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Costa Rica tiene 100 razones para eliminar agroquímicos de fuentes de agua
viernes, 19 de junio de 2009
cimg0023.jpgelpais.cr Los vecinos de varias comunidades caribeñas de Siquirres, provincia de Limón, encontraron eco en la Sala Constitucional para iniciar un proceso que le ponga fin al envenenamiento de los acuíferos, por parte de empresas productoras de piña de Costa Rica.Debido a que funcionarios de Gobierno e instituciones autónomas han desmentido la versión de los habitantes perjudicados, damos a conocer parte del extenso documento resolutivo de la Sala IV de las dieciocho horas y treinta y dos minutos del veinte de enero del dos mil nueve, entregado ayer jueves:


“XI.- A continuación se inserta o adjunta el resumen de los hechos y argumentos que plantean los amparados, para que los conozcan todas las partes a las que se les notifica esta resolución:

1. Que el Ministerio de Salud otorgó permiso sanitario de funcionamiento a la empresa Hacienda Ojo de Agua;

2. Que la Municipalidad de Siquirres extendió permiso de funcionamiento a la empresa Ojo de Agua;

3. Que el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), aparentemente otorgó un permiso de funcionamiento a la empresa Hacienda Ojo de Agua;

4. Que la parte recurrente desconoce las condiciones técnicas, legales y de plazo en que se otorgaron los anteriores permisos, dado que el Director del Área de Salud de Siquirres, la referida Municipalidad y la SETENA (ésta última en relación con la evaluación del impacto ambiental que debió haber realizado dicha empresa), no han suministrado la información precisa solicitada por la parte recurrente (se indica que la información fue solicitada por los representantes de las ASADAS de Cairo y Luisiana);

5. Que la empresa Hacienda Ojo de Agua, ubicada en el Distrito de Cairo, inició operaciones en el año 2000, con una plantación de aproximadamente 20 hectáreas, que se ha expandido, presuntamente sin permiso ni estudios de impacto ambiental, en aproximadamente 300 hectáreas;

6. Que la plantación de piña de la empresa Ojo de Agua, está sobre el manto acuífero que da origen a la naciente que nutre el acueducto de El Cairo y Luisiana;

7. Que esa plantación de piña, por la ubicación, pendiente e intensificación del uso de agrotóxicos, ocasiona que sus residuos se conecten directamente con el flujo hidráulico del manto acuífero que da origen a la naciente donde está la toma de los acueductos de Cairo y Luisiana;

8. Que estos suelos son muy permeables, se saturan de agua muy rápidamente, dando origen a grandes zonas de recarga acuífera, como la que nutre a los acueductos de Cairo y Luisiana;

9. Que la referida empresa ha contaminado con agrotóxicos estos acueductos;
 
10. Que esta zona es muy lluviosa, lo que explica por qué la tecnología utilizada en el cultivo de la piña es de gran concentración y frecuencia de uso del agrotóxico, lo que agrava la contaminación permanente de los mantos acuíferos que están en los alrededores de esta plantación;

11. Que lo que está pasando con el manto acuífero sobre el cual está dicha plantación de piña, es que sus residuos se filtran hasta la corriente hidráulica, contaminando el agua que consumen las familias de las comunidades circundantes a la empresa;

12. Que las asociaciones administradoras de los acueductos (ASADAS), conforman un comité denominado Pro Agua Saludable para las Familias de las Comunidades de Cairo, La Francia, Luisiana, comité que está constituido por las ASADAS de Cairo y Luisiana;

13. Que este comité se constituyó para obtener una solución real a la problemática persistente de la contaminación del agua de dichos acueductos, por parte de la empresa Ojo de Agua;

14. Que sus familias están tomando agua con agrotóxicos desde hace más de 6 años;
 
15. Que la situación descrita viola los derechos a la vida, a la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el principio de legalidad y la legislación relacionada con la protección del ambiente, del agua, los recursos naturales y la biodiversidad;

16. Que estamos ante un caso de negligencia en el cumplimiento de la ley por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Municipalidad de Siquirres y la empresa Hacienda de Ojo de Agua;

