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Exijamos eliminar veto de ley de Participación ambiental
miércoles, 08 de octubre de 2014
10378957_672275519536615_850756368984120136_nPor Mauricio Álvarez M, Presidente FECON y profesor UCR

Ahora que el gobierno no ahorra en comisiones de diálogo y como partido político habló en campaña de mayor participación social para el sector ambiental, en consecuencia debería ser prioritario en su agenda rescatar la “Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental” presentada por el exdiputado José Merino del Río, aprobada en octubre del 2008 y  vetada por expresidente  Oscar Arias.

Para el gobierno actual sería tan sencillo como eliminar el veto, como ya lo hizo con los artesanos de la Plaza de la Democracia, y hacer honor al nombre de su partido: acción ciudadana. Exijamos el cambio prometido.

¿Por qué es tan importante para Costa Rica esta ley? Esta ley vendría a solventar la ausencia de participación, que han judicializado y multiplicado los conflictos socio ambientales en todo el país. Esto equilibraría, la tendencia, al menos de Gobiernos anteriores, en tomar partido por los desarrolladores como nunca antes “dejando de ser el mediador entre entres privados y comunidades y ha pasado a ser el generador de conflictos por decisiones tomadas sin diálogo (Estado de la Nación, 2009).

Como lo evidencia el último Estado de la Nación, con 425 protestas y acciones colectivas solo en el gobierno anterior de Laura Chinchilla. Para el tercer año de su mandato se mantenían los máximos históricos en el número de acciones colectivas sobre asuntos ambientales: 48 en total (34 en 2010 y 54 en 2011) reflejo del disgusto de la población por la manera en la que se lapidan nuestros recursos naturales

Y es que esta ley apela a lo que Merino destacaba como la radicalidad de la democracia: “hay que ubicarse en el terreno de la democracia y de su radicalidad: gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y desde ahí defender una Costa Rica pacífica, justa e independiente.”

La propuesta de Merino de 2008 reforma y adiciona varios artículos de la Ley Orgánica del Ambiente, con el fin de fortalecer y consolidar los mecanismos para hacer efectiva la participación de la población en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con el ambiente y por tanto de primer interés nacional. Esto mediante un procedimiento de consultas populares para que la población sea informada y además tenga poder de decisión directa sobre aquellos asuntos ambientales que sean competencia del MINAET y de trascendencia para sus comunidades.

Las consultas pueden ser convocadas directamente por el Ministerio o por iniciativa popular mediante recolección de firmas de la ciudadanía interesada. En el proyecto de ley se establecen tres tipos de consulta: plebiscitos, referendos y audiencias públicas.

El propósito central de la iniciativa es devolverles a las comunidades, que eventualmente sufrirán las consecuencias ambientales del uso y explotación de los recursos naturales ubicados en su territorio, la oportunidad de decidir sobre su futuro utilizando institutos de democracia directa.

La participación ciudadana en la toma de decisiones es uno de los legados más relevantes que pudiera dejar al país el actual gobierno pero para ello, además de buenas señales como su apertura al diálogo, es indispensable acciones concretas y sólidas que garanticen mecanismos permanentes y efectivos para asegurar el equilibrio de poderes tan desbalanceados en nuestro sistema político.
 
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