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Indígenas no son tomados en cuenta
jueves, 02 de agosto de 2007

Proyecto de protección de obtenciones vegetales

Semanario Universidad.Vinicio Chacón.Persisten dudas sobre las implicaciones de la propiedad intelectual aplicada a las formas de vida.

El proyecto de ley de protección de obtenciones vegetales, vinculado al Convenio de la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), denominado UPOV-91, fue aprobado en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y próximamente será convocado en el Plenario, aún cuando las comunidades indígenas del país no han sido consultadas al respecto.

 

El UPOV-91 forma parte de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) y el convenio es estudiado por la Comisión de Relaciones Internacionales. El concepto de protección de obtenciones vegetales tiene que ver con la posibilidad de establecer propiedad intelectual sobre variedades modificadas de plantas y semillas. 

José Joaquín Salazar, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) integrante de la Comisión de Agropecuarios, manifestó que "este será el primer proyecto de ley de la agenda de implementación del TLC por la vía rápida"

ANGUSTIA INDÍGENA


El activista aborigen Benjamín Mayorga criticó el hecho de que "cualquier modificación mínima que hagan las grandes empresas a una semilla, les permite aducir que hicieron investigación, pero el pueblo indígena es el que ha generado el conocimiento que produjo la semilla sobre la que trabajan".

Mayorga enfatizó en que bajo el sistema de "propiedad intelectual capitalista", las poblaciones indígenas "nunca obtendrán beneficios, ni podrán proteger el conocimiento ancestral".

"Esto es una hecatombe, un Apocalipsis en que van a ganar quienes tengan el dinero y la potestad para patentar; los indígenas funcionamos diferente, pues en nuestra cosmovisión pertenecemos a la tierra y no al revés", sentenció.

"Queremos tener voz y voto de verdad, no como hace la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, que no cumple con la consulta que de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe hacernos a los pueblos indígenas sobre el TLC, con documentos traducidos en nuestros idiomas", sentenció.

En su criterio existe una limitante cultural que impide a las personas indígenas entender fácilmente conceptos como patente u obtenciones vegetales; "nuestras comunidades son diferentes y si hubiéramos adaptado la forma de vida occidental, hoy no quedaría ninguna".

Por su parte, Donald Rojas, Coordinador Ejecutivo de la Mesa Nacional Indígena, subrayó que este proyecto de ley "tiene una vinculación directa con el tema de derechos comunitarios, sobre todo lo relacionado con la semilla tradicional, por lo que consideramos importante la consulta a los pueblos indígenas".

Rojas recalcó que de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, este proyecto de ley y el Convenio UPOV-91 deben ser consultados a las poblaciones aborígenes, tal y como se hizo con el proyecto de autonomía.

También informó que en este momento, la Mesa Nacional Indígena no está lista para hacer la consulta como se debe, "pues requiere una preparación, no solamente de logística y convocatoria, sino que tienen que existir los recursos necesarios. Lleva bastante tiempo la organización para este fin".

Añadió que esa instancia sí está "preparada técnica y metodológicamente, pues ya tiene experiencia, aunque tiene que haber todo un procedimiento desde la Asamblea Legislativa".

Tanto Mayorga como Rojas confirmaron que a varias comunidades llegó una consulta del Convenio, supuestamente enviada por la Comisión de Relaciones Internacionales, en la que se les indicaba a las asociaciones de desarrollo que tenían ocho días para emitir criterio al respecto.

Janina Del Vecchio, liberacionista que preside dicha Comisión, negó de manera categórica que se haya realizado tal consulta, pues no la considera necesaria, ya que los indígenas "no están involucrados ni amenazados por nada de lo que aquí se dice; ya se ha aclarado que todo lo que hacen es utilizar sus propias semillas y que más bien si aprobamos el Convenio y podemos mostrar que se trata de especies únicas, las podemos proteger".

