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Pronunciamiento de la Iglesia contra ley de implementación del TLC
viernes, 07 de diciembre de 2007

 
Obispos agitan debate sobre Tratado de Budapest

Por Jorge Luis Araya en Semanario Univeridad.. La jerarquía católica cuestiona algunas de las implicaciones éticas del depósito de microoganismos con fines de patentamiento.

Entre aplausos, respuestas evasivas y críticas, fue recibida por distintos sectores políticos y sociales la petición hecha la semana anterior por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, para que la Asamblea Legislativa no apruebe el Tratado de Budapest.

 
El pronunciamiento de los obispos católicos, emitido el pasado 22 de noviembre, hizo a la vez un llamado a los diputados y diputadas a aprobar normas "claras y explícitas" en la Constitución Política, que garanticen el respeto de la vida y de la dignidad del ser humano, desde el momento de la concepción.

 "Debería establecerse en nuestra Constitución que ningún ser humano, independientemente de su edad y cualquier otra circunstancia, puede sufrir ningún trato degradante o que lo lesione en su dignidad y derechos", exhortaron los obispos.

Por eso, pidieron que mientras la reforma constitucional entra en vigencia, los legisladores firmen un compromiso expreso de que aprobarán dicha enmienda.

"En caso de que este compromiso claro y escrito no garantice la aprobación de este artículo constitucional, que no se apruebe el Proyecto de Ley Adhesión de Costa Rica al Tratado de Budapest, sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes", pidieron los miembros de la Conferencia Episcopal, encabezados por su presidente  José Francisco Ulloa, obispo de la Diócesis de Cartago.

El llamado se produjo diez días después de que un grupo de laicos, "preocupados por la posible aprobación del Tratado de Budapest", entregaron un documento a la Conferencia Episcopal solicitándole pronunciarse en forma "oportuna, amplia y clara sobre materia tan trascendental".

La nota -junto con documentos relativos al Tratado de Budapest- fue enviada con copia al cardenal Oscar Rodríguez, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. La firmaron los médicos Hernán Collado y Carlos Agustín Páez, el filósofo y docente universitario Arnoldo Mora, el ingeniero Arturo Robles y los abogados Olga Marta Mena y Fernando Soley.

Anteriormente, otros clérigos como el obispo emérito de San Isidro de El General, Ignacio Trejos, así como  organizaciones sociales y profesionales, alertaron sobre las graves implicaciones que tiene para el país la ratificación de ese convenio.

La ley que ratifica este acuerdo se tramita en la Asamblea Legislativa, como parte de los compromisos asumidos por Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, aprobado en el referendo del pasado 7 de octubre.

Sobre este tema, la Defensoría de los Habitantes, en un amplio informe, advirtió sobre las graves implicaciones éticas y jurídicas que tiene el Tratado de Budapest. Sus  disposiciones son motivo de polémica internacional, y en Costa Rica chocan con normas constitucionales y la legislación vigente en materia de protección a los derechos de la persona humana y sobre la biodiversidad, por lo que este acuerdo debería ser objeto de un amplio debate nacional, señaló la Defensoría en el informe (ver "Defensoría advierte ignorancia sorbe implicaciones del Tratado de Budapest", en UNIVERSIDAD edición N° 1736).

 

TRATADO

 

El Tratado de Budapest vio la luz en 1977 y fue puesto en vigencia en 1980. Sus objetivos básicos son asegurar el depósito de microorganismos para fines de patente, y eliminar las restricciones a la importación y exportación de esos microorganismos, excepto en casos calificados en que se pueda afectar la seguridad.

Entre otras debilidades que presenta este acuerdo internacional -señalan sus críticos-,  está el que el depositante no está obligado a indicar la fuente o el origen de los materiales depositados. Es decir, no se exige la presentación del consentimiento previamente informado del proveedor del material, ni el certificado de origen, requisitos que sí contempla la legislación costarricense.

Por otro lado, en el Tratado no se define lo que es un "microorganismo", lo cual da pie para que se pueda incluir muchas cosas: hasta embriones humanos, como en efecto ya ocurre en los países donde funcionan los depósitos de estos materiales.

Hasta ahora, entre los elementos que se han estado depositando, sin ser propiamente microorganismos, figuran embriones, incluidos embriones humanos, ácido desoxirribonucleico (ADN), cultivos celulares, oncogenes, plásmidos (moléculas de ADN que existen fuera de los cromosomas) y semillas.

"El Tratado de Budapest constituye una de las agresiones a la ética y la moral más monstruosas y aberrantes que la sociedad comercial corporativa multinacional le haya impuesto a la población mundial", afirmaron los solicitantes en el documento presentado a los obispos.

El Tratado -añadieron- constituye un mecanismo mucho más poderoso que la patente misma, para proteger la posesión del conocimiento, sin parar mientes en los derechos adquiridos de individuos, pueblos y comunidades, ni prever los requisitos mínimos para ejercer algún control sobre la naturaleza y utilización de los microorganismos que allí depositan.

