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Cooperativas objetan proyecto que modifica su participación
jueves, 02 de abril de 2009

  Electrificación rural y empresas de servicios públicos.Algunos diputados no entienden el cambio de posición, en una propuesta que fue dictaminada desde el año pasado

prensalibre.co.cr Al menos en ocho puntos y artículos objetaron los gerentes generales de cinco cooperativas de electrificación rural el proyecto de ley que modifica su participación y de las empresas de servicios públicos en el desarrollo nacional.

Ello a pesar de que la iniciativa fue dictaminada desde el año pasado en la Comisión de Gobierno y Administración, donde se supone que se obtiene el criterio de todos los afectados por cualquier propuesta y el de las entidades rectoras.

El documento, fechado el 2 de marzo de este año, es firmado por las cooperativas Coopeguanacaste R.L., Coopealfaro Ruiz R.L., Coopesantos R.L. y Coopelesca, de San Carlos, así como el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica (Coneléctricas R.L.).
En primera instancia, apuntan que el artículo 6 del proyecto es contradictorio por cuanto se obliga a garantizar el acceso a las redes de transmisión y distribución, para que los regulados suministren energía a los usuarios en el área geográfica definida por la concesión.
A ello aducen que las cooperativas y las empresas municipales son dueñas de sus líneas de distribución, por lo que no requieren tal garantía, y que debería limitarse solamente a las redes de transmisión.
“Es nuestro criterio que el legislador no debe aprobar normas que riñen con normas elementales de lógica y sentido común”, se desprende de la carta.
Precio, no costo
Además, señalan que en el mismo artículo el concepto de pago de costos debe modificarse por el de pago de interconexión, por cuanto en acuerdos, convenios o contratos se pactan precios y no costos.
Objetan también que en el artículo 7 se prohíbe el establecimiento de combinaciones, acuerdos o contratos con cualquier entidad o persona ajeno a la cooperativa, por lo que contratos de asociación empresarial con empresas privadas nacionales o extranjeras estarían en conflicto con dicha norma.
Por otra parte, advierten que las empresas municipales no pueden generar lucro ni ganancia, sino solamente prestar servicios públicos, por lo cual la yunta con privados puede condicionar el proyecto a lucro y ganancia, lo cual las desnaturalizaría.
Especial atención ponen al artículo 11 bis, el cual amplía las potestades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones para otorgar concesiones de agua a cualquier persona física y jurídica.
Tal norma sería, según su argumento, inconexo ya que la ley 8.345 dice ser especial y aplicable únicamente a asociaciones o consorcios cooperativos, o bien empresas municipales.
En consecuencia, las concesiones las debe regular otra ley. De igual forma, consideran que debe hacerse con la iniciativa para regular los grupos de interés económico.
Los firmantes advierten, además, que la consulta al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) es obligatoria, al tiempo que concluyen que la reforma es innecesaria “tal como lo hemos manifestado en otras ocasiones”.
Conversar
De acuerdo con el libertario Mario Núñez, miembro de la Comisión de Gobierno, en la plana habían hecho las consultas y audiencias del caso, y que como todo proyecto se fue mejorando.
Aseguró no ver ningún problema en buscar la forma de conversar con las cooperativas, para que hablen de sus objeciones. “Parece que la cosa es más política”, agregó.
Por su parte, Elizabeth Fonseca, quien no quiso ahondar mucho en el asunto, solamente refirió que han tenido reuniones con las cooperativas, las cuales parecen preferir que la ley continúe como está.
“El proyecto parece que haría cambios que solo beneficiarían a las empresas de servicios públicos municipales”, arguyó.
 
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