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Obtenciones vegetales avanzan a toda máquina
viernes, 09 de noviembre de 2007

Posición quiere discutir, pero al oficialismo no le interesa

Por Jorge Luis Araya para Semanario Universidad. Proyectos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales marchan en primera línea de la agenda de implementación del TLC.

Dos proyectos que reconocen derechos de propiedad intelectual sobre variedades de plantas, avanzan por vía rápida y con escasa discusión en la Asamblea Legislativa, pese al impacto que, según sus detractores, tendrán en la actividad agrícola y el uso de la biodiversidad.


Uno de los proyectos es la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, que al cierre de esta edición recibía trámites finales en la comisión de Asuntos Agropecuarios, para ser enviado a aprobación del plenario legislativo.

La comisión extendió sus sesiones el fin de semana anterior y, sólo el viernes, fueron tramitadas más de 600 mociones (propuestas de modificación) entre unas 900 presentadas por los diputados de los opositores Partido Acción Ciudadana, Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión.

Al mismo tiempo, una comisión especial ve el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales 1991, conocido como UPOV-91.

Este convenio, que no admite reformas por ser un acuerdo internacional, fue dispensado de trámites y la comisión tiene un plazo de 15 días para dictaminar y enviarlo al plenario, donde se podría aprobar cláusulas interpretativas al documento.

Ambos proyectos establecen un mecanismo similar a las patentes, llamado "derecho de obtentor", a fin de que la persona, empresa o institución que investiga y logra variedades mejoradas o "nuevas", pueda cobrar a los agricultores por su uso o reproducción.

Esta legislación había sido rechazada en dos ocasiones anteriores en la Asamblea Legislativa, al ser considerada inconveniente para el país.

Aunque gremios de agricultores y organizaciones sociales y políticas mantienen su oposición, la mayoría parlamentaria compuesta por el Partido Liberación Nacional (PLN) y sus aliados, pusieron los proyectos nuevamente a debate, como parte de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

El bloque oficialista (38 del total de 57 diputados) apura el paso y evita la discusión para ganar tiempo, a fin de que la agenda (un total de 12 proyectos) esté aprobada el 29 de febrero próximo. En esa fecha vence el plazo para que entre en vigencia el TLC, aprobado en el referendo del pasado 7 de octubre.

Las leyes de implementación son una exigencia de Estados Unidos para autorizar la puesta en vigencia del Tratado.

La oposición sostiene que la carrera "atropellada" por tramitarlas es innecesaria, y solo obedece al interés de aprobarlas sin mayor discusión, pues considera que si el Gobierno del presidente Óscar Arias quisiera, podría obtener de Estados Unidos un prórroga del plazo para aprobar las leyes con mayor cuidado.

Derechos

La oposición sostiene que los efectos del Convenio y de la Ley de Obtenciones Vegetales serán dañinos para la agricultura nacional, ya que encarecerán los costos de las semillas e impedirán al campesinado usarlas libremente, como siempre lo ha hecho.

Las principales beneficiadas serían unas cuantas empresas transnacionales, que mediante estos mecanismos se han estado adueñando de variedades vegetales y del conocimiento acumulado por indígenas y campesinos, quienes ahora se verán obligados a pagar por utilizar las semillas, cuestionan.

Estos sectores sostienen que hubiera sido más conveniente para los intereses nacionales, aprobar un proyecto que está en la Asamblea Legislativa desde antes que empezaran las discusiones sobre el TLC, y que se denomina "Ley de Protección de los Derechos de los Fitomejoradores".

En relación con el trámite del Convenio UPOV-91, está pendiente de resolución un recurso de amparo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió el pasado 23 de agosto, y cuyo trámite quedó a cargo del magistrado Fernando Cruz.

La acción fue promovida por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Zapatón de Puriscal, contra la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa.

El motivo invocado es la "violación a los términos del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, por no seguir el procedimiento establecido para la consulta de temas que afectan a los pueblos indígenas".

