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Bosques y ríos de talamanca se destruyen sin control
viernes, 11 de julio de 2008
Tienen total autonomía del gobierno en el uso de los recursos:

diarioextra.com Las disputas por terrenos y poder entre los diferentes grupos que conviven en los territorios indígenas de Talamanca, han llevado a un uso indiscriminado de los recursos naturales, como los bosques y los ríos que son explotados sin que el gobierno central pueda evitarlo.


Ante las denuncias de varios grupos indígenas sobre la explotación maderera para fines comerciales, pese a existir una veda declarada por el gobierno en toda la zona atlántica, incluidos los territorios indígenas, DIARIO EXTRA visitó las zonas para constatar la forma en que se está talando los árboles.

Las tucas son cortadas en los aserraderos que maneja la Asociación de Desarrollo de la comunidad, que tiene la total autoridad en la toma de decisiones sobre la comunidad, las cuales van desde dar permisos a las familias para cortar árboles, hasta visar “planos” para obtener bonos de vivienda.

Y es que al ser terreno comunitario en la zona nadie es dueño de su tierra, sino que es un todo, el cual es administrado por quienes estén al frente de la Asociación de Desarrollo; sin embargo, algunos indígenas consideran que aunque no existe propiedad privada, sí cada uno es dueño de la tierra que tiene, y por ello precisamente están delimitadas, incluso en este momento se realiza un estudio de campo de la Universidad de Costa Rica para demarcar las propiedades en forma individual.

Esto les permitiría tener mayor control sobre la distribución de la tierra, de utilizar esta herramienta, podría saberse cuantos árboles tiene cada familia y entregarles en forma equivalente el porcentaje que les corresponde por la venta de servicios ambientales, dado que en este momento todos los recursos los recibe la Asociación de Desarrollo.
¡LO EXPULSARON POR DENUNCIAR!

René Rocha, asegura que fue expulsado de la Asociación de Desarrollo por denunciar ante los demás miembros durante una asamblea las irregularidades que se dan en ese territorio.

Según explicó Rocha algunas personas no indígenas –con la complacencia de la Asociación- sacan la piedra de los ríos para venderla afuera, lo mismo ocurre con la madera, que en los mismos aserraderos de la Asociación se cortan las tucas, y en muchas ocasiones se ven camiones salir cargados de madera en tabla y en tuca, lo cual es prohibido, dado que el uso de la madera es solo para los indígenas, para hacer sus casas o sus muebles.

Las denuncias de Rocha van más allá y con documentos en mano muestra como la Asociación de Desarrollo y Conai visaron un plano a un no indígena de una propiedad que ya había sido pagada por el Ministerio de Hacienda, es decir, ya había sido comprada para que se convirtiera en parte de la reserva, y mediante ese documento se la devolvieron a la persona a quien el Estado se la había pagado.

“En la Reserva Kekoldi, el Ministerio de Hacienda compró la Hacienda Coyolar y Genaro Gutiérrez, quien hoy es el presidente del Conai le visó el plano de un no indígena para que fuera dueño de la finca otra vez”, denunció.
SE DEBE RESPETAR A LOS SIKUA

Rocha explicó que se debe respetar a los sikua, es decir, los blancos que son poseedores de tierra de buena fe porque la adquirieron antes que se convirtiera en reserva, pero no permitir los abusos que se dan como el pago de una propiedad por parte del Estado y luego devolvérsela al sikua.

En tanto critica la actuación completamente a la inversa de la Asociación con otro sikua, Carlos Saborío, quien es poseedor de un terreno en la zona, el cual dedica a la protección del bosque, pero la Asociación llamó a invadirla por parte de otros indígenas, lo cual significó la corta del bosque.

“La Asociación usurpó la finca para hacer ranchos de gente de diferentes comunidades, los llamaron por un programa de radio y les dijeron que vinieran a hacer sus ranchos, aunque tuvieran tierras en otras partes de la reserva, la mayoría son de más abajo y se vinieron a invadir la tierra”, denunció.

Curiosamente la finca con la cual colinda esta propiedad es de un blanco casado con una indígena –por lo que también habría sido blanco de invasión- pero no fue así, esos que son potreros, ni siquiera había que cortar árboles para construir, se respetaron. El porqué, es precisamente lo que cuestiona Rocha y entre las muchas críticas que hizo del funcionamiento de la Asociación las cuales implicaron que lo expulsaran.

Esa finca se encuentra en disputa en los tribunales de Bribrí, ya que Saborío reclama que sea desalojada por ser de su propiedad, de darle la razón, se estarían perdiendo no solo los ranchos levantados por los indígenas, sino dos casas construidas con el bono de la vivienda en lo alto de la montaña, una corresponde al representante local de la Comisión Nacional de Emergencias.

BANHVI ATADO DE MANOS

Consultado el jerarca del Banhvi, Ennio Rodríguez, sobre que controles se siguen en las zonas indígenas para otorgar el bono de la vivienda, explicó que deben regirse por la autonomía de estas comunidades.

“Al ser el terreno propiedad en forma colectiva y no individual, en el Registro de la Propiedad no hay segregaciones, según el convenio 169 de las Naciones Unidas sobre los derechos de grupos indígenas y tribales se garantiza la protección y autonomía de estas culturas, ellos tienen un autogobierno”, detalló.

Precisamente por ello, para saber si la persona es la propietaria de un terreno, debe llevar una especie de plano, que es más bien un croquis de la propiedad donde se construirá la casa, y debe ir con el visto bueno de la Asociación de Desarrollo.

“Quien certifica la parcela es la Asociación Indígena y nosotros no podemos decir si es así o no, se debe aceptar como buena la certificación y la ley es en el sentido de que tienen una forma de autogobierno”, enfatizó Rodríguez. Sobre si hay riesgo que se pierda esa inversión del Estado, destacó que esos terrenos generalmente no se expropian, sino se indemnizan pero que eso es materia del IDA o el Minae.

Lo que si hace el Banhvi es asegurar la calidad de los materiales y la construcción, el bono que se otorga en las tierras indígenas es de entre ¢4.200.000 y ¢4.500.000 ya que por la distancia y dificultades para llevar los materiales se encarece un poco más la solución.       
 
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