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Asesinato de Jairo Mora defensor de la tortuga en Moín
lunes, 03 de junio de 2013
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Alto a los asesinatos y la impunidad

Por Mauricio Álvarez M. Docente UCR y presidente de FECON,

Un nuevo asesinato enluta a todas y todos los defensores del planeta. Desgraciadamente hay antecedente desde hace muchos años de intolerancia, intimidación, amenazas y violencia. Un recuento de estos caso a continuación.

 

Llamado a la intolerancia."…Por eso es que yo necesito, que en muchos casos que vamos a enfrentar, personas como ustedes, nos ayuden a levantar la voz contra algunos grupos radicales, que no quieren proteger el medio ambiente”. Lo dijo la presidenta Laura Chinchilla en San Carlos ante la Cámara de Ganaderos, a raíz del establecimiento del área protegida en el humedal Maquenque en la Zona Norte. En la grabación se escuchan aplausos y Chinchilla prosigue su discurso diciendo que, cuando firmó el decreto de interés nacional para un mega-aeropuerto, “en (la Península de) Osa me encontré grupos radicales, que me dijeron ‘no haga el aeropuerto’, ‘no más turismo’, esos no quieren desarrollo, y esos grupos los vamos a tener que enfrentar juntos”. (30/10/2010).

 

Meses después de las palabras anteriores, una conservacionista canadiense, Kimberley  Blackwell, apareció asesinada dentro de su casa en la zona montañosa de San Miguel de Cañaza, ven Puerto Jiménez de Golfito. Según las notas periodísticas, la Fuerza Pública descartó el robo como móvil del crimen y se inclinó por un ataque de algún cazador de los muchos que Blackwell enfrentó (La Nación, 02/02/2011).

 

Lamentablemente, hay demasiados ejemplos en la historia de personas que se han visto acalladas por amenazas o atentados, incluso asesinatos, por pensar distinto. Aunque la memoria histórica de Costa Rica no lo registre, en Costa Rica también hay ejemplos de ello.

 

¿Quiénes son los enemigos? Uno de esos habitantes preocupados por la firma del decreto que declara de interés público la construcción del aeropuerto de Osa es el ambientalista Carlos León quien viene realizando denuncias ambientales en la zona. León sufrió un ataque a su casa a finales de agosto, cuando desconocidos amarraron las puertas de la casa en Palmar Norte y le prendieron fuego (Diario Extra, 31-8-2010).

 

Este caso está en investigación y se suma a una práctica muy común en Osa, la de ataques físicos y represión de la lucha ambientalista. Todavía se recuerda el arresto de ecologistas durante una marcha pacífica en el cruce de Chacarita, en el marco de una lucha por establecer una veda forestal en Osa. Ese mismo día fue incendiada la sede policial de Rancho Quemado de Osa (La Nación, 22-2-1999). Otro incendio provocado destruyó la Asociación para el Desarrollo del Parque Marino Ballena. En esa zona ya habían tenido lugar cuatro ataques contra grupos ecologistas y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (Minaet). En 1995 se le prendió fuego a la casa de los guardaparques (La Nación,  15-1-2006). El año pasado fue incendiada la oficina del Minaet del Área de Conservación Osa, en Palmar Norte. Las oficinas dañadas contenían expedientes sobre investigaciones de talas en zonas protegidas (La Nación, 23-4-2009). Además, vecinos de la zona recuerdan, en plena pelea por la defensa de la Fila Costeña, el incendio de expedientes dentro de la Municipalidad de Osa. El ambientalista Alcides Parajeles, quien ha denunciado sistemáticamente a madereros y autoridades en Península de Osa, fue amenazado con armas y sufrió la destrucción de su finca. Y así se podría continuar…

El hecho más trágico se da después de una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero, cuando murieron en un incendio (cuyas causas no fueron esclarecidas satisfactoriamente por la investigación oficial) Oscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense, el 7 de diciembre de 1994. Meses después se dio la muerte de David Maradiaga, tras una misteriosa desaparición de tres semanas.

 

Estos antecedentes no son los únicos; en nuestro ecológico país muchos “radicales” han sido amenazados, perseguidos, y hasta asesinados. Fueron asesinados el luchador indígena Antonio Zúñiga (1989) y Oscar Quirós, dirigente de la lucha en contra de la deforestación en Sarapiquí (1992). El activista de la Zona Sur Aquiles Rivera fue amenazado de muerte y su computadora fue sustraída de una oficina (2009). En la década pasada recibieron amenazas la escritora Ana Cristina Rossi, la periodista Patricia Sánchez, y el ingeniero forestal León González.

 

En abril de 1995 hubo incendios simultáneos en las viviendas del geólogo Wilfredo Rojas y de la trabajadora social Elizabeth González, que participaban de una lucha contra el relleno sanitario en Mora. Asimismo, el año pasado se le prendió fuego a la casa del dirigente comunal y defensor de las tortugas de Ostional Gilbert Rojas, luego haber sido amenazado semanas atrás con arma de fuego.

También pueden citarse las demandas por diversas causas relacionadas con la protección del ambiente, como al comunicador social de Zona Norte Marco Tulio Araya, en 2006, por parte de la minera Industrias infinito; al programa Era Verde de Canal 15; a la ecologista Marielena Fournier y al catedrático Fredy Pacheco; al líder comunal Abel Sánchez Solórzano, a la regidora del PAC Erlinda Quesada; al activista Carlos Arguedas, etc. Hasta José Lino Chaves, Jorge Bonilla y Mario Leiva, jueces del Tribunal Ambiental Administrativo del Minaet, fueron amenazados de muerte por teléfono luego de haber cerrado proyectos turísticos irregulares en las zonas costeras (AFP, 20-5-2008). La activista local Sonia Torres fue enjuiciada por la minería Posesiones Gran Galaxie S.A (1997), mientras la regidora Marta Blanco (2001) fue demandada por la empresa minera Ríos Minerales por difamación de personería jurídica, caso en el que fue primero condenada y luego absuelta en apelación.

