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Solo 500 guardaparques protegen bosques y refugios
viernes, 23 de mayo de 2008

Áreas silvestres protegidas expuestas a cacería, tala e invasiones

 

Cada funcionario tiene a su cargo 2.654 hectáreas: 37 veces La Sabana.oficiales enfrentan largas jornadas, bajos salarios y desarraigo

 

nacion.com Apenas 500 guardaparques son los responsables de evitar la tala de los bosques protegidos, la caza de animales en riesgo de extinción y la invasión de áreas silvestres protegidas que representan el 26% del territorio nacional.

 

Estos funcionarios se reparten 1,3 millones de hectáreas de parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, humedales y reservas forestales.

 

Si pudiera dividirse ese 26% del territorio nacional, cada guardaparque tendría a su cargo un total de 2.654 hectáreas, el equivalente a 37 veces el Parque Metropolitano La Sabana.

 

Los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) también lidian con los bajos salarios y el desarraigo.

 

En promedio, cada guardaparques gana ¢244.000 mensuales y tiene jornadas de 20 días seguidos de trabajo sin descanso.

 

Quienes trabajan en áreas lejanas como la Reserva Absoluta Cabo Blanco o Corcovado (ambas ubicadas en Puntarenas) deben viajar un día entero para regresar a sus hogares.

 

Pero sus penurias no acaban allí. Ellos también lidian con el abandono de las instalaciones de los parques, la falta de vehículos, pocos uniformes y la escasa preparación sobre manejo de armas.

 

A pesar de que en el 2005 un estudio de la organización The Nature Conservancy determinó que el país necesitaba 888 guardaparques más, en los últimos dos años la Autoridad Presupuestaria solo autorizó 12 plazas nuevas.

 

“En seguridad ciudadana el país está incorporando a 1.000 policías por año, pero no hemos tenido la misma suerte con los guardaparques.

 

“Hay que darle importancia a la seguridad ciudadana, pero también a la seguridad ambiental”, se quejó Marco Vinicio Araya, gerente del Sinac.

 

Las cosas están peor. Hace cinco años cada guardaparques tenía a su cargo 1.900 hectáreas; hoy esa cifra subió a 2.654 hectáreas.

 

Para Marco Vinicio Araya, del Sinac, dicho incremento se debe al aumento en la cantidad de áreas protegidas.

 

El guardaparques tiene que dividir su tiempo entre la protección y cuido de las áreas, el trabajo administrativo y la atención a los visitantes.

 

Vivo ejemplo son los funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central, la cual resguarda entre otros, a los Parques Nacionales Manuel Antonio, Carara, La Cangreja y Los Quetzales.

 

Con apenas 17 funcionarios, Luis Quirós, director del Área, debe vigilar a los 300.000 personas que visitan Manuel Antonio año. Además, el 88% de la flota vehicular está descompuesta.

 

Aunque el parque genera ¢1.000 millones al año, el dinero va a un fideicomiso central.

 

A cambio, reciben un presupuesto de ¢75 millones que no alcanza para darle mantenimiento a los carros ni reparar las casas de los guardaparques.

 

Otro problema que enfrentan es que como las compras de papel higiénico y equipos de limpieza se coordinan desde la proveeduría central del Sinac, en San José, mucho del presupuesto anual no se ejecuta por atrasos en los procesos.

 

Araya reconoce que esta es una lucha de años, pero sostiene que su objetivo es promover cambios, entre ellos que en el 2009 haya proveedurías regionales.

 

Este año, el Sinac podrá gastar ¢3.000 millones más (el Gobierno subió su presupuesto a ¢19.000 millones) en salarios y combustible. Sin embargo, el dinero no alcanza para nuevas plazas.

 

Marco Vinicio ArayaGerente del Sistema de Áreas Protegidas

 

Sin dinero para más vigilancia

 

¿Cuántos funcionarios tienen para el resguardo de las áreas protegidas?

 

Los datos estadísticos siempre varían por pensión, traslado o removidos. En este momento hay 512 funcionarios que trabajan directamente en control y protección, atención al público, educación ambiental y turismo.

 

¿Por qué hay tan pocos?

 

El salario de un guardaparque es similar al de un policía raso, además hay mucho desarraigo. En los dos últimos años tenemos solo 12 plazas nuevas.

 

¿Cuál es su propuesta para resolver el faltante?