17. Que un estudio realizado por la Universidad Nacional (UNA), en el transcurso de los años 2002-2004, denominado “Vulnerabilidad de las Aguas Subterráneas a la contaminación por plaguicidas en Costa Rica”, encontró la sustancia “Bromacil” en el agua del acueducto de El Cairo de Siquirres;
 
18. Que el acueducto de Cairo nutre en una parte al acueducto de Luisiana;

19. Que ese estudio muestra que el compuesto contaminante con más frecuencia en las muestras de estas nacientes fue el “herbicida Bromacil”;

20. Que esa sustancia fue detectada por el laboratorio del IRET (Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA), lo que fue confirmado por los laboratorios del USGS de Denver Estados Unidos y Omegan de Holanda;

21. Que dicho estudio concluyó que la referida sustancia es relativamente móvil y persistente en el suelo, lo que ha causado en otras parte del mundo, contaminación de las aguas subterráneas, tal y como está ocurriendo en las nacientes de los acueductos de El Cairo y Luisiana;

22. Que los científicos del IRET han investigado sobre la gravedad de la expansión de cultivos como la piña, lo que de no cambiar, puede causar una contaminación más generalizada de las aguas subterráneas y de los pozos de la zona, como está sucediendo actualmente;
 
23. Que el estudio del IRET previene a la institucionalidad pública involucrada implementar las regulaciones sobre uso de plaguicidas y de protección de las aguas subterráneas;

24. Que de las indicaciones emitidas por el IRET desde hace cuatro años, ninguna ha sido implementada por las instituciones públicas responsables;

25. Que un estudio oficial del Laboratorio Nacional de Aguas (LAN) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encontró que en la naciente de El Cairo se presenta el tóxico Bromacil;

26. Que con base en este estudio del LAN se observa que prácticamente cuatro años después, las aguas subterráneas que conforman la red hidrológica de estas nacientes, están expuestas a la contaminación por productos químicos (presencia de Bromacil) utilizados en el cultivo de la piña;
 
27. Que en ese estudio del LAN se indica que en el descriptor de cáncer de la “EPA” para los plaguicidas Bromacil, Diuron y Tradimefon, el Diuron tiene una clasificación L, de probablemente cancerígeno para los humanos, y de los otros se indica que no han sido evaluados, pero en el caso del Bromacil éste tiene una clasificación C, es decir, cancerígeno en animales, por lo que probablemente es cancerígeno para los humanos;

28. Que la norma europea para el Bromacil establece como límite tan solo 1 ug/L, y en el presente caso, este límite es muy cercano o superado por las concentraciones encontradas en el agua, lo cual es muy grave y presuntamente constituye la causa de los males a la salud que padecen los ciudadanos de las comunidades amparadas;
 
29. Que en el informe del LAN, entre otras cosas se recomienda, proponer soluciones en las áreas definidas como de interés para el abastecimiento por parte del AyA, desarrollar tareas para la protección del recurso agua que requieran de la presencia institucional y definir acciones preventivas en materia de uso de suelos en las áreas identificadas de interés para el AyA, para disminuir el peligro real o potencial de los recursos hídricos;
 
30. Que otro estudio oficial del LAN realizado en el mes de julio del año 2007, indicó que había presencia de los tóxicos dichos en las fuentes de abastecimiento de los Acueductos de El Cairo, además de que apareció otro tóxico conocido como Carbariol;
 
31. Que este último estudio demuestra que no es un asunto de poca o alta concentración de los tóxicos, sino que lo importante es que estas sustancias tóxicas están presentes en forma persistente en el agua que están consumiendo los amparados, lo cual pone en riesgo la vida de las personas;
32. Que es claro que mientras esté operando la empresa Ojo de Agua encima del manto acuífero, esta situación se va a seguir presentando;

33. Que en otro estudio oficial avalado por el LAN, realizado en agosto de 2007, se determinó nuevamente que hay presencia del tóxico Bromacil en las fuentes de abastecimiento de los acueductos de El Cairo;

