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¿Ruta 32 made in China?
martes, 17 de febrero de 2015
madeinchina

Por Mauricio Álvarez M, presidente FECON y profesor UCR

Lo único “nuevo” del anteproyecto de ampliación de la Ruta 32 a cuatro carriles (Expediente 18.945) en materia ambiental es un cambio de numeración, donde los artículos 17 y 18 pasaron a ser 20 y 21. Por lo demás, el proyecto de ley sigue obligando a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) a hacer una evaluación exprés en menos de un mes, lo cual crea un trato discriminatorio, como lo denunciara en su momento la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).

 

Esta modalidad de trámites “expeditos” es inconstitucional pues podría estar modificando y eliminando el principio precautorio y viola el principio de progresividad y el de no regresión ambiental.

Está más que claro que faltan estudios importantes para predecir y mitigar el posible daño ambiental de la ampliación de la Ruta 32 sobre humedales, nacientes, fuentes de agua y vida silvestre.

Asimismo, la relación con China sigue estando mediada por proyectos como esta calle, que sólo seguirá atrasando el cambio hacia una economía más limpia.

SETENA: juez y parte. El anteproyecto de ley permite segmentar el proyecto de ampliación de la ruta en diferentes de componentes para que se realicen "estudios específicos"(Artículo 20).Esto cierra las posibilidades de que se solicite un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) integral, como necesita un proyecto con este tipo de dimensiones, impacto y costo. También refuerza el nefasto papel que hemos denunciado de la SETENA, pues le permite a la entidad definir la rigurosidad, realizar el EIA y finalmente evaluarlo. Todo ello viola claramente el espíritu y la lógica de la evaluación ambiental. 

Recordemos que el trazado original de la Ruta 32 actual se hizo entre 1978 y 1987 sin un EIA, por lo que faltan estudios de base importantes para predecir y mitigar el posible daño ambiental.  Como lo asegura el Consejo Universitario de la UCR : “La ausencia de una línea base de información técnica sobre suelos, hidrología, impacto ambiental, expropiaciones, entre otros, evidentemente tuvo incidencia en el costo del proyecto ofrecido por el contratista debido al riesgo asumido”( CU,6-4- 2014).

El anteproyecto de ley tampoco deja claro cuáles serían las consecuencias legales que tendría el hecho de que la SETENA no cumpla con el plazo de revisión de un mes. ¿Se podrían interponer demandas?  ¿Se modificarían los costos?.

Minería en ríos y tajos exprés. El anteproyecto tiene un mecanismo expedito para otorgar concesiones mineras con el fin de extraer material para el desarrollo de la Ruta (Artículo 21). De esta manera, además de simplificar el trámite de EIA de estos proyectos, también se simplifica al máximo el trámite ante la Dirección General de Geología y Minas, por medio de un procedimiento que parece anteponer la urgencia al criterio técnico para la aprobación de los proyectos.

Impactos sobre humedales, nacientes y fuentes de agua. Con la experiencia de La Trocha, la Ruta 257, la Ruta 27 y tantas otras es importante evaluar el impacto que tendrá la ampliación de la Ruta 32 sobre las fuentes de agua.

 Como no se conoce el diseño final, si se considera que la carretera se ampliará sobre la ruta actual hay que destacar que ésta atraviesa numerosos bosques riparios (vinculados a las riberas de los ríos), áreas de protección, zonas de recarga acuífera muy vulnerables, gran cantidad de tuberías de agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y al menos nueve Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS). En algunos casos estas ASADAS verán afectados los lugares de toma de agua y tendrán que buscar otros. ¿Quién asumirá esos costos? ¿Las comunidades, las ASADAS  o las municipalidades?

 Hay que recordar que por lo menos dos ASADAS -la de Milano y El Cairo- resultaron contaminadas por la vulnerabilidad del acuífero y desde hace nueve años reciben agua en cisternas, esperando una solución integral al problema. En su momento el Partido Acción Ciudadana (PAC) denunció que la construcción del edificio de los Tribunales de Guápiles afectó el acuífero de la zona. Por todo lo anterior, las obras de traslado de tuberías de agua, poliductos o tendidos eléctricos tendrían que hacerse con un cuidado extremo y no de forma chambona ni flexibilizando los mecanismos ambientales, como se quiere imponer con este anteproyecto.

 Impacto en la vida silvestre. Otro sitio de gran importancia afectado por la ampliación de la carretera es la zona protegida conocida como La Montañita. Una reciente investigación concluyó que este es uno de los sitios con mayor incidencia de atropellos de animales. Más de 1.000 animales silvestres murieron atropellados en la Ruta 32 el año pasado. Este dato es resultado de una evaluación realizada durante ocho meses a lo largo de los 94,9 km que forman parte del proyecto de ampliación de la Ruta 32. A ambos lados de la carretera existen sitios cercanos a parques nacionales, corredores biológicos y reservas, por lo que ensanchar la vía aumentaría el riesgo existente de atropellos de fauna silvestre.

 Riqueza hídrica. Según el Aya, la región sur de la carretera nacional N° 32 (desde el cruce de Río Frío hasta Siquirres) es la segunda región que produce más agua en el país, así como una actual y futura reserva estratégica (Bermúdez M., 2004).

Por esa razón el Poder Ejecutivo emitió tres decretos para la protección de la zona; dos de ellos asociados a la creación y administración de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica, y el tercero que crea la Zona Protectora Acuíferos de Guácimo y Pococí.

Asimismo, las más importantes luchas socioambientales de Guácimo y Pococí han estado ligadas a la defensa de esta zona, lo cual ha sido clave para resguardar la calidad, la cantidad y la continuidad del abastecimiento del recurso hídrico. Por estos motivos, la Municipalidad ha realizado un Plan Regulador que excluye actividades que podrían dañar esta vulnerable riqueza.

Esta preocupación fue respaldada por un plebiscito organizado por la Municipalidad de Guácimo y la comunidad en 2001, amparado en el Código Municipal y que contó con la participación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). De acuerdo con los resultados, un 97.3% de la población estuvo en contra de que la Municipalidad autorizara o permitiera la ejecución de actividades humanas o económicas -como construcción de viviendas, represas, explotaciones mineras, ríos, tajos, canteras, quebradores y explotaciones forestales- en la Zona Protectora de Acuíferos.

 Alternativas. Sorprende cómo la relación con China está mediada por proyectos contaminantes como la refinería y por la ampliación de una calle que seguirá atrasando el cambio hacia una economía más limpia. Mientras esto ocurre ya hubiéramos podido proponer un proyecto de tren eléctrico que permitiría reducir el tránsito de miles de camiones y hacer una aplicación menos costosa de la carretera.

Un tren eléctrico tendría la ventaja de que podría funcionar de noche, cuando las plantas hidroeléctricas “duermen”. Es decir, no se necesita construir más hidroeléctricas, sino más bien usar la infraestructura actual y los derechos del ferrocarril actual.Esa opción iniciaría una ruta alterna a la economía basada en el petróleo más eficiente, ambientalmente más sana y socialmente más justa.

Ampliar la ruta 32 es seguir subvencionando a la economía basada en el petróleo y a un sistema de transporte obsoleto poco eficiente y caro que está en mano de unos pocos empresarios del transporte. La ampliación de la ruta 32 muy pero muy probablemente va a estar ligada a la propuesta de la refinería, y eventualmente a los intereses del gobierno Chino de extracción de petróleo nacional.

 

 Pero en lugar de eso seguimos amarrándonos a créditos provenientes de un país como China, donde se continúan denunciando graves violaciones a los derechos humanos, sin mencionar la explotación laboral.

 
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