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Indígenas reclaman consulta sobre Convenio de Obtenciones Vegetales
viernes, 31 de agosto de 2007

Semanario Universidad .Por Javier Córdoba Morales Con un recurso de amparo, los pueblos indígenas vuelven a exigir su derecho a ser consultados en una de las leyes paralelas al TLC.

Con un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, los pueblos indígenas reclaman nuevamente su derecho a ser consultados debidamente sobre el Convenio de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91).

El recurso fue presentado por la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Zapatón, Puriscal, contra la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, encargada de dictaminar este proyecto que forma parte de la llamada Agenda Complementaria del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos.

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En el documento presentado el pasado 23 de agosto, esta asociación alega que la Comisión de Internacionales no les ha consultado de forma adecuada este tratado, pues se limitó a una simple comunicación en la que dan ocho días hábiles para que la entidad se pronuncie.

CONSULTA OBLIGADA

Ante la forma "arbitraria y poco realista" de pedir información, la Asociación de Zapatón comunicó a la comisión legislativa, que esta comunidad no aceptaba esta solicitud, al tiempo que exige que se realice un proceso de "consulta formal", tal y como se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

"En el caso de los pueblos indígenas, la consulta, más que un proceso de indagación, es un proceso de información, y lo que más requiere nuestra comunidad es capacitación de los alcances de este proyecto de ley", se argumenta en el recurso.

Lo anterior significa que los representantes de los pueblos originarios estarían solicitando un proceso de preconsulta y consulta, en el que primero se informe y luego se pida la opinión sobre el proyecto a los habitantes de los 24 territorios indígenas de todo el país, tal y como se ha hecho con el actual proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo.

El artículo 6 del Convenio 169, ratificado por Costa Rica desde 1992, establece: "la obligación de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".

Los representantes indígenas alegan que ocho días es poco tiempo para analizar un convenio tan complejo y que podría afectar el manejo que hacen los pueblos autóctonos de sus recursos naturales.

"Resulta tan complejo, tanto que esta comunidad no conoce los alcances de esa normativa, aunque se sabe que podría afectar los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos ambientales -especialmente de aquellos que surgen de las especies vegetales-. Por eso resulta fundamental la realización de un proceso de consulta más realista, diferente al que propone la citada comisión legislativa", añade la Asociación de Zapatón.

En su alegato, la agrupación también cita un informe presentado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en el cual este órgano recomienda a la Comisión de Internacionales consultar el TLC, pues específicamente el Convenio de UPOV tendría afectación directa sobre los indígenas. 

"Siendo los pueblos indígenas las colectividades nacionales que de manera más ancestral llevan a cabo prácticas agrícolas, y que estas están vinculadas con conocimientos tradicionales asociados, las posibilidades de que particulares no indígenas puedas sacar provecho de esta situación patentizando especies que sean parte de la tradición indígena, es una realidad", dijo Servicios Técnicos en junio del año anterior.

CONTINUO RECHAZO

A pesar de estos argumentos, los diputados de los partidos que favorecen el TLC que integran la Comisión de Internacionales (Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Movimiento Libertario) rechazaron hace un año la moción que solicitaba la consulta a los indígenas, presentada entonces por el legislador del Frente Amplio, José Merino.

"En este sentido, tanto el derecho de los indígenas a controlar su conocimiento tradicional, a participar de sus beneficios y usos, el derecho de autodeterminación, el derecho consuetudinario a la utilización de los recursos biológicos, el derecho consuetudinario y derechos comunitarios sui géneris no se verán afectados en ningún extremo por el TLC", justificó la diputada Janina Del Vecchio, presidenta de la comisión, al rechazar la petición.

De igual forma, al plantearse la consulta a los pueblos indígenas sobre la Ley de Obtenciones Vegetales (versión nacionalizada de UPOV), que se tramita en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, los diputados pro-TLC nuevamente negaron el derecho a la consulta.

El 7 de noviembre del 2006, el presidente de la Comisión de Agropecuarios, Salvador Quirós, dio lectura a un documento en el que justifica la negativa a la consulta indígena, en el cual alega que ni la Ley de Obtenciones Vegetales, ni el Convenio de UPOV, afectará el derecho de los indígenas a guardar, mejorar, intercambiar y reutilizar semillas; o su acceso a las plantas medicinales y otros recursos naturales.

"Por ende,  al no lesionarse los derechos de las comunidades indígenas, y por no tener ningún impacto directo sobre las comunidades indígenas que amerite su consulta al amparo de los compromisos internacionales vigentes, es que se considera que no es necesario realizar la consulta prevista en el artículo 6.3  del Convenio 169 de la OIT", leyó Quirós.

Criterio contrario mantiene el especialista en derecho indígena y profesor de la Universidad de Costa Rica, Rubén Chacón, para quien la consulta no es sólo una obligación, sino una necesidad para informar a las comunidades sobre el tema.

"En el tema de UPOV no hay duda que los afecta, porque los pueblos indígenas tienen que ver con el trabajo de la tierra, tienen que ver  con el uso de ciertas semillas y ciertos recursos vegetales y estos convenios no son claros al definir sus derechos", comentó Chacón.

En su criterio, existe en el mundo un gran vacío sobre los derechos de los pueblos originarios sobre la biodiversidad, el cual se arrastra desde la Cumbre de Río de Janeiro en 1992; y que se ha reemplazado con criterios meramente comerciales como los de UPOV.

"Es una de las leyes que tienen que ver con los indígenas, y no solo deberían preguntarles qué piensan, sino para que hagan un diagnóstico de la tutela de los derechos de los pueblos sobre sus recursos", explicó Chacón.

El diputado del Partido Acción Ciudadana e integrante de la Comisión de Internacionales, Francisco Molina, manifestó que aún no se conoce el recurso en el seno de la comisión, pero que indudablemente es un deber de la Asamblea Legislativa cumplir con lo que establece el artículo 169 de OIT.

"Si hay un convenio internacional que dice que debemos consultar, deberíamos ser garantes de que eso se cumpla, si la Sala da lugar al recurso, es importante hacer esa consulta", expresó Molina.

"Hay que consultar a las comunidades"

Ante solicitud reciente para que se consulte el Convenio de la Unión para la protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), UNIVERSIDAD preguntó a algunos representantes indígenas su opinión al respecto. 

Demetrio Mayorga, Bribrí, Kekoldi de Talamanca: "Queremos que se haga una buena consulta, sería muy importante que se tomen en cuenta, en todos los niveles políticos los derechos indígenas, no solo en este proyecto, sino en todos los que tengan que ver con nosotros.

Eliécer Velas, Maleku, Guatuso:  Sí, puesto que hay un convenio internacional que dice que nos deben consultar todos aquellos proyectos que nos beneficien o nos perjudiquen, por lo que sí deberían hacerlo con el UPOV.

Ernesto Jiménez, Ngobe, Conte Burica: El convenio 169 fue aprobado en el 92, y dice que cuando se va a legislar algo que tiene que ver con los pueblos indígenas, tiene que ser consultado. No creo que a esta altura se vayan a aprobar leyes sin consultar, eso sería incumplir con ese mandato internacional, si no sabemos qué se va a aprobar,  tienen que informarnos.

 

 

 
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