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Dinero de fraude invertido en proyecto inmobiliario y turístico en Osa
martes, 26 de mayo de 2009
(elpais.cr) - Un financista de los Estados Unidos, con inversiones en Punta Dominical, Osa, en el Pacífico sur de Costa Rica, tiene su casa por cárcel en California, por orden de un Juez Federal, a causa de un masivo fraude por centenares de millones de dólares.Se trata de Danny Pang, de 42 años, recluido en su casa de Newport Beach, quien renunció a principios de mayo como director general del Grupo de Gestión de Capital Privado (PEMGroup), de Irvine, California. Su abogado ha negado las acusaciones de fraude.
El diario The Wall Street Journal ha informado profusamente que  la Securities & Exchange Commission (SEC), de Estados Unidos, presentó una demanda civil contra Pang, acusándolo de operar la empresa como una “alcancía personal”. Independientemente, la Comisión de Bolsa y Valores también presentó cargos contra Pang.



 




 
Varios afectados han alegado que la empresa PEMGroup tenía un déficit de entre  400 a 600 millones de dólares, debido a que utilizaba el dinero de nuevos inversionistas para pagar compromisos atrasados.

Por otra parte, las autoridades Federales investigan múltiples retiros de dinero en efectivo, ya que eventualmente Pang habría utilizado para el negocio de bienes raíces en Costa Rica un monto de 20 millones de dólares, que invertiría en una propiedad en Punta Dominical.

Para ello, Pang habría contado con la participación de un ejecutivo de su firma, con residencia en Illionois, a través de una supuesta empresa llamada Nevada Corporation.

Los registros, junto con entrevistas y correos electrónicos revisados por The Wall Street Journal, plantean interrogantes acerca de si el dinero del inversionista, controlado por. Pang y su empresa, se utilizó para la ayuda personal de la transacción de bienes raíces en Dominical, por ese monto.

Entre tanto, cinco bancos de Taiwán que distribuyen los valores de gestión de la empresa de Pang, están tratando de compensar a los clientes, así como proteger los títulos que compraron.

Punta Dominical

De acuerdo con la información difundida en los Estados Unidos, Pang posee en Punta Dominical un terreno de dos mil acres (alrededor de 80 hectáreas), en el que construye o ha construido diversos edificios para vender a futuros clientes.

En la región de Osa, principalmente en Dominical, inversionistas estadounidenses desarrollan complejos turísticos para vender el concepto de naturaleza y playa, ya que es casi el único lugar en Costa Rica donde el mar está cerca de la montaña.

Uno de los proyectos turísticos en Punta Dominical alcanza una inversión de más de 15 millones de dólares y contempla más de medio centenar de condominios, un hotel, piscinas, gimnasio, oficinas administrativas, caseta de vigilancia, minibodegas y depósito de basura, entre otros.

El Frente Nacional de Comunidades Costeras y Defensores del Ambiente en Osa han denunciado que los pobladores de la zona marítimo-terrestre (ZMT), temen ser desalojados debido a proyectos turísticos que se gestan, como ha ocurrido en los últimos años y hace poco menos de un mes.

La ZMT es una franja de 200 metros de ancho desde el fin de la creciente del mar. Tiene dos partes: los primeros 50 metros, que son públicos, y los restantes 150, que se pueden dar en concesión.

La Ley sobre zona marítimo-terrestre rige desde el 16 de marzo de 1977; no obstante, según la Procuraduría General de la República, las personas que ocupaban esos terrenos desde antes de la ley no pueden ser desalojadas, sino trasladadas. Sin embargo, una familia sufrió la destrucción de su vivienda, que ocupaban desde hace 60 años, por parte de una cuadrilla de la Municipalidad de Osa.

En el dictamen C157-95, del 16 de julio de 1995, la Procuraduría definió que  “los pobladores son aquellos costarricenses por nacimiento, con más de 10 años de residencia continua en la ZMT”.
La Contraloría General de la República (CGR), ha ordenado a la Municipalidad de Osa investigar si las concesiones de Punta Dominical y tres sociedades más de dueños estadounidenses se aprobaron sin cumplir algunos requisitos de ley.

Además de la CGR, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), y la Defensoría de los Habitantes investigan una serie de irregularidades cometidas en cuanto al otorgamiento de concesiones a inversionistas extranjeros y el incumplimiento de la legislación ambiental costarricense, entre otras.
 
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