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Líder sindical y ecologista amenazado de muerte
martes, 19 de mayo de 2009
 informa-tico.com Aquiles Rivera, destacado activista ecologista, sindical y de derechos humanos en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, denunció diversos atentados y amenazas de muerte que sufrío días atrás.
El líder sindical Aquiles Rivera, quien ha librado una lucha permanente contra la contaminación de las empresas piñeras en la región de Buenos Aires de Puntarenas, fue amenazado de muerte el martes de la semana pasada por cuatro desconocidos.


La noche del martes, cuatro desconocidos que viajaban en un vehículo interceptaron a Rivera y le advirtieron que su vida estaba en peligro, que dejara de hacer lo que hacía (luchar contra la contaminación de las piñeras), al tiempo que le apuntaron con una pistola.

En esa misma semana, las oficinas de la organización sindical fueron allanadas por desconocidos que sustrajeron documentos e investigaciones sobre el uso de químicos en la región fueron extraídos de la oficina del sindicato de la Central Social Juanito Mora, en Buenos Aires de Puntarenas.

Rivera denunció que ha sufrido persecución sindical, prácticas laborales desleales y la violación a los convenios internacionales de la OIT -artículos 87, 135 y recomendación 143- que garantizan la defensa del medio ambiente, del agua y de la tierra.

 

Denuncias sobre el caso Rivera
 

Esa acusación fue presentada ante la fiscalía ambiental, pero las organizaciones sociales que trabajan con la ayuda de CEDARENA (Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales) manifestaron que el tema trasciende la lucha por el rescate y la conservación del medio ambiente.

El caso de Rivera, de 52 años, quien tiene cuatro hijos, sería denunciado ante Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para que se soliciten medidas cautelares de protección, anunciaron varias organizaciones sociales.

"Hemos denunciado pública y judicialmente la situación en Buenos Aires, que es el segundo cantón más pobre del país. Se trata de un problema de persecución sindical y violación a convenios internacionales de la OIT. El pasado 7 de mayo los representantes de las empresas Pindeco-Del Monte debían comparecer en el Tribunal de Pérez Zeledón. Ese día no llegó ni el juez ni los apoderados de Pindeco Durante el fin de semana posterior se dio la violación de la oficina de la Central Social Juanito Mora", afirmó a los medios de difusión Luis Serrano, representante legal de SITEPP (Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada).

Las denuncias de las organizaciones sociales fueron recibidas en San José desde el 6 de octubre del 2008. Sin embargo, el tribunal se declaró incompetente por lo que remitió el expediente a Buenos Aires de Puntarenas. De igual manera, este tribunal se declaró incompetente y trasladó la denuncia al tribunal de Pérez Zeledón.

Para el diputado José Joaquín Salazar (PAC) "más que una crisis económica estamos ante una crisis de principios. Este gobierno le ha puesto oídos sordos a las personas que defienden el medio ambiente y la salud. Se destruye el ambiente en nombre de la producción. Estas personas defienden los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho al agua, su derecho a poseer la tierra y sus derechos laborales".

La fracción del PAC se comprometió a solicitar acciones concretas ante el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República. Los diputados demandan que el caso sea investigado y que se tomen las acciones pertinentes para proteger la integridad física de los líderes sindicales, comunales y ambientalistas.

Las organizaciones sociales solicitaron medidas cautelares de protección en el marco del proceso judicial. También están solicitando protección y garantías ante los organismos internacionales como Amnistía Internacional.

 

Otro caso: preocupa seguridad de universitarios
 

Algunos días antes del caso de Aquiles Rivera, el viernes 24 de abril, dos funcionarios del Proyecto kioscos ambientales de la UCR que dormían en un hotel de la comunidad de Puerto Viejo de Talamanca fueron asaltados por dos hombres con el rostro cubierto que se llevaron todas las pertenecías, equipos y materiales de trabajo.

Si bien puede considerarse parte de la inseguridad ciudadana creciente en todo el país, en la Federación Ecologista creen que la fuerza de ese ataque "es desmedido" por lo que ni los integrantes de Kioscos Ambientales de la UCR o de grupos ambientalistas descartan que fuera una amenaza encubierta hacia las actividades de denuncia que viene realizando los universitarios.

Liliana Monge, activista social de Kioscos Ambientales dijo a Informatico.com que "nos preocupa la seguridad de nuestros compañeros pero también de la gente en las comunidades que quedan en una situación vulnerable pues ellos son los que quedan allá con sus reivindicaciones".