34. Que sin embargo, en este último estudio el LAN cometió un error “adrede”, ya que aparentemente solo se analizó si había Bromacil, sin embargo, cuando el estudio se “triangula” con nuevos análisis del laboratorio IRET de la UNA, se vuelve a detectar una gran cantidad de tóxico y concentraciones alarmantes;

35. Que el estudio del IRET es más preciso ya que es realizado por un laboratorio científico que utiliza la misma metodología que otros estudios a nivel nacional e internacional;

36. Que lo importante es recalcar que de los dos últimos estudios se desprende que los tóxicos prevalecen en el agua, en concentraciones determinadas pero persistentes, razón por la que el agua no es potable, sino dañina para la salud humana;

37. Que ante la gran cantidad de evidencias existentes de la contaminación del agua, no se han tomado las medidas que la legislación del país indica para estos casos;

38. Que en el último muestreo oficial, realizado el 25 de setiembre, en el que estuvieron presentes el Ministerio de Salud y el AyA, no se tomó en cuenta al laboratorio del IRET de la UNA, que es un ente neutral y objetivo;

39. Que de los referidos estudios de los años 2004, 2006 y 2007, se puede apreciar que tanto el número de sustancias tóxicas presentes en el agua, como las concentraciones de las sustancias entre el primero y los otros estudios, se han duplicado y hasta triplicado en el agua que han estado tomando las familias de las comunidades afectadas;

40. Que esta situación ha tenido expuesta a las personas a los peligros potenciales del efecto de estas sustancias tóxicas por cerca de 7 años;

41. Que el Diuron y el Bromacil son agrotóxicos que prevalecen en los estudios, son sustancias peligrosas para la vida humana, son productos muy móviles y ya están en el torrente hidráulico del manto acuífero, por lo que una vez ahí, son muy persistentes, tal y como lo demuestran los diferentes análisis del agua que se han realizado;
 
42. Que en las condiciones de la zona atlántica se tienen que utilizar grandes concentraciones de estas sustancias, ya que la condición de la zona es muy lluviosa y obliga a esta práctica agrícola para poder tener el cultivo limpio de mala hierba;

43. Que por esta razón las sustancias prácticamente pasan directamente a la cañería de los acueductos;

44. Que estas sustancias se bioacumulan en los tejidos y órganos de los humanos lo que está causando gran cantidad de enfermedades en las personas de las comunidades afectadas;

45. Que en  estas comunidades se presenta una frecuencia persistente de enfermedades tales como pérdida de la visión, mareos y vómitos ocasionales, pérdida del pelo, diarreas, muertes extrañas sin diagnóstico claro, tumores, cáncer, alta frecuencia de abortos con alta incidencia de malformaciones mutagénicas, aumento de mortalidad perinatal y otros males como constantes problemas respiratorios;
 
46. Que las ASADAS han solicitado al Ministerio de Salud que realice un estudio epidemiológico para conocer exactamente los verdaderos alcances de esta situación de la salud de las personas, por el hecho de estar expuestas por más de 6 años a estas sustancias tóxicas, pero tampoco se ha tenido una resolución real por parte de las autoridades;

47. Que la información sobre las condiciones de la salud del Cantón de Siquirres, se pueden consultar en los boletines que emiten el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social;
48. Que sobre lo anterior se solicitó información al Director de Salud del Ministerio de Salud de Siquirres, sin embargo, no ha sido entregada con la precisión requerida;
 
49. Que existe evidencia de que en el Cantón de Siquirres existe una alta y anormal incidencia de una serie de enfermedades con respecto a los otros cantones de la Provincia de Limón, lo cual es probable que se deba entre otras causas, a los agrotóxicos;

50. Que por lo anterior, la institucionalidad pública encargada de velar por el cumplimiento de las leyes de protección del ambiente y de la salud humana, en la práctica no está cumpliendo con sus funciones ni con las leyes;

51. Que el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades afectadas le solicitó a la Municipalidad de Siquirres se realizara una sesión del concejo municipal para aportar prueba oficial sobre la situación de contaminación del agua del acueducto de Cairo;