Los indígenas alegan que el trámite seguido por este Convenio en el parlamento está viciado, debido a no se hizo en tiempo y forma la consulta conforme ordena el Convenio internacional suscrito por Costa Rica. Además, dicen que se les negó el derecho de petición contemplado en la Constitución Política.

Argumentos

Según el presidente de la Comisión de Agropecuarios, Salvador Quirós, las manifestaciones en contra de la legislación sobre obtenciones vegetales están basadas en "argumentos falsos."

"Hay un sector que está en contra de estos proyectos, y aunque en el fondo no encuentren razones, siempre van a buscarlas para oponerse", afirmó.

De acuerdo con el legislador liberacionista, estas leyes no perjudican en nada ni a la agricultura tradicional ni la agricultura orgánica, que no utiliza semillas mejoradas y puede seguir usando sin ningún problema las simientes criollas o variedades locales.

Por otra parte, estos proyectos sí favorecen a los productores que se dedican a la agricultura intensiva, orientada básicamente a la exportación, y por eso ellos apoyan estas iniciativas.

Entre éstos dijo que hay muchos horticultores, que tienen necesidad de emplear semillas mejoradas y aumentar los rendimientos para ser competitivos.

Quirós a la vez desestimó las críticas, en el sentido de que esta legislación atenta contra la ley de agricultura orgánica promulgada en agosto pasado, y contra el Convenio Internacional y la Ley de Biodiversidad.

"Revisamos bien esas leyes, y no son afectadas por esta nueva legislación, que más bien tiene que respetarlas", sostuvo el diputado.

¿Ustedes analizaron las razones por las que anteriormente en la Asamblea Legislativa se ha rechazado esta legislación?, se le preguntó. "Sí, es que hay criterios de criterios. Siempre se encontrará argumentos a favor y argumentos en contra", comentó.

¿Si esta legislación es buena, por qué tan pocos países la han adoptado, a pesar que el convenio UPOV tiene ya más de 30 años de firmado? "No le puedo precisar cuáles países, pero hay unos cuantos que han cumplido con este convenio; más bien Costa Rica es uno de los que se ha quedado rezagado", respondió Quirós.

"No es que defiendo el sistema; simplemente lo que digo es que si un grupo de productores está interesado en el proyecto y si se ve que eso les va a favorecer, nosotros no tenemos por qué evitar que ellos se favorezcan, cuando el otro grupo tampoco es perjudicado", subrayó.

Preocupación

Por el contrario, la secretaria ejecutiva del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), Eva Carazo, aseguró a la comisión legislativa que ve el Tratado UPOV-91, que este es uno de los temas que más preocupa a los sectores campesinos, indígenas y ecologistas.

Esta legislación viene a dificultar la posibilidad de desarrollo de la agricultura nacional, en momentos en que el agro costarricense tiene muchas necesidades que no están siendo cubiertas, apuntó.

Cada vez más, los agricultores tienen menos derecho y cada vez más los fitomejoradores controlan la posibilidad de utilizar variedades que, además, no necesariamente son nuevas variedades que ameriten una protección de este tipo, afirmó Carazo.

Explicó que cuando se permite que se haga una pequeña modificación y que a partir de esta una persona o una empresa se apropie de todo el conocimiento y la inversión previa, y le quite el derecho de utilización a quienes lo han conservado y lo han utilizado -previamente-, "estamos hablando de algo profundamente injusto".

Según el convenio, para que una variedad sea objeto de protección debe ser nueva, distinta, uniforme y estable, y solo se aplica a las invenciones, no al descubrimiento de variedades.

El problema es que "nuevo" y "distinto" en este sistema significa, que la variedad no haya sido comercializada antes. En ese sentido, el convenio se presta para abusos de las trasnacionales, que se apropian de variedades que han sido utilizadas en la agricultura campesina. Así lo demuestran cientos de casos en países donde ya rige esta legislación, y estos no son inventos, expuso la representante de MAOCO.

Mencionó, por ejemplo, un caso ocurrido en México, donde un estadounidense se apropió de una variedad de frijol utilizada tradicionalmente por los campesinos, y la inscribió en Estados Unidos, para luego cobrarles a los agricultores mexicanos por el derecho a sembrarla.