Para ellos, lo expuesto en este Tratado es intrínsicamente incompatible con los principios fundamentales de la ética cristiana y el magisterio de la Iglesia en esa materia, por lo que todo creyente, en conciencia, debe rechazarlo.

En ese sentido, invocaron los más recientes documentos del magisterio eclesiástico en la materia, como la Encíclica "Evangelium Vitae", emitida por el Papa Juan Pablo II el 25 de marzo de 1995, y la "Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación", firmada el 22 de febrero 1987 por el entonces prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI.

 

INTERESANTE

 

El docente universitario Arnoldo Mora dijo que el pronunciamiento de los obispos le pareció "muy interesante, porque es la primera vez que la jerarquía se enfrenta en un punto vital al Gobierno. Se la había acusado de ser demasiado complaciente con el Gobierno, en contraposición a la inmensa mayoría del clero de parroquias que se ha opuesto al TLC."

Mora recordó que El Vaticano ya había condenado el Tratado de Budapest, porque implica "convertir también los embriones en mercancía, lo cual es absolutamente monstruoso."

Según Mora, la respuesta dada por algunos diputados y diputadas oficialistas, de que la preocupación de los obispos ya se subsanó con la inclusión de cláusulas interpretativas al proyecto, no tiene fuerza (porque el Tratado no admite cambios), y por eso los obispos lo que piden es una reforma constitucional.

"Aquí hay dos posiciones absolutamente contradictorias, y lo interesante es que el documento de los obispos no usa argumentos teológicos sino estrictamente jurídicos y filosóficos, pero interpela directamente a los diputados que dicen, por lo menos de boca para afuera, que creen en el valor de la familia como base de la sociedad. Aquí hay una contradicción real; no sé cómo el poder político mayoritario la puede resolver", comentó Mora.

Por su parte, el médico Hernán Collado valoró positivamente el pronunciamiento de los obispos contra el Tratado, en cuanto que hace un llamado a rechazar el acuerdo; pero,  consideró que la apelación a los diputados para que firmen un compromiso de aprobar una reforma constitucional, no tiene efectos prácticos de cara a las consecuencias que tendrá el Tratado para el país.

Una vez aprobado, el Tratado tendrá que cumplirse tal y como fue firmado, y de nada vale que se aprueben cláusulas interpretativas, ya que un país no puede invocar el derecho interno para incumplir un tratado, señaló.

 

REACCIONES

 

Consultada sobre el pronunciamiento de los obispos, la jefa de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lorena Vásquez, dijo que en el comunicado de los prelados "no encontré oposición, sino más bien como pidiendo una clarificación de los principios".

La diputada mencionó que ya se introdujo una moción en el proyecto, "que en buena medida responde a la inquietud de los obispos", y por otro lado, un diputado (el liberacionista Alexander Mora)  ya presentó una reforma constitucional (al artículo 21), que "los que creemos en la vida la vamos a apoyar".

La jefa de bancada del PLN, Mayi Antillón, dijo por su parte, en declaraciones a la prensa, que para tranquilidad de los obispos y quienes pudieran estar preocupados por el tema, ya se había aprobado en comisión una cláusula interpretativa al Tratado, que introdujo la definición de microorganismo adoptada por la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación).

De acuerdo con esa definición, "por microorganismo debe entenderse cualquier organismo microscópico, incluidas bacterias, virus, algas y protozoos unicelulares, hongos microscópicos, los cuales pertenecen a una categoría de vida diferente a la del reino animal y vegetal. Las células y los tejidos de plantas y animales superiores son objeto de estudio de la microbiología, pero no son microorganismos."

Igualmente -dijo Antillón- se presentó otra cláusula interpretativa que dice que con la aprobación del convenio no se estará estableciendo una obligación o un compromiso para el país, de aceptar en depósito microorganismos u otras materias biológicas, cuya obtención o mantenimiento ponga en peligro la vida o la salud, de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política.

"Siento que estamos salvaguardando nuestro compromiso ético con toda la discusión que se está dando a nivel internacional, sobre el trasiego o comercio que se pueda estar dando con embriones o tejidos humanos. Esto queda totalmente fuera de nuestra legislación, no solo con legislación local, sino con un convenio internacional y una reforma constitucional que andamos buscando", afirmó la legisladora.

Mientras tanto, el diputado Rafael Madrigal, subjefe de fracción del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), reafirmó que su partido no va a votar el Tratado. No obstante, consideró que si la mayoría oficialista de todas maneras lo va a hacer pasar, le parece prudente que con anterioridad se apruebe una reforma a la Constitución, para garantizar el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.

"Hacerlo con posterioridad a la aprobación del Tratado, es querer lavarse la cara por un pecado cometido, y eso me parece que no está bien", dijo Madrigal.

Otro de los que se oponen, el diputado José Merino, del Frente Amplio, señaló que los obispos tienen razón al decir que el Tratado no debería aprobarse, porque abre la puerta para patentar todas las formas de vida, lo cual es éticamente inaceptable.

Sin embargo, Merino criticó que los prelados pongan una condición "que no tiene nada que ver" con el Tratado de Budapest, al promover una reforma constitucional que prohíba todo tipo de interrupción del embarazo.

