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Municipalidad de Guácimo cedió ante piñeras
viernes, 25 de enero de 2008

No se acatan órdenes de cierre

Javier Córdoba Morales en Semanario Universidad  Muy rápido cambió el Concejo Municipal de Guácimo su criterio sobre la expansión del cultivo de piña al sur de la carretera 32 (vía hacia el puerto de Limón), lugar rico en mantos acuíferos.

Lo anterior por cuanto el pasado 3 de julio el Concejo acordó por unanimidad prohibir el otorgamiento de licencias y permisos de uso de suelo, para establecer actividades agrícolas o de agroindustria del cultivo de piña o cualquier monocultivo.

 

Sin embargo, el acuerdo no cumplió ni seis meses de aplicación, cuando a solicitud de la empresa de exportación Frutex S.A. ese ayuntamiento lo derogó, en una votación de tres regidores a favor y dos en contra.

La decisión provocó malestar entre algunas organizaciones y grupos de vecinos de la zona, quienes desde hace meses luchan por paralizar la operación de la piñera Agroindustrial Tico Verde S.A. -en la zona de La Perla de Guácimo-, la cual ha contaminado los cuerpos de agua del lugar.

Marielos Jiménez, abogada que colabora con los vecinos de esa comunidad en su lucha contra las piñeras, explicó que la derogatoria significó acabar con un gran logro a favor de la conservación de los recursos con que cuenta la zona sur del cantón.

Este sector, en el que se ubican los distritos de Guácimo, Pocora y Mercedes, cuenta con gran cantidad de ríos y mantos acuíferos que son aprovechados por acueductos rurales para atender a la población.

"Pero no solo es un problema de conservación del agua, sino que también hay cartas del Museo Nacional en las que muestran su preocupación por la extensión del cultivo de la piña en una zona que es rica en restos arqueológicos", comentó Jiménez.

A las comunidades cercanas les preocupa no solo la severa erosión que produce en el suelo el cultivo de la piña, sino también la contaminación facilitada por la fuerte inclinación de las pendientes en las que se ha cultivado esa fruta.

Hugo Vindas, vecino de La Perla y uno de los principales activistas en la defensa del agua de su comunidad, comentó que se realizan esfuerzos para reunir a las asociaciones de otras poblaciones, en un foro donde se informe a las personas de las realidades y consecuencias de esos cultivos.

La regidora del Partido Acción Ciudadana en Guácimo, Erlinda Quesada, una de las principales acompañantes de la comunidad en este proceso, resaltó la importancia de informar sobre las acciones que se están tomando.

"No nos dan temor las manifestaciones del señor alcalde y de las piñeras, en cuanto a que si las piñeras se van la gente se queda sin trabajo. Sabemos que la producción de piña no va a ser eterna, que tiene un límite y que está llegando al tope. Cuando llegue al tope van a comenzar a recortar personal, y no queremos que vayan a decir que somos nosotros los culpables de que las empresas se vayan; queremos informar a la gente", destacó Quesada.

En el caso de la piñera Tico Verde, Quesada comentó que la empresa hizo desfilar a sus empleados ante el Concejo bajo ese mismo argumento; como si la comunidad tuviese que dar una solución a "la irresponsabilidad de la empresa".

Ante la revocatoria del acuerdo, los vecinos presentaron otra revocatoria al acuerdo municipal de diciembre, pues tanto Quesada como Jiménez aseguran que los miembros de este órgano municipal actuaron así, por temor a las demandas con las que amenazaron las piñeras al argumentar sus recursos de revocatoria.

TICO VERDE NO HA CERRADO

UNIVERSIDAD informó el año anterior de la situación de la empresa piñera Tico Verde, la cual operaba sin tener la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Los vecinos de La Perla de Guácimo han buscado por todas las vías que se paralice la operación de esta empresa, la cual -de acuerdo con criterios de la propia SETENA- ha puesto en riesgo la salud en la zona, ya que al sembrar estas plantas en pendientes montañosas, la inclinación facilita el traslado de los agroquímicos a los cuerpos de agua cercanos.

Sin embargo, la principal preocupación de los vecinos radica en el hecho de que el acueducto rural de La Perla pasa por el centro de la finca piñera, y la operación de esta ha provocado numerosas rupturas a las tuberías, por las cuales se teme que haya filtración de agroquímicos.

Luego de dos resoluciones en las que la SETENA mandó a cerrar la finca de Tico Verde, en diciembre pasado la entidad emitió una tercera resolución, en la cual se dio a la empresa  4 meses para sacar todo el producto.

Este cierre técnico ha causado la molestia de la comunidad, pues en su criterio ni la Municipalidad de Guácimo, ni la SETENA, ni el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), han cumplido con su deber de cerrar un proyecto cuya problemática fue verificada por estas autoridades hace meses.

Marielos Jiménez dijo que ante la falta de acción de las autoridades, que debieron cerrar la finca desde septiembre pasado, la comunidad ha decidido emprender acciones legales.

"Las comunidades están molestas y han decido interponer un juicio ordinario agrario de daños y perjuicios contra las piñeras, el Ministerio de Salud y el MINAE. También una demanda penal por incumplimiento de deberes contra la SETENA y demanda por incumplimiento contra Tico Verde por no acatar una orden, así como un recurso de amparo por incumplimiento de deberes por parte de la Municipalidad de Guácimo, ante la Sala Constitucional", precisó la abogada.

MAL PROCEDIMIENTO

Los vecinos también se mostraron molestos por la actuación de la Municipalidad de Guácimo, la cual ya había retirado la patente a la piñera, pero ante la resolución de la SETENA extendieron el permiso hasta abril.

Los representantes comunales argumentan que de acuerdo con la normativa, una patente no se puede otorgar a una empresa que no cuenta con la viabilidad ambiental, y en el caso de Tico Verde, el municipio ni siquiera derogó el acuerdo en el que retiró la patente.

El alcalde de Guácimo, Gerardo Fuentes, aseguró a que el permiso se extendió para "no obstaculizar la ejecución de la ley", pero que la responsabilidad de la decisión es del Concejo Municipal.

UNIVERSIDAD preguntó al funcionario por qué se otorgó la patente de funcionamiento a un proyecto que nunca contó con la viabilidad ambiental. Fuentes admitió que se trató de un error administrativo.

"Cuando a mí me pasan patentes son cerros de papeles y yo tengo que firmarlas. Cada uno tiene su responsabilidad; cuando a mí me pasan los documentos es porque son reales y correctos. Si aquí algo sucede, me achacan que yo soy el responsable; pero, también hay responsabilidad de otros funcionarios", alegó Fuentes.

El alcalde aseguró que la comunidad se encuentra ante una disyuntiva, pues si bien reconoce la necesidad de conservar los recursos naturales que abundan en el cantón, también es necesario brindar alternativas de empleo a los habitantes.

"El problema no es tanto matar esto; a mí que me digan: quitamos las piñeras, pero pongamos esto. Porque, por ejemplo, aquí la piña crea 5.000 empleos directos. Si usted coge eso y lo multiplica por 4, son 20.000 personas que dependen de la piña", justificó Fuentes.

El funcionario clamó por alternativas para un cantón que depende principalmente de la agricultura, aunque quizá tenga guardado uno de los mayores tesoros en cuanto a recurso hídrico del país.

 
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