificadas por varios de ellos que hablaron por separado con UNIVERSIDAD- son que el parque se construye en las narices del kinder y las casas de habitación del lugar, sin contar con permisos municipales y a contrapelo de las regulaciones ambientales, sin que las autoridades actúen para aplicar la ley. También cuestionan que el Gobierno le concediera estatus de Zona Franca al proyecto, mediante el decreto ejecutivo N° 428-2007, firmado el pasado 22 de octubre por la vicepresidenta Laura Chinchilla y la viceministra de Comercio Exterior Amparo Pacheco.

La Compañía Inversionista Las Brisas S.A. (cédula jurídica 3 101 013-086) es una empresa presidida por Gaspar Ortuño, sobrino de Alfredo Ortuño Víctory, extesorero de la campaña presidencial de Oscar Arias y actual representante de Costa Rica en el BCIE. En los registros del Tribunal Supremo de Elecciones Ortuño Víctory figura además como uno de los principales donantes de la campaña del actual mandatario, con un total de ¢7.015.210.

Los otros miembros de directiva de Las Brisas son Ida Ortuño (tesorera), Sonia Molina Mejía (secretaria) y Fernando Herrero Solano (fiscal).

El proyecto cuenta con un financiamiento de $30,3 millones (más de ¢15.000 millones) otorgado por el BCIE, según hace constar un rótulo de esa entidad a la entrada del complejo industrial.

Las instalaciones se levantan en lo que era una finca de café y montaña rodeada de casas, en la parte sur de San Rafael Arriba, que desde la década pasada fue declarada zona industrial en el plan regulador de la municipalidad de Desamparados.

La primera etapa del proyecto ocupará  cerca de 40 hectáreas, con una inversión total de $60 millones, y en una segunda etapa se invertirán $100 millones para ampliar las bodegas y construir torres de apartamentos y un hotel de turismo hacia el lado de San Miguel de Desamparados, todo por más de 200 hectáreas, según se anunció en la prensa a fines del año pasado.

Este proyecto sale a relucir ahora en medio del escándalo por el manejo una donación de $2 millones del BCIE para el pago de asesorías de la Presidencia de la República, y otra de 1,5 millones, que incluyen a funcionarios del Gobierno y asesores legislativos, entre otros, dados a conocer por el periódico La Nación en los últimos días.

La fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) denunció el financiamiento del BCIE a la empresa familiar del representante de Costa Rica en esa institución que administra fondos de los países centroamericanos.

Preocupa mucho, declaró el jefe de la bancada opositora Francisco Molina, que el delegado ante el BCIE, nombrado por el propio presidente Arias, esté utilizando los recursos de esa entidad bancaria para beneficiar a su familia.

Según Molina, su fracción solicitó en febrero pasado explicaciones al BCIE sobre la forma en que otorgaron los fondos a la familia de Alfredo Ortuño, pero no obtuvo respuesta, pues la entidad se escudó en la inmunidad y los privilegios que le dan su estatus de institución internacional.

Los diputados acordaron llamar a Ortuño a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, para que explique la donación para consultorías de la Presidencia de la Republica. Molina dijo que se aprovechará la comparecencia para que explique lo del préstamo a su familia.

Nick Richbieth Glöe, presidente ejecutivo en funciones del BCIE, le aseguró al diario Extra que Ortuño no participó en el proceso que culminó con el otorgamiento de los fondos a Las Brisas. El proyecto de enmarca dentro de las políticas del banco, en aras de contribuir al desarrollo económico de Costa Rica, sostuvo el funcionario.

En el parque industrial Las Brisas ya operan varias empresas como la fábrica de colchones Selther, importadora de alimentos Feduro, Distribuidora Valle Ujarrás y las transnacionales Wal-Mart y Kimberly Clark, mientras que otras firmas tienen contrato para ubicarse allí.

El régimen de zona franca otorga a las empresas exención de impuestos y otros "incentivos".

Los vecinos se preguntan cómo es que se ha permitido la construcción de ese complejo industrial en medio de casas de habitación y un kínder-escuela, y que el Gobierno le haya concedido el régimen de zona franca.

Dudan que se hayan cumplido los requisitos para instalar una industria de esa naturaleza, pues no cuenta con condiciones mínimas como una planta de tratamiento de aguas negras, según evidencian informes de SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) y ni siquiera cuenta con una vía de acceso adecuada. Éste es uno de los mayores problemas, ya que los furgones con carga constantemente entran y salen por la maltrecha calle del pueblo, con peligro para los transeúntes y molestias de ruido para los vecinos. El ruido y el polvo originados por esa actividad han dificultado las clases en el kínder y la escuela, donde alumnos y docentes padecen problemas de salud por esa causa, reconoció la directora del centro educativo, Rosario González.

