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Setena: la ventaja del continuismo
jueves, 26 de febrero de 2015
minae2710bPor: Mauricio Álvarez M, Presidente Fecon y profesor UCR. En medio de la oscuridad del continuismo, aún se pueden reconocer algunas luces de voluntad de cambio de parte de la administración Solís cuando trata de dar pasos progresistas a través de la empantanada burocracia tica, pero son cada vez más débiles. No hay asomo de luz ni de cambio que enfrente poderosos intereses políticos y económicos que han intervenido, de manera permanente, la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), que se suman a su inoperancia e incapacidad, convirtiéndola paradójicamente en amenaza permanente para nuestro derecho a un ambiente sano y equilibrado, cuando su deber es velar por un modelo de desarrollo sustentable para Costa Rica.

Ante tal deterioro, y por lo estratégico de la instancia, organizaciones ambientales habíamos demandado como primer reto de la administración Solís “que se renueve por completo y de forma urgente, la Comisión Plenaria de la Sstena, el Secretario General y la renovación completa de la totalidad de los cuadros técnicos y administrativos”, propuesto como parte de una reestructuración integral y una investigación profunda sobre una decena de casos denunciados (feconcr.org, 12- 5-2014). A pesar del cambio solicitado, la Comisión Plenaria actual de la Setena es prácticamente la misma que lleva sobre sus espaldas el cargo de decenas de casos cuestionados como la aprobación con procesos viciados y en algunos casos en tribunales o investigaciones como la refinería China, Marina Moín o son responsables de que obras como la Trocha Fronteriza no cumplieran con el trámite de EIA.

APM = Crucitas. En el gobierno del autodenominado “cambio” la Comisión Plenaria de Setena es sustancialmente “lo mismo”, hasta arrastra un miembro que fue enjuiciado por el Caso Crucitas por un cuestionado trámite ambiental. O sea, que la actual administración a sabiendas de esta composición que casi lleva a Costa Rica a uno de sus peores errores políticos, económicos y ambientales, simplemente se hizo de la vista gorda y dejó casi intacto este cuerpo que ya corrió con el riesgo legal de “regalar” la viabilidad ambiental a la Terminal de Contenedores en Moín, dos días antes del asueto de fin de año de 2014, con un procedimiento que se apartó del criterio técnico emitido y que difícilmente se sostendrá en un Tribunal Contencioso Administrativo.

Otro proyecto cuestionado fue la aprobación de la ruta 257 en un espacio que, según el Sinac, afecta 88,16 hectáreas de humedales de las cuales 69 están en el Humedal Nacional Cariari, todo en condición de Patrimonio Natural del Estado y contradiciendo los mismos abogados de Setena que advirtieron que el proyecto significaba la mutilación del área protegida, requiriendo de una ley especial para su desarrollo.

Esta Comisión ha inventado todo tipo de procedimientos “express” para beneficiar transnacionales de telecomunicación que nada tienen que ver con un buen servicio y mucho menos solidario, para sembrar por doquier torres y antenas de telefonía celular sin debatir sobre sus impactos en la salud pública entre otros, y también para ayudar a las megapiñeras que han hundido en veneno y despojo al país y otros grandes desarrolladores con procedimientos prefabricados a su medida, y nunca para el bien común o para acatar solicitudes de especialistas o universidades de manera que se reglamente la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas. Sin embargo, ya la historia ha demostrado que aquellos procedimientos que idearon para dar velocidad al desarrollo de esos megaproyectos de inversiones multimillonarias, a la postre han fracasado en largos procesos judiciales donde en la mayoría de casos se nos termina dando la razón a quienes hemos levantado la voz desde el sector ambiental.

Judicializar los conflictos socio ambientales. Entre 1994 y 2013 el Estado de la Nación contabilizó 486 de acciones colectivas o protestas sobre asuntos ambientales. De esas protestas por temas ambientales, un 19,5% estuvo dirigido a empresas privadas, mientras que un 76,1% al Estado. Es lamentable que se potencie esa conflictividad por falta de planificación, evaluación, fiscalización y participación, parte del actuar irresponsable de la Setena.

Sin embargo, cuando se cierran las posibilidades de transformar o fortalecer la debilidad institucional, queda aún la salida de establecer procesos legales para exponer los cuestionamientos para finalmente usar las vías de hecho para cambiar el continuismo y la zona de confort adoptadas rápidamente por las autoridades del Minae.

El Pacto Ambiental. ¿Qué pasó con los compromisos de campaña del PAC contenidos en el Pacto Ambiental, ahora que ya es el partido de gobierno? Ni siquiera vale la pena sacar a relucirlos porque es menos que letra muerta. Será que la ventaja del continuismo pesa más que el precio del cambio en la orquestación política sobre la Setena, afinada por anteriores jerarcas durante los últimos ocho años o más, y que logró sacar cualquier obstáculo y funcionario no “alineado” con los intereses de los “desarrolladores” y sus socios.

 
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