52. Que en la sesión de ese concejo municipal celebrada el 19 de julio ante toda la comunidad, ese órgano tomó un acuerdo a favor de la vida de las familias de estas comunidades, pero se tiene el problema de que el municipio no lo ha hecho efectivo, porque la citada empresa continúa realizando operaciones en desacato a lo establecido por el gobierno local, específicamente en lo relacionado con el numeral 1 del acuerdo, que versa sobre declarar “la moratoria inmediata y permanente de los procesos productivos que se realizan sobre el manto acuífero y zona de recarga que sirve de base para las captaciones de los acueductos de Cairo y Luisiana”;

53. Que esa Municipalidad tampoco ha dado respuesta a la solicitud de información que se le hizo sobre las condiciones de origen, técnica y legal en que se encuentra la patente otorgada a la empresa Ojo de Agua, por lo que presumiblemente, la Municipalidad no está cumpliendo con lo que establece el Código Municipal y las leyes nacionales para otorgar un permiso de operación de una empresa en su territorio;

54. Que el 28 de junio de 2007, el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades afectadas, entregó en el Despacho de la Ministra de Salud, un escrito en el que formula una serie de peticiones relacionadas con la contaminación del agua del acueducto de Cairo y en el que se advertía sobre el grave peligro para la vida de las familias, sin embargo, no han obtenido respuesta por escrito, ni una pronta solución sostenible y permanente;

55. Que la Ministra de Salud en el mes de julio de 2007, declaró ante la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que el acueducto de El Cairo está efectivamente contaminado;

56. Que ante esa Comisión legislativa la Ministra también dijo que le parece que definitivamente hay que intervenir de una manera clara, no solamente en Siquirres, sino en todas las actividades productivas del país, para evitar el riesgo a las personas y el riesgo al medio ambiente;

57. Que el Ministerio de Salud no ha atacado los problemas de fondo, porque no ha hecho declaratoria de emergencia nacional sobre la situación de las comunidades amparadas, no ha puesto los filtros de carbono en las fuentes de agua y ha dejado por mucho tiempo que la gente siguiera consumiendo agua contaminada;

58. Que además, la referida empresa sigue operando sin control sobre el manto acuífero y no se han evaluado los planes operativos ni se han tomado las medidas sancionatorias legales que correspondan;

59. Que tampoco se le ha iniciado a la empresa un expediente judicial por incumplimiento de la ley, por el daño ocasionado a los recursos naturales y a la salud de las familias;

60. Que la situación expuesta parece complaciente con la empresa, ya que no se le ha revocado el permiso sanitario de funcionamiento, tal como lo indicó la Ministra de Salud en su visita a las comunidades afectadas y en la Asamblea Legislativa;

61. Que el titular del MINAE, también en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, dijo que se están utilizando agrotóxicos que no están autorizados oficialmente;

62. Que tampoco existe un proyecto para la construcción de un nuevo acueducto en otra naciente no contaminada;

63. Que la Ministra de Salud no ha ordenado la realización del muestreo oficial, con el objetivo de que el Organismo de Investigación Judicial realice pruebas toxicológicas en los habitantes y el Ministerio realice el estudio epidemiológico;

64. Que actualmente se está repartiendo agua en cisternas, pero lo están haciendo en forma inequitativa y cada dos días, lo cual empuja a la comunidad a tomar agua del acueducto;

65. Que el Director del Área de Salud de Siquirres no ha contestado un escrito que le remitió la parte recurrente, ni ha suministrado información de las acciones realizadas por su Ministerio, ni le ha dado participación al comité de ASADAS que gestiona el proceso de obtención de agua saludable;

66. Que el 28 de junio de 2007, el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades afectadas entregó en el despacho del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, un escrito en el que se le aporta prueba oficial sobre la situación de contaminación del agua y se le advierte que esto pone en peligro la vida de las familias;

67. Que en ese escrito se le formuló al Instituto de Acueductos y Alcantarillados una serie de peticiones relacionadas con su competencia, pero la realidad es que ese ente ha atacado la problemática solo parcialmente y no en el fondo de la situación, ya que no ha dado respuesta al escrito;

