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Acceso al agua, derecho humano
martes, 10 de junio de 2008
Esteban Monge Flores de CEDARENA en página abierta. Reconocer el derecho humano de acceso al agua (art. 2 a.) y establecer que las concesiones de agua para abastecimiento de la población sólo serán otorgadas al AYA, incluyendo a las ASADAS-, las Municipalidades o las empresas públicas reguladas por ley especial (art. 48) son dos de las virtudes del Proyecto de Ley de Recurso Hídrico No. 14585, dictaminado afirmativamente por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa en abril de 2005.
Lo que dicho proyecto hace es atender lo planteado por la Observación No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por un informe de la Comisión de Derechos Humanos, ambas, instancias de la ONU.

 
Derecho fundamental. El Comité señala que el acceso al agua es un derecho fundamental, el cual debe ser reconocido por los Estados en su legislación interna, y la Comisión insta a los estados miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio (OMC) a considerar las consecuencias que en materia de derechos humanos acarrearía la liberalización del comercio de servicios, especialmente de salud, educación y abastecimiento de agua.

 
Pese a esto, el pasado 7 de mayo, el ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, dio a conocer una propuesta de proyecto de ley, el cual, de ser presentado a la Asamblea Legislativa, vendría a sustituir al proyecto dictaminado en el 2005. En la propuesta del actual gobierno no se reconoce expresamente el derecho humano de acceso al agua, sino que sólo se establece que el Estado resguardará “el derecho al acceso de las fuentes de agua” (art. 2 c.), sin que se diga si éste es un derecho humano y, como tal, universal.

 
El Gobierno ha negado que se vaya a privatizar el agua o los acueductos, la pregunta es: ¿por qué entonces en el proyecto de ley no se reconoce expresamente el derecho humano de acceso al agua?

Lo que se debe garantizar es el derecho de acceso al agua, y no el derecho de acceso “de” las fuentes de agua. Así, la propuesta del gobierno hace caso omiso a lo planteado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Pero esto no es todo, ya que la propuesta del gobierno, en sus artículos 7 y 8, establece la posibilidad de que operadores privados presten servicios públicos con insumo el agua -sin excluir ningún servicio-, con lo que desatiende la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

 
La experiencia a nivel mundial ha mostrado cómo la liberalización del mercado de servicios de abastecimiento de agua es una de las formas más efectivas de violentar el derecho humano de acceso al agua. Ahondar en la discusión sobre la conveniencia de privatizar este servicio es algo que supera en mucho el objetivo y la extensión de este artículo; lo importante es indicar que, en reiteradas ocasiones, las autoridades del Gobierno han negado que en el país se vaya a privatizar el agua o los acueductos. La pregunta que surge entonces es: ¿por qué en su propuesta de proyecto de ley el actual gobierno no reconoce expresamente el derecho humano de acceso al agua, y sí permite la existencia de operadores privados del servicio de abastecimiento de agua potable?

 

 
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