"Esto deberían plantearlo aparte, y no como algo vinculado al Tratado de Budapest, porque este no tiene en absoluto nada que ver con eso".

En opinión del legislador, la reforma que pretenden los obispos "significaría un retroceso enorme para los derechos de la mujer en Costa Rica, en el sentido de que, por ejemplo, prohibiría incluso algo que ya está legalizado en nuestro código penal, que es el aborto terapéutico. También algo que la ministra de Salud (María Luisa Ávila) decía que podría empezar a ser administrado, como es la llamada píldora del día después".

"Entonces, creo que lamentablemente se están mezclando cosas que no debían mezclarse y que son dos debates separados. Diputados que tienen esa posición y otros que se quieren montar para satisfacer a los obispos, están promoviendo la recogida de firmas de esa propuesta constitucional, que obviamente yo me he negado a firmar", dijo Merino.

 

Nuevas fricciones en tramitación de leyes paralelas

 

El trámite de los proyectos de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) avanzó en medio roces y nuevos puntos de conflicto que surgieron al cierre del período de sesiones ordinarias (el pasado 30 de noviembre) y el inicio de las extraordinarias,

El primero de los proyectos de la agenda de implementación del TLC (actualmente 11),  quedó aprobado en segundo y último debate el pasado jueves 29.

Se trata de la reforma a la Ley del Representantes de Casas Extranjeras, la cual fue aprobada por la mayoría oficialista bajo protestas del Partido Acción Ciudadana (PAC), por considerar que el proyecto se puso a debate y se votó sin que figurara en el orden del día del plenario. El oficialismo, sin embargo, rechazó la apelación de los opositores, tras sostener que el procedimiento se hizo conforme al reglamento legislativo.

Para el período de sesiones extraordinarias (del 1 de diciembre el 30 de abril) -en el cual el Poder Ejecutivo establece los proyectos que tienen prioridad-, se ha convocado con prioridad las leyes de implementación del TLC.

El gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) y sus aliados -que conforman el bloque mayoritario de 38 legisladores a favor de la agenda del TLC-, buscan tener aprobados todos estos proyectos para el 29 de febrero próximo, fecha que según el Gobierno es el límite para que el TLC entre a regir.

En el plenario legislativo (integrado por 57 diputado) avanza por la vía rápida (mediante aplicación de una reforma a los artículos 41 bis y 208 bis del reglamento) el trámite de cuatro de las leyes paralelas del TLC. Estas son la adhesión de Costa Rica al Tratado de Budapest, el Tratado sobre el derecho de marcas, Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales, y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del sector Telecomunicaciones.

En Comisiones Plenas (integradas por 19 legisladores con potestad de aprobar leyes) se tramitan las Reformas a Ley de Marcas y Patentes de Invención, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley General de Telecomunicaciones, y Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

Asimismo, la  Reforma y adición a la  Ley de Derechos de Propiedad Intelectual, Reforma al Código Penal y a la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito.

El Ministerio de Comercio Exterior anunció que aún queda por enviar al Congreso una nueva ley de implementación, que es la Reforma a la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Un texto sustitutivo que introdujo el oficialismo a la reforma de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, originó críticas tanto de diputados opositores como oficialistas, por considerar que rebasa las exigencias contempladas en el TLC.

El proyecto propone penas de prisión de 4 a 6 años para los infractores de una serie de delitos contra la propiedad intelectual, mientras que la ley actual contempla cárcel de 1 a 3 años.

Entre esos delitos, el proyecto incluye la reproducción no autorizada de obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas; fijación, reproducción y transmisión de ejecuciones e interpretaciones protegidas; inscripción de  un número superior de ejemplares de una obra; y adaptación, traducción, modificación y compendio sin autorización de obras literarias o artísticas.

El diputado José Merino, del Frente Amplio, criticó las ambigüedades que a su juicio contiene el proyecto, que podría dar poderes excesivos a las empresas para perseguir a los presuntos infractores. También fustigó el hecho de que se pretenda incluir penas de cárcel, incluso mayores a las contempladas en la leyes contra la corrupción en la función pública.

Óscar Castillo, presidente de la Cámara Costarricense del Libro, dijo que esa organización, que agrupa a editores, no ha sido consultada sobre el proyecto de ley, pero dijo tener entendido que este no introduce cambios sustanciales a la actual legislación en la materia, salvo el aumento de las penas para los infractores.

En particular, aclaró que los estudiantes no deben temer de que vayan a ser castigados por sacar copias de libros. Lo que se castiga es a los que venden copias, igual que en la actualidad, aclaró.

Entre tanto, el diputado Merino denunció que el oficialismo introdujo un cambio en el proyecto de reforma de la Ley de Patentes, con lo que se pretende ampliar las posibilidades de patentar microorganismos en Costa Rica, modificando lo que actualmente establece en esta materia la Ley de Biodiversidad.

 "Aunque los promotores del TLC negaron siempre que nos obligarían a modificar nuestra legislación sobre patentes de microorganismos, ahora sabemos que se trataba de un engaño más a la población ", afirmó el diputado opositor.

 
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