Sin embargo, la diputada se comprometió a investigar las denuncias.
Del Vecchio insistió en que el Convenio sólo tiene que ver con "lo que es genéticamente modificado, en laboratorio, por lo tanto lo que hacen los indígenas lo seguirán haciendo y más bien podrán tener una mayor protección".
"No es necesaria la consulta, así lo señaló la Sala Constitucional. Si los indígenas consideran que deben ser consultados es otra cosa, lo podemos hacer porque son personas importantes, pero no porque la ley lo obliga, pues no los toca en nada", insistió.El también liberacionista Francisco Marín, quien integra la Comisión de Agropecuarios, coincidió con la visión de Del Vecchio, pues consideró que el Convenio UPOV-91 "lo que hace es poner acorde la legislación nacional con lo estipulado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en lo que son plazos; no creo que la obtención de semillas vaya a perjudicar a los agricultores".

Marín añadió que toda empresa transnacional "lógicamente cobra por el uso de las semillas", pero señaló que "lo más importante" es la innovación tecnológica dirigida al agro.

El legislador consideró que no es correcto que pequeños productores, como son los indígenas, "van a tener que comprar la semilla a las transnacionales que tienen las patentes, porque esto ya existe".

"El mejoramiento de semillas ya está patentado, no se trata de pagarles a las transnacionales, sino que los mismos productores estarán en capacidad de patentar las propias, tenemos que transformar a nuestros agricultores en empresarios", señaló.

Cabe recordar que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinó que el TLC debe ser consultado a los pueblos indígenas, en virtud de que el UPOV-91, obliga al país a "conceder derechos de obtentor vegetal (...) sobre nuevos géneros y especies vegetales  y protegerlos como derechos de propiedad intelectual; lo que podría afectar directamente el derecho sobre el conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas" (Ver UNIVERSIDAD, del 13 de julio del 2006).

"USURPACIÓN DEL CONOCIMIENTO"

La iniciativa de otorgar propiedad intelectual sobre formas de vida no deja de causar polémica.

El diputado Salazar explicó que "el nieto es este proyecto de ley de obtenciones vegetales, el hijo es el Convenio del la UPOV y el papá es el TLC".
Al mismo tiempo, recordó que tanto el Convenio UPOV como el proyecto de ley de protección de obtenciones vegetales, fueron archivados antes en el congreso por el fondo, incluso con el voto de diputados del PLN, pero "hoy, como es parte del Capítulo 15 del TLC, lo impulsan".

Apuntó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece que los países pueden adoptar una de tres opciones de protección: patentes, una ley propia del país, o una combinación de ambas. Pero "esta ley introduce el patentamiento en Costa Rica y al hacerlo da todos los beneficios al protector, pero ninguno al productor y viola el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, el cual establece que no se debe patentar la vida, animal o vegetal".

La bióloga Silvia Rodríguez, quien forma parte de la Red de Biodiversidad, explicó que la llamada "protección" a las obtenciones vegetales y el Convenio UPOV-91, van más allá del tema de los transgénicos, o alimentos genéticamente modificados.

"El Convenio UPOV-91 protege en mayor medida las variedades obtenidas por la actividad convencional de selección y cruzamiento", señaló. Calificó de "inexacta" la afirmación de que no se afectarán las variedades de plantas y semillas indígenas y criollas.

De acuerdo con ella, en Australia muchas de las variedades que fueron protegidas con derechos de obtentor, eran simplemente de uso común, a las que  se les hicieron sólo  una pequeña mejora cosmética. "Por eso mucha gente sostiene que otorgar certificados de obtentor es un medio para la usurpación de las variedades vegetales campesinas o indígenas y su conocimiento milenario", apuntó.

Rodríguez calificó este tipo de iniciativas como un "despojo o usurpación", pues considera que las semillas y plantas "son y siempre  han sido patrimonio de los pueblos para beneficio de la humanidad, como dice el lema del movimiento internacional Vía Campesina".  

Para Rodríguez, la propiedad intelectual es "el mecanismo para proteger la inversión mediante un monopolio temporal que  garantiza la ausencia de competencia y el pago de una regalía cada vez que alguien utilice la semilla o el material de reproducción".
 
 
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