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UCR pide al Gobierno derogar decreto y restablecer moratoria para la minería a cielo abierto
lunes, 25 de mayo de 2009

Zaida Siles Rojas Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

La Universidad de Costa Rica (UCR) le pidió una vez más al Gobierno que derogue el Decreto Ejecutivo N.° 34801-MINAET, al mismo tiempo le solicitó que restablezca la moratoria indefinida para la minería química a cielo abierto, al considerar que contraviene la política gubernamental de Paz con la Naturaleza, y el compromiso del país con el desarrollo sostenible y la preservación de la biodiversidad.

La petición es parte de un acuerdo que el Consejo Universitario aprobó en sesión extraordinaria, este jueves 21 de mayo, mediante el cual acogió el Informe Especial: Minería química a cielo abierto: El caso de Las Crucitas, elaborado por una Comisión Especial de este Órgano Colegiado, coordinada por el Dr. Alberto Cortés, y en la que participaron diferentes especialistas de la Universidad.

 

De esta manera, la UCR le reitera al Gobierno que derogue el Decreto mediante el cual se declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, desarrollado por la empresa Industrias Infinito S. A., debido a que contraviene la legislación ambiental nacional y el principio precautorio, asociado al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como lo establece el artículo 50 de la Constitución Política.

 

Al mismo tiempo, el Consejo Universitario denunció ante la opinión pública que las autoridades ambientales no hicieron uso de las herramientas legales y técnicas que existen para evaluar el impacto ambiental real del proyecto Crucitas, a raíz de la solicitud de “ampliación” hecha por la empresa Industrias Infinito S. A., en diciembre de 2007, y la cual requería un nuevo estudio de impacto ambiental.

Otras demandas

Por otra parte, la UCR solicitó a las instancias judiciales que conocen de varias acciones en relación con el proyecto Las Crucitas, que ponderen los argumentos jurídicos y científicos de entidades académicas como la Universidad de Costa Rica, y que no se limiten solo a los estudios de viabilidad presentados ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como ocurrió con el caso de Bellavista de Miramar, cuyo colapso en julio de 2007 fue advertido por académicos, pese a las presuntas seguridades aportadas por los estudios presentados ante SETENA.

 

Así mismo, le solicitó a la Asamblea Legislativa modificar el Código Minero, a fin de que responda al logro de un desarrollo humano sostenible, y que en el proceso de elaboración del nuevo código participe no solo el sector minero, sino, también, las universidades públicas y las organizaciones de la sociedad civil.

 

El Consejo Universitario también hizo un llamado al Gobierno para que promueva en el país un modelo de desarrollo humano sostenible que cuente con una amplia participación comunitaria. “La presente crisis económico-financiera global debe hacernos reflexionar acerca de qué cosas son importantes en el proceso de desarrollo y tomar decisiones en favor de aquellas actividades sostenibles, que favorezcan la inversión local, y los mejores intereses de la sociedad y el ambiente en el largo plazo”, manifestó.

 

El informe

 

El Informe Especial: Minería química a cielo abierto: El caso de Las Crucitas, es el resultado de un trabajo colectivo de 10 especialistas de diferentes disciplinas de la Universidad, quienes conformaron la comisión especial integrada por acuerdo del Consejo Universitario, en octubre de 2008.

 

El propósito es que este estudio sirva de insumo a la sociedad costarricense para reflexionar sobre las implicaciones que tendría para el país el desarrollo de un proyecto minero en la zona norte de Costa Rica.

 

El análisis de la comisión abarcó una serie de aspectos, entre ellos, el impacto ambiental de la minería a cielo abierto, el efecto del cianuro en la salud humana, el costo-beneficio/económico-ambiental de la actividad minera, Crucitas y el derecho internacional, así como la visión de las comunidades con respecto a este proyecto.
 
 
 
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