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Impugnan Plan Regulador de Isla Caballo
lunes, 02 de abril de 2007

Feunte: www.semanario.ucr.ac.cr.Por Eduardo Ramirez Flores.Los habitantes de Isla Caballo -en el Golfo de Nicoya- no quieren títulos de propiedad, grandes desarrollos turísticos, ni el Plan Regulador que no les fue consultado, sino que respeten su tradicional vida en torno a la pesca, que se les haga partícipes del desarrollo, y que se les permita mantenerse en lo que han sido sus tierras por muchos años.
Ellos alegan que el Plan Regulador fue aprobado entre 1996 y 1997 por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Municipalidad de Puntarenas, sin que para nada se les tomara en cuenta.

Por esta razón, una delegación de siete personas visitó el pasado 15 de marzo la Asamblea Legislativa, con el fin de conseguir apoyo de los diputados para que sea revocado el Plan Regulador y su reglamento de zonificación, el cual ven como una amenaza para la forma de vida y su permanencia en esa isla.

Los vecinos de Caballo consideran que el Plan Regulador es una herramienta de la que se pueden aprovechar los empresarios para convertir esta isla y otras del Golfo de Nicoya en grandes proyectos turísticos, apropiarse de sus tierras y expulsarlos de allí.

Cabe recordar que los habitantes de esta región insular libran desde hace varios años una lucha contra proyectos impulsados por legisladores del Movimiento Libertario, tendientes a dotarlos de títulos de propiedad, lo cual supuestamente les permitiría disponer legalmente de los terrenos, pedir créditos, construir infraestructura para el turismo y así mejorar su situación socioeconómica (véase "Islas del Golfo: Quieren turismo de bajo impacto y con participación comunal", en UNIVERSIDAD del 25-05-06).

La Constitución Política define las islas como territorios que no pueden salir de las manos del Estado y por eso no se pueden dar allí títulos de propiedad, sino únicamente concesiones o permisos de uso.

Ellos no han creído en los propósitos de los libertarios, pues piensan que el verdadero fin que persiguen dichos proyectos es que una vez con títulos de propiedad, los inversionistas aprovecharán el hecho de que no disponen de dinero suficiente para financiar las obras y se verán obligados a venderles sus tierras. Esto les obligaría a trabajar para los empresarios en labores de servicios o a marcharse a vivir a otros lugares.

Isla Caballo está habitada por unas 200 personas, agrupadas en 50 familias. Cuenta con dos escuelas y un "kínder". La mayor parte de su suelo está cubierto de bosques. No cuenta con conexión al sistema eléctrico nacional y el agua la extraen de pozos.

PLAN "DESTRUCTOR"


Con el apoyo de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), los mencionados siete moradores de Isla Caballo se presentaron en la antigua capilla del Colegio Sión, en donde se refirieron a la difícil situación socioeconómica que viven allí y a la incertidumbre sobre su futuro, amenazado por los alcances del Plan Regulador, al que consideran más bien "plan destructor".

Aunque a la actividad fueron invitados los 57 diputados, por simple casualidad solo asistieron de los partidos que se oponen al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos: Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio, y Acceso Sin Exclusión (PASE), así como la defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, y el defensor adjunto, Daniel Soley.

Pedro Velásquez, con 35 años de vivir en esa isla, narró las dificultades que enfrenta desde el 8 de agosto del año pasado, cuando representantes de la Municipalidad de Puntarenas y de la Fuerza Pública llegaron a bordo de una embarcación de la Base Naval a destruir su humilde vivienda, en cumplimiento de una orden judicial por infringir la ley de Zona Marítima-Terrestre (ZMT) y vivir junto a la playa.

Al ocurrir eso él se encontraba vendiendo pescado en Puntarenas y al regresar encontró todas sus pertenencias quemadas, incluido un colchón en el que guardaba ¢2 millones ahorrados para comprar un nuevo motor a su panga. Desde entonces vive entre algunas láminas de techo que logró rescatar.
Otro con una situación parecida es David Jiménez Obando (y otras dos personas), quien al intentar exponer su caso se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas le impidieron continuar. David fue acusado también por infracción a la ZMT, por lo que debe acatar una serie de medidas que le impuso un juzgado de Puntarenas.

En una carta entregada en octubre pasado a los legisladores, los vecinos de Caballo les pidieron ayuda para que gestionen ante el ICT, el INVU y la Municipalidad de Puntarenas la revocatoria del Plan Regulador, para el cual "nunca fuimos debidamente consultados por los proponentes".

Para estas personas, dicho plan "atenta contra nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestra calidad de vida. No respeta nuestra vida en comunidad; por el contrario: amenaza con desintegrarnos, enajenarnos y empobrecernos". Además, se plantean usos de la tierra contrarios a los preceptos de preservación del bosque.

SIN CONSULTA

La defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, se comprometió a intervenir a favor de los isleños y para eso ella -acompañada por varios de sus funcionarios- ya visitó Caballo a finales de febrero pasado.

Quesada dijo que gestionará las medidas legales necesarias en torno al Plan Regulador "que alguien se sacó de la manga en San José o en otro lugar", ya que este no fue consultado a los lugareños y no representa los intereses de estas personas. Buscará la realización un nuevo estudio con la Universidad de Costa Rica o la Nacional en Heredia.

Vale mencionar, que de acuerdo con un acta redactada por funcionarios del municipio puntarenense en 1996, dos representantes del ayuntamiento y una abogada de la sociedad anónima Playa Culzer se reunieron con ocho habitantes de la isla en lo que se supone que fue la audiencia pública para dar a conocer el Plan Regulador.

Les dieron 30 minutos para que estudiaran el documento y reanudaron la sesión para atender sus consultas. Según el acta, "no habiéndose presentado oposiciones técnicas o legales de manera verbal o escrita", se da por terminada la reunión 45 minutos después.

Todos los diputados que acudieron a la actividad con los isleños, les ofrecieron su apoyo para eliminar el cuestionado plan, el cual "los quiere meter en un campo de concentración", advirtió el diputado José Merino, al referirse a la disposición reguladora que concentraría a los pobladores de Caballo en un espacio de aproximadamente dos y media hectáreas (unos 125 metros cuadrados para cada uno).

Por su parte, el parlamentario Alberto Salom clamó para que la isla sea para sus habitantes, quienes deben explotarla de manera sostenible.

Mientras tanto, la legisladora Andrea Morales fustigó el hecho de que en la Asamblea Legislativa haya diputados como los del Movimiento Libertario, que no defienden a sus representados y más bien promueven proyectos para supuestamente darles títulos de propiedad y que en el fondo buscan que se las vendan a empresarios. Esto es un anuncio de lo que será el país con el TLC, advirtió por su lado la diputada Nidia González.

Respecto a proyectos empresariales por desarrollar en Isla Caballo, aparecen algunos que han tenido como representantes a figuras del actual Gobierno, entre ellos la viceministra de Transportes: Viviana Martín, y el viceministro de Economía, Industria y Comercio: Jorge Woodbridge (véase "Islas del Golfo de Nicoya: Quieren turismo de bajo impacto y con participación comunal", edición del 25-05-06).

Consultados ambos por este Semanario el año pasado, detallaron que gestionaron -como consultores- sin resultado positivo algunas concesiones para firmas que los contrataron, y después se desligaron de estas, sin que en la actualidad tengan algo que ver con proyectos vinculados a las islas del Golfo de Nicoya.
 
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