Los vecinos hicieron la protesta luego que empleados con maquinaria de la empresa derribaron una malla y un muro de la cancha de deportes para ampliar la calle, lo que no están dispuestos a tolerar, según aseguraron.

"Vamos a seguir hasta el fondo y no vamos a permitir que nos toquen la cancha de fútbol ni de la básquet, vamos a demostrar que esta zona franca no tiene por qué estar instalada aquí, y a luchar hasta el final por que nos quiten los camiones de la calle", afirmo Erick Gómez, uno de los dirigentes de la protesta.

Gómez afirmó que se ha estado construyendo sin los correspondientes permisos municipales, como lo reconoció en días recientes Jessica Martínez, arquitecta del municipio.

"La municipalidad dice que no tiene capacidad para llamar al orden a este señor (Gaspar Ortuño), y simplemente se quita el tiro diciéndole que tiene que pagar las multas, él las paga y sigue construyendo", se quejó Gómez.

De acuerdo con el quejoso, la municipalidad de Desamparados deja pasar sin aplicar la ley, y la alcaldesa, Mauren Fallas, no ha respondido notas de Ingeniería del Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en que le piden información sobre la calle, que es municipal, a fin de tomar medidas sobre restricción del tráfico. Tampoco contestó una nota urgente del ministerio de Salud, en relación con un estudio de esa entidad que comprobó que el ruido en el área supera con creces el mínimo de decibeles permitido por la ley.

La alcaldesa llegó nominada por el Partido Liberación Nacional.

 

DECRETO

 

El decreto del Poder Ejecutivo que concedió el Régimen de Zona Franca al parque industrial Las Brisas dice que "se ha verificado que la empresa cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en los artículos 19, 20, 21, y 22 bis del Reglamento a la Ley N° 7210 (de Zona Franca).."

La junta directiva de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) acordó recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del Régimen de Zona Franca, una vez que conoció la solicitud de la empresa, y con fundamento en las consideraciones técnicas y legales contenidas en el informe de la Gerencia de Operaciones de PROCOMER N° 27-2007 del 16 de octubre del 2007. Seis días después se firmó el decreto ejecutivo mencionado.

El artículo 19 del reglamento citado dice que "tratándose de empresas que soliciten el régimen de zonas francas para desarrollar y administrar un parque industrial de zona franca, es de aplicación lo dispuesto en el Capítulo III de este reglamento. Sin embargo, adicionalmente PROCOMER debe solicitar información que acredite la capacidad financiera para el desarrollo del proyecto, así como la existencia de infraestructura adecuada, disponibilidad de servicios y mecanismos de control adecuados".

El mencionado capítulo III señala en su artículo 9, inciso a), que la empresa solicitante del régimen de zona franca deberá aportar "información detallada sobre la contaminación que producirá el proceso productivo y sus desechos, o bien, copia del formulario presentado ante la instancia respectiva del Ministerio de Ambiente y Energía en relación con el estudio de impacto ambiental, cuando corresponda según las leyes y reglamentos aplicables."

Erick Gómez dijo que a fin de conocer cuál fue la información que presentó Las Brisas a PROCOMER, pidió copia de la solicitud y el informe que dio base a la recomendación de la junta directiva, pero en esa oficina le dijeron que no le podían dar los documentos porque es información privada de la empresa.

Se le argumentó para ello, que había una disposición de la Contraloría General de la República en ese sentido, dijo Gómez, quien se mostró dispuesto a poner un recurso de amparo si PROCOMER insiste en negar la información. "No hay que ser inteligente para saber que esto está montado. Queremos que esto se haga público (los documentos)", dijo Gómez

Mientras tanto, un grupo de vecinos presentaron un recurso de amparo en defensa de sus derechos en relación con los intentos de la empresa y la municipalidad de ampliar la calle a expensas del campo deportivo.

Si pretenden ampliar no es porque los vecinos lo pidieron, sino que lo hacen para beneficiar a una empresa, dijo Guillermo Mora, presidente del comité de deportes y uno de los firmantes del recurso.

Esa cancha es el único lugar que tiene la comunidad para hacer deporte, y es un terreno inscrito a nombre del Estado que se pagó "colón sobre colón", y ahora no puede la municipalidad venir a decir que la va usar para ampliar la calle,  manifestó.

Si la calle se amplía se reduciría la cancha, se perjudicaría al deporte y a la comunidad, y se afectaría también al kínder y la iglesia, pues a ésta igualmente le quieren quitar una franja de terreno. La pregunta es quién llegó primero, ellos (la empresa) debían haber tenido  vías de acceso adecuadas antes de empezar el proyecto, alegó Mora.