El diputado José Merino, del Frente Amplio, intervino durante la citada sesión legislativa, para preguntar si es cierto o no que en el Convenio UPOV 91 solo se permite la resiembra sin pagar si el producto es para consumo propio.

¿Quién dice la verdad? ¿Es cierto o no que una semilla o planta protegida por la UPOV tampoco se puede guardar, intercambiar ni mejorar, a no ser que se pague de nuevo al dueño del derecho?, interrogó.

El diputado aludía a una presentación que acababa de hacer Orlando Carrillo, representante de la Oficina de Semillas, quien dio a entender que el Convenio permite dar el uso que se desee a la semilla que se compra.

Al respecto, la presidenta de la comisión, Ofelia Taitelbaum, también externó interés en que el punto se aclarara, ya que, dijo: "tenía entendido que una vez que un agricultor compra la semilla es de él cuantas veces quiera".

Acerca de lo anterior, Eva Carazo pidió a los diputados poner atención en el artículo 14, incisos 2, 3 y 4 del Convenio UPOV-91, donde está claro que no se puede resembrar, intercambiar ni mejorar una semilla sin volver a pagar por ella.

Además, el artículo 14 indica que hay que pagar la regalía en caso de producción, reproducción, multiplicación, o preparación para reproducir o multiplicar la oferta en venta, la venta o cualquier forma de comercialización, exportación, importación y posesión para cualquiera de los fines anteriores.

"Es muy claro que este Convenio pretende proteger los derechos del obtentor, y que no tiene nada que ver con protección de los derechos del agricultor", insistió Carazo.

Impactos

Por otro lado, Carazo dijo que el Convenio UPOV limita los propósitos de la Ley de Biodiversidad y el Convenio Internacional de Biodiversidad.

Por ejemplo, se afecta todo el procedimiento de consentimiento informado, la posibilidad de pedir transferencia de tecnología, y distribución de beneficios que están garantizados en la Convención de Diversidad Biológica.

Asimismo, el mecanismo que establece la Ley de Biodiversidad para que la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad tenga que autorizar cuando hay un acceso a la biodiversidad; todos esos son requisitos que UPOV prohíbe explícitamente, puntualizó Carazo.

El Convenio tampoco es claro respecto a si se puede o no permitir el registro de transgénicos, mientras que la Ley de Obtenciones Vegetales que se está discutiendo va más allá y permite explícitamente la protección de transgénicos.

"Cuando hablamos de transgénicos, estamos hablando de una tecnología muy nueva, con impactos muy graves, que debería tener un tratamiento diferenciado", advirtió Carazo.

Hannia Villalobos, una agricultora de Tierra Blanca de Cartago, que también asistió a la audiencia, dijo sentir tristeza y mucho temor por esta legislación. "Les pido de todo corazón, que por favor tomen esa ley, traten de entenderla y ver los alcances", expresó.

Ella explicó que para el campesinado la semilla no es un simple objeto, sino que tiene toda una connotación ética, moral y sagrada. "La semilla encierra todo el conocimiento ancestral de miles de años, que viene de todas esas familias, para que esa semilla llegue hoy en día a mi propiedad", manifestó.

Por el contrario, la nueva legislación va a limitar a las personas agricultoras, a la hora de utilizar la semilla en la cantidad y la forma que desee; le va a impedir reproducirla para intercambiarla libremente con sus vecinos, pues solo permite la reproducción para el autoconsumo. "Eso para mí es muy triste; es una implicación moral muy fuerte", enfatizó emocionada la agricultora.

Por otra parte, Villalobos mencionó que cuando se habla de que se va a poder utilizar semillas híbridas, hay que ver que esas semillas no sirven para la reproducción, pues se vuelven estériles a la segunda o tercera generación.

De acuerdo con ella, el campesino estará obligado a depender de quien le está vendiendo semilla y del paquete tecnológico que viene asociado a ellas, por parte de las transnacionales.

 
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