68. Que la Junta Directiva del AyA estableció directrices claras para el jerarca y los funcionarios de esa institución, dirigidas a una solución definitiva sobre la situación de los referidos acueductos, pero el Presidente Ejecutivo de ese Instituto no ha cumplido una serie de acciones con las que se comprometió en forma conjunta con la Ministra de Salud y el MINAE, por lo que es claro que el AyA ha incumplido con sus funciones legales;
 
69. Que el 28 de junio de 2007, el Comité Pro Agua Saludable de las comunidades amparadas entregó en el Despacho del SETENA del MINAE un escrito donde se le solicita el estado en cuanto al estudio de impacto ambiental de la empresa Ojo de Agua, el cual es imprescindible para otorgarle el permiso de funcionamiento;
 
70. Que la anterior información solicitada es clave para dilucidar la situación legal y técnica en que la empresa opera y su relación con la ubicación espacial y la contaminación del agua del acueducto de Cairo;

71. Que sin embargo, esta dependencia no ha brindado la información solicitada;

72. Que en ese Instituto se le ha indicado a los recurrentes por vía telefónica que no encuentran el estudio de impacto ambiental de la empresa de Ojo de Agua, lo cual es recurrente en la Municipalidad de Siquirres, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados;
 
73. Que también resulta clara la negligencia del MINAE ya que no ha cumplido con sus funciones establecidas en su ley constitutiva y con la vigilancia y aplicación de la Ley Orgánica del Ambiente;
 
74. Que el Ministerio de Agricultura ha incumplido sus funciones establecidas en las leyes y el reglamento de vigilancia y prevención del uso de agroquímicos en las explotaciones agrícolas y pecuarias;
 
75. Que la empresa Ojo de Agua es la responsable de esta contaminación del agua, ya que está operando en forma ilegal sobre el manto acuífero que nutre los acueductos de Cairo y Luisiana y esto es lo que está causando el daño a la salud de las personas, al ambiente y los recursos naturales;

76. Que los resultados emitidos por el AyA ampliamente demuestran la contaminación provocada por la plantación de piña de la empresa Ojo de Agua;

77. Que los representantes de la empresa se comprometieron con la Asociación de Desarrollo Integral de Cairo a dejar de utilizar el Bromacil, pero en solo dos años vemos los resultados de que la contaminación continuó y con más peligro, que el número de tóxicos y la concentración son más altos, lo que demuestra la recurrencia y persistencia de la empresa en su mala praxis;
 
78. Que esa empresa temerariamente ha difundido resultados no oficiales en donde es evidente que en el estudio que contrataron se encuentra un cóctel de 21 tóxicos, pero le indican a las comunidades que no son perjudiciales para la salud;

79. Que lo anterior demuestra la falta de apreciación de la magnitud de la situación crítica por parte de esa empresa, porque la escala que ha utilizado en la medición la empresa CHEMLABS (empresa que ha hecho estudios de laboratorio sobre el agua), no es una escala científica como la utilizada por el IRET, lo que demuestra que la empresa es temeraria en cuanto a los recursos naturales y el ambiente e irrespetuosa de la ley, ya que lo único que ha demostrado es que lo que prevalece es su interés económico;

80. Que estos análisis de laboratorio de la empresa CHEMLAB demuestran que no es un asunto de poca o alta concentración de los tóxicos, porque lo importante es que estas sustancias tóxicas están presentes y en forma persistente y esto se llama contaminación, que pone en riesgo la vida de las personas;

81. Que desde el año 2004 cuando el IRET realizó el primer estudio, han transcurrido tres año, pero la empresa ya tiene aproximadamente seis años de operar sobre el manto acuífero de Cairo, esto a la vista y paciencia de la institucionalidad pública, la cual no ha ejercido el control y aplicación de las leyes respectivas;

82. Que por lo anterior, la empresa es responsable y las instituciones del Estado, por negligentes, son corresponsables de este desastre que está ocurriendo con la salud de las personas que han estado expuestas a la contaminación con estos tóxicos;
 