 

ENGAÑO

 

Según los vecinos Gaspar Ortuño trató de engañarlos, pues todos vieron cómo el lunes 30 de junio empleados a sus órdenes llegaron con maquinaria de la empresa a derribar un muro de la cancha, a pesar de que el fin de semana anterior él les había dicho que no emprendería nuevas demoliciones hasta tanto no ver qué se decidía en la reunión que se efectuaría el martes siguiente en la Municipalidad. Pero el lunes envió la maquinaria a continuar la demolición, por lo que los  vecinos bloquearon el paso durante unas horas para detener los trabajos.

Una versión totalmente opuesta dio Ortuño, quien negó durante una entrevista radial, que él hubiera ordenado la demolición.

"Entiendo que la municipalidad está coordinando la reparación de la carretera con una donación que el Parque le dio (…) entiendo que están haciendo unos alineamientos de ley que perjudican a unos dos vecinos, que sacaron garajes hacia la vía pública y algunos están molestos por esto", aseguró.

Insistió que la municipalidad va a hacer toda una serie de obras nuevas que van a remozar todo el pueblito.

Los vecinos "tienen razón, porque tenemos una calle que no tiene ni aceras, ni cordones, y el asfalto es como de 20 años. Se hizo un estudio de ingeniería de tránsito, el cual recomendó que lo primero que tiene que existir son aceras y cordones, y tiene que haber una calzada en la cual las amas de casa al ir al kinder no tengan que invadir la vía pública. Es que este es un pueblito que no tiene la infraestructura adecuada. Nosotros estamos cooperando para que la infraestructura de aceras, cordones y de la calzada, y toda una señalización vial adecuada se instale en la zona, para que eso se corrija", explicó el empresario.

A su juicio, el problema es que los vecinos quieren las cosas ya, pero las mejoras requieren de permisos de Acueductos y Alcantarillados, Fuerza y Luz y otras instituciones, que no se consiguen de la noche a la mañana.

Por su parte el vicealcalde de Desamparados, Manuel Picado, afirmó que las diferencias con los vecinos "son solo de forma", y en la reunión sostenida en la municipalidad habían logrado explicarles todo el plan de trabajo que se va a desarrollar

Justificó la actuación de las autoridades municipales diciendo que la Sala IV ha dicho que el libre tránsito no se le puede negar nadie, "y como municipalidad no tenemos la armas legales para decirle al parque industrial que no pase por calle". La que puede establecer restricciones de paso vehicular es la Dirección de Tránsito, no la municipalidad, manifestó.

Preguntado si en el parque industrial se han estado haciendo trabajos sin permiso de la municipalidad, respondió que "tenemos una denuncia ante el Tribunal Ambiental y se han clausurado los trabajos que se están realizando". La denuncia fue porque la empresa hizo movimientos de tierra y estaba echando tierra en el río, explicó.

El mismo día el vicepresidente del Tribunal Ambiental, Mario Leiva, ratificó que tras una inspección hecha al proyecto, esa entidad del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) había paralizado las obras.

Esa medida cautelar se tomó mientras se resuelve el caso, y fue por la afectación a la zona de protección de la quebrada Lajas y una sección del río Ojorco, y porque aparentemente los desarrolladores se excedieron en el límite de los permisos que solicitaron, explicó Leiva.

Pese a lo dicho por ambos funcionarios los trabajos de construcción de bodegas y la remoción de tierras en los terrenos del parque continuaban, según se pudo observar horas después en el propio lugar.

 

Alfredo Ortuño, generoso donante de la campaña de Arias

 

Con un monto de ¢7.015.210, Alfredo Ortuño Víctory se convirtió en uno de los destacados donantes de la pasada campaña electoral del Partido Liberación Nacional, en la que resultó elegido el presidente Óscar Arias Sánchez.

 

Ortuño en ese momento era a la vez el tesorero de la campaña y hoy está en medio de uno de los casos más controversiales que enfrenta la administración Arias Sánchez, luego del escándalo del memorando del miedo, que provocó la renuncia del Vicepresidente de la República, Kevin Casas.

Ortuño, quien fue nombrado una vez que asumió este gobierno como director de Costa Rica ante el BCIE, deberá rendir un informe ante la Asamblea Legislativa sobre el pago de asesores en la Presidencia, el Congreso y otras entidades del Gobierno con dineros de esa entidad.

Al igual que Ortuño, el ministro de Vivienda, Fernando Zumbado y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, deberán dar explicaciones detalladas sobre el tema ante la comisión de Control de Ingreso y Gasto (Ver nota el PLUSC vuelve a la carga).

Ortuño aseguró al diario La Nación que no había nada ilegal ni inmoral en el hecho de que el BCIE otorgue recursos económicos para la realización de una obra a familiares. "Mi actuación es total y abiertamente transparente", sostuvo.

 
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