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Alerta roja en Puerto Viejo de Talamanca
jueves, 12 de junio de 2008

 

Rosa Díaz Quesada del Comité Unido por Talamanca- Caribe Sur” Ayer una representación del se presentó ante la secretaría  de la Comisión de Turismo, de la asamblea legislativa, donde se estudia el proyecto de ley que pretende modificar la ley de marinas, para entregar documento amparado con más de 200 firmas donde se plantea formal oposición a dicho proyecto.

Este grupo, constituido principalmente por vecinos de Puerto Viejo de Talamanca surgió  a raíz de  la oposición de este pueblo a la construcción de una marina en esta  Comunidad.

 

El grupo considera que resulta arbitrario pretender incluir dentro de la corriente legislativa un proyecto de ley de Marinas que concede mayores beneficios a los empresarios, mientras existe una clara oposición en el  Pueblo de Puerto Viejo, y otras comunidades del país sobre la posible construcción de  marinas en sus comunidades.

 
Afirman que dicho proyecto no ha sido consultado a las comunidades costeras, que en este momento se ven amenazadas con la posible instalación de marinas tanto en el Pacífico como en el Caribe y que si bien es cierto los legisladores que proponen el proyecto de ley se han informado sobre los beneficios para los empresarios, consideran que no se han informado lo suficiente sobre los daños producidos a nuestras comunidades, esto los ubica en clara desventaja legal con respecto a los empresarios, según plantean en la carta.

 
La nueva ley otorgaría más facilidades a los empresarios como lo señala la Nación del día 26 de mayo

 
El proyecto de ley extiende de 20 a 35 años concesión de marinas

 
También establece un mínimo de 15 años y prórrogas por períodos de 10 años cada uno en vez de los cinco establecidos en la legislación vigente.

 

Otorga concesión temporal con visto Bueno de  CIMAT, mientras Setena da visto bueno ambiental. Con esa autorización adelantan trámites mientras Setena resuelve el estudio de impacto ambiental, que tarda varios meses.

 
En la opinión del grupo, este último cambio le otorga derechos adquiridos a los inversionistas sobre bienes públicos de todos los y las costarricenses como el mar y la zona marítimo terrestre, cuando todavía no han demostrado la viabilidad ambiental de sus proyectos. Aunque digan que si después la SETENA rechaza el estudio de impacto ambiental se les revocará la concesión, lo cierto es que al tener ya una concesión cuentan con una poderosa arma para presentar millonarias demandas contra el país, alegando que se les está afectando sus derechos adquiridos si con posterioridad esa concesión es revocada.

 
Para el grupo esto es muy grave en el contexto de la aprobación del TLC con Estados Unidos, porque ese tratado permite que los inversionistas extranjeros demanden a Costa Rica ante tribunales internacionales privados cada vez consideren que alguna decisión pública incumple contratos de concesión que les otorgan derechos sobre los recursos naturales. Con la ley actual no pueden demandar al país por esta vía si la SETENA les rechaza el estudio de impacto ambiental, porque hasta que este estudio no se apruebe no tienen concesión alguna. Sin embargo, con la reforma que se discute en la Asamblea sí podrán presentar este tipo de demandas si se les revoca la concesión

 
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