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Entre dos aguas (o visiones en torno a la gestión del recurso hídrico)
miércoles, 04 de junio de 2008

 

Por Esteban Monge Flores Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) Finalmente, el pasado 7 de mayo el Ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, dio a conocer a diversos sectores de la sociedad la propuesta de ley que el gobierno pretende presentar a la Asamblea Legislativa como texto sustitutivo del Proyecto de Ley de Recurso Hídrico (Exp. 14585) dictaminado afirmativamente en abril de 2005.  El texto dictaminado, si bien es un texto que puede mejorarse, posee desde la óptica de  quienes consideramos que el país debe implementar un modelo de gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua una serie de virtudes que nos llevan a respaldarlo.

Desde que la actual administración inició funciones, en el año 2006, el tema del agua pasó a un segundo plano dentro de la agenda legislativa, en parte porque la misma se centró –porque así lo quiso el Ejecutivo- en la tramitación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana y de sus leyes de implementación; pero también porque a nivel interno del MINAE se estaba redactando, dentro de cierto secretismo, el texto presentado el 7 de mayo.q

Durante ese tiempo, y ante la falta de voluntad del gobierno para hacer que la tramitación del Proyecto de Ley 14.585 avanzara, las organizaciones que venían dándole seguimiento al proceso de elaboración y tramitación del mismo desde el año 2001, conscientes de la necesidad de que el país cuente lo antes posible con un nuevo marco legal e institucional para la gestión del recurso hídrico, tomaron la decisión de articularse en la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, así como apostar por el mecanismo de la iniciativa popular (Ley de Iniciativa Popular, No. 8491) y recolectar 135 mil firmas con el fin presentar a la Asamblea Legislativa un texto similar al dictaminado afirmativamente en abril de 2005, con la ventaja de que, si el proyecto es presentado por esta vía, los diputados y diputadas deben votarlo en un plazo no mayor a dos años, salvo que en período de sesiones extraordinarias el Ejecutivo no lo convoque, caso en el que el cómputo de los dos años se suspende (Art. 6 Ley de Iniciativa Popular).  El proceso de firmas, con la presentación de la propuesta del MINAE, no se suspende.  Al contrario, continúa con más fuerza,  esto por las diferencias que existen entre ambos textos en temas que son estratégicos y porque la única forma en que las organizaciones que conforman la ANDA tienen garantizado que el texto que conocerán los diputados y diputadas sea el que responda a su visión.

Si bien el texto presentado por el Ministro depura algunos aspectos que no estaban aún afinados en el proyecto dictaminado en abril de 2005,[1]   existen tres aspectos medulares en los que la ANDA plantea objeciones al mismo:  el no reconocimiento expreso del derecho humano de acceso al agua, la habilitación para que el servicio de abastecimiento de agua potable lo presten entes operadores privados y el papel nulo que se le da a los consejos de cuenca en materia de toma de decisiones. 

 

El reconocimiento del derecho humano de acceso al agua y la liberalización del comercio de servicios de abastecimiento de agua potable.

 

El reconocimiento de este derecho es uno de los elementos más progresistas que contiene el proyecto de ley dictaminado afirmativamente.  A nivel mundial, desde hace varios años se viene desarrollando una discusión en la que se plantea la necesidad de reconocer que el acceso al agua es un derecho humano fundamental.  Tan es así que, en noviembre de 2002, el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General No. 15 sobre el derecho al agua, en la que señala que el acceso al agua es un derecho fundamental, y que el agua es un bien social y cultural, y no sólo una mercancía económica.  Dicha declaración tiene como fundamento un informe divulgado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el cual “insta a los estados miembros de la OMC a considerar las consecuencias que en materia de derechos humanos acarrearía la liberalización del comercio de servicios, especialmente de la salud, educación y el agua”[2]

 
En este sentido, el Proyecto de Ley dictaminado afirmativamente en el 2005 reza en su artículo 2 inc. a: Derecho Humano de acceso al agua.“El acceso al agua en condiciones de cantidad y calidad adecuadas es un derecho humano, indispensable para satisfacer necesidades básicas del ser humano”.  Mientras, la propuesta del gobierno lo que indica es que “El Estado velará por el aprovechamiento, uso sostenible de recurso hídrico, resguardando el derecho al acceso de las fuentes de agua de las generaciones presentes y futuras, en armonía con los ecosistemas” (Art. 2 inc. c.).  Es decir, el Proyecto 14585 es más contundente en el reconocimiento de ese derecho, mientras que la redacción del artículo 2 inc. c. de la propuesta del gobierno es bastante confusa, pues el reconocimiento, tal y como lo indica el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no es del derecho al acceso de (¿?) las fuentes, sino de acceso al agua, sea accesando directamente a las fuentes o sea accesando al recurso como usuario del servicio público de abastecimiento de agua potable.