"Es una forma de acallarnos y obstaculizar nuestro trabajo", agregó.

Monge destacó que "tenemos el apoyo de la Universidad de Costa Rica desde sus más altos niveles. Y seguiremos haciendo lo que hacemos".

Los involucrados ya interpusieron una denuncia judicial sobre los hechos expuestos.

Kioscos Ambientales nació del trabajo Informativo de la UCR sobre el referendo del tratado de libre comercio. Ese contacto directo con las comunidades permitió a la Universidad detectar preocupaciones socio-ambientales sobre temas como protección del agua, manejo de desechos, la contaminación del aire y la explotación de recursos naturales, entre otras que actualmente son atendidas desde este espacio.

El programa tiene como objetivo principal "promover ciudadanía activa a partir del fortalecimiento de las capacidades organizativas y la incidencia político institucional de actores en la resolución de las problemáticas ambientales".

Para ello el programa pone a disposición de la comunidad asesoría en materia técnica y legal, giras informativas y desarrolla procesos socio educativo.

Funcionarios de Kioscos ambientales destacaron que han recibido distintos tipos de presiones directas de grupos desarrolladores y mediante publicaciones anónimas cuestionando el papel de compromiso de la acción social universitaria con las comunidades.

 

Antecedentes de otras amenazas en Costa Rica
 

Una historia de impunidad y silencio
 

Estas amenazas, robos o accidentes no son nuevas, al menos para movimiento ecologista y ambientalista de Costa Rica, si no que se circunscriben a una serie de antecedentes como:

    * La muerte en circunstancias no esclarecidas del compañero indígena Antonio Zuñiga luchador en contra de la cacería ilegal, en la Reserva Indigena de Ujarrás, en abril de 1989.
    * La muerte, a balazos, no esclarecida del compañero Oscar Quirós dirigente de la Lucha en contra la deforestación en Sarapiquí en diciembre 1992.
    * Las constantes amenazas y presiones recibidas, en momentos culminantes de sus luchas, por diferentes compañeros y compañeras del movimiento ecologista que han denunciado y luchado contra el daño ambiental provocados por distintos proyectos. Entre estos casos se pueden mencionar las amenazas a la escritora Ana Cristina Rossi, a la periodista Patricia Sánchez, y el del ingeniero forestal León González.
    * El incendio simultaneo, Abril de 1995, de las viviendas de los compañeros Geólogo Wilfredo Rojas y la compañera trabajadora social Elizabeth González, profesionales integrados a la Campana Contra de instalación del Relleno Sanitario en Cordel de Mora.
    * La muerte en un incendio, cuyas causas no fueron esclarecidas satisfactoriamente por la investigación oficial, de los compañeros Oscar Fallas, Jaime Bustamante y la compañera María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), el 7 de diciembre de 1994.
    * Meses después la muerte de David Maradiaga, en julio de 1995, tras una misteriosa desaparición de tres semanas.
    * La represión y arresto de ecologistas en una marcha pacifica para demandar una moratoria a la desforestación en la Península de Osa en febrero de 1999.
    * La demanda interpuesta al programa sobre temas ambientales ERA VERDE de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y a los ecologistas Marielena Fournier y Fredy Pacheco en agosto de 2007.
    * Vecinos de la Perla de Guácimo han sido amenazados y reprimidos por exigir que se cumpla la ley y se cierre una piñera que contamina el agua. Fueron demandados 14 lideres en tribunales por y una supuesta destrucción de piña.
    * El líder comunal de Desamparados de Alajuela Abel Sánchez Solórzano fue demandado por denunciar el proceso urbanizador y sus efectos sobre la naturaleza y los recursos hídricos del cantón central Alajuelense.

El movimiento Ambiental Mesoamericano sufrió el asesinato hace catorce años de Jannette Kawas razón por la que el Estado Hondureño fue condenado recientemente por la Corte Interamericana. Organizaciones y comunidades de Honduras, El Salvador, Panamá y México han sufrido represión, detenciones, asesinato y judicialización. Y la misma situación se da en Guatemala con las poblaciones indígenas y dirigentes de organizaciones sociales y ambientales, donde recientemente el compañero Yuri Mellini sufrió un atentado y son constantes las amenazas, asesinatos sobre las comunidades
 
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