83. Que inclusive la gran cantidad de obreros de las empresas Ojo de Agua y Fructa, están sometidos al consumo de agua de los propios pozos de estas empresas que están ubicados en los mantos acuíferos contaminados y por la tanto, la institucionalidad pública debe velar por esta situación anormal;

84. Que la empresa no se ha acercado para darle una solución real a las comunidades afectadas y se ha centrado en defender nada más el interés económico;

85. Que esta empresa no ha acatado la resolución emitida en la sesión extraordinaria del 19 de julio del año 2007, en la que el Concejo Municipal tomó el acuerdo de establecer la situación como emergencia local y estableció una moratoria permanente de las operaciones de la empresa, ya que está demostrado a lo largo de los años, que mientras la empresa Ojo de Agua siga operando sobre el manto acuífero esta situación peligrosa se va a seguir presentando para la población de estas comunidades;
 
86. Que la Ley de Aguas N° 276 de 27 de agosto de 1942 y sus reformas (en especial artículos 31, 32 y 33) declaran como reserva de dominio a favor de la Nación, todas aquellas tierras que circunden los sitios de recarga y descarga de las aguas subterráneas, autorizando la imposición de una serie de medidas proteccionistas de las cuencas, en beneficio de los recursos hídricos;

87. Que no puede permitir el Estado que la actividad que realice un habitante en ejercicio de la libre empresa, lesione los derechos de otro, e incluso, cause daños irreparables a la salud de la comunidad;  que está claro y evidente que toda actividad que se realice debe darse en condiciones tales que permita la armonía con los derechos e intereses de la población;
 
88. Que no se trata de ninguna forma de limitar la libertad empresarial que pueda ser disfrutada por todos los habitantes de la República, se trata de establecer lineamientos claros para que en el ejercicio de las actividades empresariales, no se dé el menoscabo de los derechos del resto de los habitantes o se cause algún daño al ambiente;

89. Que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (Agenda XXI: Declaración de Río), se establece (en el Principio 15) que, “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”;
 
90. Que en este caso particular la SETENA debió realizar el estudio de impacto ambiental para garantizar que no se infringiera el principio pronatura, lo cual es evidente que no se garantizó en el caso que nos ocupa;

91. Que en el caso particular del agua es un bien de dominio público, por lo que se debe conservar y hacer de él un uso sostenible, ya que es de interés social;

92. Que en el caso particular de la contaminación por la Hacienda Ojo de Agua, se pone en evidencia que esta empresa no solo ha alterado el equilibrio del ciclo hidrológico, sino que también está dañando los recursos naturales y la biodiversidad;

93. Que en cuanto al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, es evidente que la empresa ha realizado actividades que generan residuos, materiales tóxicos o peligrosos, además de que ha realizado movimiento de tierras y construcciones, por lo tanto, no podía iniciar actividades hasta que se hubiere realizado la evaluación de impacto ambiental y que la SETENA le haya otorgado la viabilidad ambiental;
 
94. Que de no existir esta evaluación ambiental, el permiso de SETENA no se puede haber otorgado, por lo que estaríamos ante un claro caso de violación del criterio preventivo y el precautorio o indubio pronatura, establecido en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y el referido artículo 17;
 
95. Que en caso de no cumplir las normas antes señaladas se deben aplicar las sanciones administrativas que señala el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente;
 
96. Que es claro que a quien le compete cumplir el artículo 50 de la Constitución es al Ministerio de Salud, el cual debe prevenir y detectar los problemas ambientales para proceder a garantizar a la ciudadanía el derecho a la salud y a un ambiente sano;

97. Que hay una clara evidencia de que el Ministerio de Salud no ha cumplido con todo rigor lo que establece la Ley General de Salud;

98. Que es claro que la empresa violenta el principio Pronatura y toda la legislación nacional en materia ambiental y de garantía de la salud de las personas, al realizar sus operaciones en los mantos acuíferos donde se nutren los acueductos de las comunidades afectadas, con la actitud complaciente de las instituciones del Estado y la Municipalidad de Siquirres.

99. Solicitan que se declare con lugar el recurso.” (mhtml:http://200.91.68.19/acunet/Documentos2/20070007013218-5411487-1.mhtml)
 
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