 
De ahí que resulte sospechoso que el texto del Ministro, por un lado, no reconozca expresamente el derecho humano de acceso al agua y, por otro lado, en sus artículos 7 y 8 hable de “operadores públicos y privados de gestión sectorial o multisectorial que prestan un servicio público con insumo el agua”, sin excluir ningún servicio, ni siquiera el de abastecimiento de agua potable.  En cambio, el texto dictaminado afirmativamente en abril de 2005 contiene un artículo –el 48- que establece, entre otras cosas:  “Las concesiones destinadas al abastecimiento de población y alcantarillado sanitario solo podrán ser otorgadas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de conformidad con la ley No. 2726 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 14 de abril de 1961, a las Municipalidades o a las empresas públicas reguladas por ley especial.”  Con este artículo se pretende cerrar el portillo para la privatización del servicio de abastecimiento de agua potable.

 
Ahondar en la discusión sobre la conveniencia o no de privatizar este servicio es algo que supera en mucho el objetivo de este artículo, sin embargo, lo importante es indicar que en reiteradas ocasiones se ha indica por parte de las autoridades del actual gobierno que en el país el agua no se va a privatizar el agua o los acueductos.  Esto fue así durante la campaña a favor del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana.  Pero también lo están señalando en estos días, en el marco del conflicto por el agua que tiene lugar en Sardinal, Guanacaste .

 

La participación ciudadana como mecanismo para garantizar la gestión socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua.

 
En la teoría más avanzada de gestión integrada del recurso hídrico, uno de los elementos más importantes para esa gestión es el de la participación de los diferentes actores que necesitan del recurso para satisfacer sus necesidades y para realizar sus actividades.  El agua es un recurso indispensable para la vida, por lo cual su uso para consumo humano debe ser prioritario.  Sin embargo, el agua tiene otros usos:  industrial, agrícola, recreativo, etc.  Todos esos usos deben hacerse de forma racional, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible.  Es decir, debe garantizarse un acceso equitativo al agua por parte de todos los actores y debe garantizarse que ese uso no vaya a afectar los equilibrios ecosistémicos.  La mejor forma de asegurar esto es involucrando a todos los actores sociales en la gestión del agua, gestión que abarca desde la generación de las condiciones necesarias para que exista agua en cantidad suficiente y de óptima calidad hasta el momento de su utilización, ya sea como insumo para actividades humanas o como depósito de residuos producidos por las mismas.

 
En este sentido, ambos proyectos crean instancias de participación de los diferentes sectores, donde los mismos tendrán que ir aprendiendo nuevas formas de interacción que permitan tomar decisiones que garanticen un adecuado manejo del recurso hídrico.  Esto implica una nueva cultura política y una cultura del agua.  En el caso de la propuesta del gobierno, esas instancias son el Consejo Consultivo del Sector Hídrico y los Consejos de Cuenca de Unidad Hidrológica (art. 12 y ss.),  mientras que en el Proyecto 14.585 esas instancias son el Consejo Nacional del Recurso Hídrico y los Consejos de Cuenca. 

 
En este tema, las diferencias que más inquietan entre el texto del Ministro y el dictaminado en abril de 2005 son:

 
En el texto del MINAE son menos los actores que tienen representación en el Consejo Consultivo.  En este sentido, se excluye a instituciones como el     Ministerio de Salud, el MAG, el MIDEPLAN, el MOPT, el ICT, INFOPESCA, el     INVU, el IDA, las municipalidades, el Consejo Nacional de Rectores, así     como a los siguientes sectores:      agropecuario, industrial, ambientalista, comunal, ASADAS,  y Forestal.  Preocupa que en una instancia que     se había pensado para lograr cierta coordinación entre los diferentes     sectores de la sociedad cuyo accionar tiene efectos en la gestión del     agua, quede reducida en cuanto a su conformación a unas cuantas     instituciones (MINAE, AYA, SENARA, ICE) y a 4 representantes de otros     sectores (un representante de las otras instituciones operadoras del     servicio público hídrico, un representantes del sector académico, un     representante de ONG vinculadas con el tema y un representante del sector     productivo).  Y más     preocupante es aún que los representantes de estos cuatro sectores sean,     finalmente, escogidos por el mismo Ministro (Art. 13).