Los profesores Dr.Nicolás Boeglin y Dr. Jorge Lobo están siendo demandados por la empresa minera Industrias Infinito. Se les acusa de difamación de personería jurídica, un delito por el cual la empresa exige una indemnización de más de 500 millones de colones. La lista de demandados incluye también a los diputados Claudio Monge y Manrique Oviedo, y al Lic. Edgardo Araya. El programa Kioscos Ambientales ha denunciado en diferentes oportunidades presiones empresariales (de piñeras, inmobiliarias, marinas, turísticas, helecheras), que van desde cuestionamientos  hasta actos de violencia física. (Ver denuncias y antecedentes en Semanario Universidad, 19/05/2009.)

 

Recuento de casos del 2010. El año 2010 (26/12/2010) se presentó un informe llamado Sobre criminalización y persecución  de defensores/as de DDHH – Caso Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos. Este informe es producto del aporte de varias organizaciones indígenas, sociales,  sindicales, ambientales y de derechos humanos. El ambientalista Jorge Ballestero sufrió una agresión por parte de un grupo de cinco matones en Puntarenas al  intentar dar seguimiento a una denuncia sobre el secado de una gran cantidad de aletas de  tiburón en un muelle sin nombre al costado este del Mercado Municipal (PRETOMA, 08/01/2011).El famoso chef británico Gordon Ramsay fue agredido en Costa Rica mientras realizaba una  grabación sobre el aleteo de tiburones que le dio la vuelta al mundo. Después de la grabación,  Ramsay regresó al muelle, en donde lo rociaron con gasolina y le apuntaron con un arma de fuego  (Teletica.com, 04/11/2011).El diario electrónico El País denunció que un grupo clandestino lanzara serias amenazas  mediante un correo electrónico al ambientalista Gadi Amit y al director del diario Carlos Salazar,  tras las denuncias de este medio sobre intentos de entregar recursos acuíferos de Sardinal a inversionistas de proyectos inmobiliarios (DPA, 06/09/2010).

• El ambientalista y sindicalista Carlos Arguedas fue acusado por una piñera de difamación por  haber asegurado que la compañía “contamina el agua y sigue sembrando piña a 50 metros de la  naciente”. El juicio se ha suspendido en dos ocasiones (febrero y julio, 2010) y no fue convocado  antes de la muerte de Carlos el 31 diciembre del 2010. La demanda interpuesta buscaba 10  millones de colones como reparación por las declaraciones dadas por Arguedas en el Consejo  Municipal de Siquirres en febrero del 2009. Ese día, un grupo de vecinos estaba solicitando  concretar una moratoria a la siembra de piña en el cantón de Siquirres por la contaminación con  agrotóxicos desde el 2007, contaminación que afecta a unas 6 mil personas hasta el día de hoy.

Para Carlos Arguedas, esta acción legal “no era más que la intención de la empresa Hacienda Ojo  de Agua de salir librada de un daño tan grave que ha hecho a la comunidad.”

• La Asociación Integral de Desarrollo Comunal de San Rafael de Alajuela denunció que la empresa

Comercializadora de Concreto COMCOAS S.A. quiere intimidarlos para que no denuncien  atropellos a la comunidad. Luego que fuera denunciada en diversos medios por atentar contra la  salud de los vecinos, COMCOAS interpuso acusaciones penales contra varios dirigentes. Una de las  querellas fue interpuesta en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José por el delito  de difamación de persona jurídica contra Jorge Villalobos, Sergio Ávila y otras 4 personas más estarían demandadas entre pobladores y abogados de la comunidad. (El Pregón.org, 09/11/2010 y

Era Verde 2011).

• En el caso del Hotel Riu en Guanacaste, frente a las denuncias permanentes hechas por personas  de la comunidad, se han ejercido acciones de presión y persecución, tal y como es el caso del  señor Edgar Cantón Pizarro –presidente del Consejo Ecocivil de Carrillo–, demandado por  difamación, injurias y calumnias por parte del Alcalde de Carrillo; o el caso del despido, en  diciembre pasado, del inspector municipal Carlos Martínez Álvarez.

• Los indígenas Térrabas Paulino Nájera e Isabel River, en resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHD), están enfrentando procesos judiciales por los hechos ocurridos el  pasado 12 de octubre del 2010 en una manifestación pacífica realizada en el territorio indígena  Térraba. La causa se encuentra en el Juzgado Contravencional de Buenos Aires (Exp. 10-200754- 0634-PE) y se une al acoso al que estarían siendo sometidos por parte del ICE. Este acoso se debe  a la decisión de los indígenas de expulsar al PHD del Territorio Térraba. Según los indígenas, la  dirección del proyecto ha estado incitando la división y discriminación contra varios compañeros y  compañeras indígenas, diciéndoles a sus empleados que “por culpa de los indios se van a quedar  sin trabajo” (Comunicado de voceros del Territorio Indígena Térraba, 22/02/2011).

• Comentarios de intolerancia y vinculación de los ambientalistas con el terrorismo que realizó el  periodista Camilo Rodríguez Chaverri en un editorial de la Cámara Nacional de Radio contra el  movimiento ambiental. (CANARA, 18/03/2011)

La lucha  por  una sociedad  más justa y  ecológica es una  lucha por la  vida. La forma más  efectiva de  vencer la criminalización y la persecución es  actuando juntos por la vida.

Súmese para que podamos vencer la intolerancia, la agresión, y que nunca más haya ataques contra quienes defienden la vida.

 

 

 
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