 

Nosotros deberíamos incrementar 100 guardaparques anuales para poder trabajar el tema de cacería ilegal, el crecimiento del turismo incontrolado y la explotación ilegal en la zona marítima terrestre. Hacienda nos levantó el tope presupuestario que pasó de ¢1.500 millones a ¢3.000 millones para infraestructura, vehículos y combustibles.

 

¿Alcanza para más plazas?

 

No.

 

¿Qué otra propuesta tiene?

 

Hay proyectos en la Asamblea Legislativa...

 

¿Y?

 

La gente (los diputados) nos escucha pero no hemos obtenido respuesta.

 

Falta de personal facilita tala en reserva

 

San Ramón. La apertura ilegal de un camino, la cría de ganado y las plantaciones clandestinas de frijol provocaron la deforestación de seis hectáreas de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, en San Ramón.

 

Dicha área protegida está bajo administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) y cuenta con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae).

 

En el sitio no hay guardaparques, solo un oficial que no tiene capacidad para vigilar las 9.800 hectáreas del área protegida.

 

En marzo pasado, funcionarios de ambas dependencias realizaron un recorrido para atender denuncias y se encontraron una cuadrilla de trabajadores con maquinaria a más de un kilómetro adentro de la reserva.

 

De acuerdo con José Antonio Salazar, administrador de la reserva por parte del Minae, los operarios estaban abriendo un camino hacia Cidral de Miramar.

 

“Además de la maquinaria se encontró la apertura de un tajo para extraer material, ninguno contaba en ese momento con permiso”, explicó el funcionario.

 

Posterior al hallazgo, las autoridades de la UCR recibieron una nota de la Municipalidad de Montes de Oro, Puntarenas, con fecha del 26 de marzo, donde se autorizaba la apertura del camino.

 

“Es una nota con terminología vaga que solo indica la extensión del camino, no cuenta con permisos de Setena ni estudio de impacto ambiental, viola las leyes del patrimonio natural del estado”, agregó Salazar.

 

Problema. Las 7.800 hectáreas de la reserva biológica aún no están inscritas, existen 90 planos iguales inscritos a nombre de diferentes personas, pero en 1990 fueron censados únicamente 12.

 

“La existencia de un camino atenta contra los recursos y permite ingreso de extractores (cazadores, taladores), además de propiciar el cambio de uso del suelo”, aseveró Salazar.

 

Rónald Sánchez, director de la reserva por parte de la UCR, también expresó su malestar.

 

“La reserva no ha tenido la atención que debiera, por su ubicación y los beneficios que da al país. Aportamos gran cantidad de agua para los proyectos hidroeléctricos y oxígeno, la gente no ha entendido qué es conservación, ni cambio climático”, enfatizó.

La situación fue denunciada ante la Fiscalía, la cual realizó una inspección el 7 de abril junto a representantes de la Procuraduría, UCR y Minae.

 

Narcotráfico y cacería bordean a Tortuguero

 

nacion.com La falta de guardaparques facilita la circulación de cazadores armados y el trasiego de drogas en los desprotegidos canales del Parque Nacional Tortuguero, en el Caribe costarricense.

 

El director del Área de Conservación Tortuguero (ACTo), Luis Rojas, acepta que 25 funcionarios son insuficientes para proteger 80.000 hectáreas del parque.

 

La escasa vigilancia facilita ambas actividades ilegales y pone en la primera línea de riesgo a los guardaparques, quienes en su mayoría no tienen armas ni conocimiento policial.

 

El parque genera recursos suficientes para contratar a más personal, pero el dinero recaudado entra a una cuenta única del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

 

“A mí me preocupa tener plata pero no tener gente, es como tener una casa grande pero no tener cómo mantenerla”, se quejó Rojas.

 

Indicó que los 25 funcionarios de Tortuguero son “polifuncionales” trabajan horas extra sin que se las paguen y constantemente deben repartir su tiempo en otras labores, como denuncias por tala, atención al público y trámites administrativos.

 

El Área de Conservación Tortuguero también tiene a su cargo las 80.000 hectáreas del Refugio Barra del Colorado, donde la población de funcionarios es todavía menor.

 

“Es el refugio más grande del país y apenas tenemos tres guardaparques”, dijo Rojas.

 

Rojas estimó que el Área necesita al menos 15 guardaparques más para labores de protección y de control.

 

 
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