 
En cuanto a los Consejos de Cuenca, la propuesta del     Ministro implica una disminución de la capacidad de toma de decisiones que     significaría acoger la propuesta del Ministro.  En este sentido, en el proyecto dictaminado     afirmativamente en abril de 2005, a los Consejos de Cuenca se les da la     facultad de aprobar o improbar el orden jerárquico de usos del recurso     hídrico en sus respectivas unidades hidrológicas, así como el proyecto de     Plan Hídrico Regional elaborado por la Dirección Nacional del Recurso     Hídrico mediante el Organismo de Cuenca respectivo –es decir, una oficina     de la Dirección Nacional que se ubicará en cada unidad hidrológica.  En la propuesta del gobierno, los     Consejos sólo hacen recomendaciones.      Además, en el proyecto 14585, los Consejos tienen competencia para     “pronunciarse de manera fundamentada sobre las solicitudes de     autorizaciones, concesiones o permisos de uso del recurso hídrico y sobre     las respectivas solicitudes de prórroga”.  Esto permitiría que evitar conflictos como el que se     dio entre las comunidades de la costa de Santa Cruz con el Hotel Meliá     Conchal y el Estado, o el de las comunidades de Sardinal con los proyectos     hoteleros y el Estado, o al menos permitiría que las comunidades puedan     pronunciarse antes de que el conflicto estalle.

 
Enfoque ecosistémico y legislación ambiental

 
Otros temas en los que la propuesta del actual gobierno se diferencia del proyecto de ley dictaminado en el 2005 son: 

 
a.         La despenalización de los daños a las áreas de protección.  En el proyecto dictaminado en el 2005, el artículo 164 establece: “Será reprimido con pena de prisión de dos a seis años el que elimine árboles o vegetación en áreas de protección del recurso hídrico definidas en esta ley. Igual pena se impondrá a quien, sin autorización, provoque incendios, deslizamientos de tierra, realice construcciones o actividades prohibidas que dañen los recursos naturales en estas áreas.”   Esta disposición es eliminada en la propuesta del gobierno. 

 
b.         La propuesta del gobierno plantea la derogatoria del artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual establece: “Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de agua marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas.”

 
A modo de conclusión

 
Con estos elementos, podemos poner en una balanza los dos textos que actualmente están sobre la mesa y que pretenden establecer las reglas del juego para la gestión del agua en el país.  Uno ya ha recorrido camino al interior de la Asamblea Legislativa, el otro aún no ha sido presentado al congreso para su conocimiento y tramitación.  Ambos coinciden en aspectos como los grandes temas que deben estar contenidos en una ley de aguas. Sin embargo, hay diferencias de contenido que evidencian la existencia de dos visiones distintas en cuanto al modelo de gestión del agua que debe implementarse en nuestro país.  Por nuestra parte, como organizaciones que trabajamos desde la sociedad civil en pro de una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua, seguiremos  intentando incidir desde los espacios dentro de los cuales nos movemos y con las herramientas con que contamos.  La iniciativa popular es la que más garantías nos da.

 

De ahí la importancia de que más organizaciones, actores, ciudadanos y ciudadanas conscientes se unan al proceso de recolección de firmas, como una forma de garantizar que el proyecto que conocerán, tramitarán y votarán los diputados y diputadas reconozca el derecho humano de acceso al agua, impida la privatización de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, promueva una gestión participativa del recurso, donde las decisiones se tomen democráticamente, y no desmejore la legislación ambiental vigente o las disposiciones que para la protección del recurso hídrico contiene el proyecto dictaminado en abril de 2005, sino que más bien las consolide y fortalezca.

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[1] <#_ftnref1>  Por ejemplo, en lugar de hablar de unidades hidrográficas, habla de unidades hidrológicas, término más correcto desde el punto de vista técnico.  Otro ejemplo es la redacción del principio relacionado con la participación de las mujeres y los jóvenes en la gestión del recurso.

[2] <#_ftnref2>  KESSLER, Tim.  “Del contrato social a los contratos privados: la privatización de la salud, la educación y la infraestructura básica”, en “Informe Social Watch 2003:  Los pobres y el mercado”, Social Watch/Control Ciudadano, Montevideo, 2003, p.12.

 
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