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Nueva ley de moratoria a desalojos es inconstitucional y es retroceso ambiental
viernes, 15 de julio de 2016
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·         Presentarán acción legal en los próximos días

Dos distintos dictámenes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa evidencian que es inconstitucional la nueva Ley 9373, que se firmó la semana pasada aprobada bajo el expediente legislativo 19.139. Esta ley suspende durante 24 meses desalojos a personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y el Patrimonio Natural del Estado.

En el primer dictamen del 5 de marzo de 2014, se indica que el entonces proyecto de ley violentaba entre otras cosas la interdicción de la arbitrariedad, la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica y también la tutela efectiva de los bienes demaniales y su correlativa potestad reivindicatoria, la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, la protección ambiental, la no regresión y progresividad en materia ambiental y la separación de poderes. En un segundo informe emitido el 7 de diciembre de 2015, se reiteró que la mayoría de señalamientos  con respecto al proyecto de ley no fueron tomados en cuenta.

Cuando el Frente Amplio quiso visibilizar la inconstitucionalidad y regresión ambiental del proyecto mediante una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV, contó con el apoyo de tres diputados del PAC, sin embargo al ver el revuelo del bipartidismo PLN-PUSC en contra de la consulta sobre la constitucionalidad de la ley, sacaron sus firmas para terminar siendo cómplices de este retroceso en materia ambiental en el país. Además, en términos políticos, este es un grave antecedente  pues el PUSC y el PLN lograron “torcer la mano” de tres diputados del PAC bajo la amenaza de entorpecer, más aún, las agendas fiscales. El nivel de la discusión y argumentación por parte de estos partidos políticos fue tan bajo que el diputado liberacionista de la provincia de Limón, Danny Hayling, cuyos intereses están vinculados a los negocios de transportes de tierra y mar, recurrió  a frases como “pacto satánico” para calificar la intención de hacer la consulta constitucional.

Para los ecologistas esta forma de legislar es populismo, pues se utiliza la pobreza y la desesperación de habitantes de estas zonas para atentar contra el ambiente y legalizar megaproyectos y sus intereses, es además un derroche de recursos y tiempo sumando los millones que implica el salario de los diputados y los recursos técnicos, para que se venga abajo no sólo el proyecto si no la esperanza de una solución más beneficiosa para el ambiente y las personas.

Para el presidente de FECON, Mauricio Álvarez “al texto de ley poco le falta incluir un transitorio que diga no nos importa el ambiente”. Y agrega que “esto significa que todos los megaproyectos que han ido usurpando las zonas especiales, se legalicen por dos años. Serán intocables por ley” enfatizó.

El abogado ambientalista Álvaro Sagot aseguró que “Afortunadamente, la Sala Constitucional ha sido constante en los criterios sobre situaciones similares (esperamos que ahora no vaya a cambiar) como la milla fronteriza, la Zona Marítimo Terrestre e incluso, otra moratoria exactamente igual a ésta, señalando la regresión ambiental, la imposibilidad de adquirir derechos tras la invasión de bienes del dominio público, entre otros aspectos. En la misma línea se ha pronunciado la Procuraduría General de la República, que ha indicado la violación del Estado de proteger los bienes públicos que se materializaría con la aprobación de este proyecto de ley”.

Informes: http://www.feconcr.org/doc/zonas%20especiales/
 
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