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Tribunal Ambiental de Costa Rica enfrenta intereses económicos enormes
martes, 31 de marzo de 2009

cimg0046.jpgelpais.cr  El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), de Costa Rica, denunció que se enfrenta a grupos con intereses económicos enormes, que tienen una visión diferente sobre el desarrollo en armonía con la naturaleza, y por eso dos grandes cámaras empresariales hacen campaña para desprestigiarlo.

 

En una carta abierta del presidente del TAA, José Lino Chaves, a la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa, dijo que en la entidad desde el año 2007, encontraron un serio deterioro ambiental en muchas áreas costeras.

Explicó que ello es “producto fundamentalmente de la desidia de funcionarios que debían tener control y fiscalización de proyectos, pero, lo más grave, es que determinamos que la ciudadanía había caído en una actitud pasiva ante la falta de eficacia de las instituciones encargadas de proteger el ambiente”.

 

Reiteró que el trabajo del Tribunal “es el enfrentamiento con grupos de intereses económicos enormes del país, que tenían y tienen una visión diferente a la nuestra del desarrollo en armonía con la naturaleza”.

 

“Los ataques no tardaron en llegar. Primero fueron las amenazas cobardes en contra de los Jueces, las llamadas de madrugada a nuestras casas, cuando estábamos fuera de San José en barridas ambientales dejándonos mensajes con nuestras esposas, con la frase “que se cuide la cabeza”, denunció.

 

“Es claro que la amenaza bien pudo no haber sido sólo referida al exterminio físico, sino también al exterminio de la credibilidad de la ciudadanía en el trabajo que se realiza. En la tercera barrida ambiental en Guanacaste, ya era evidente la campaña orquestada en nuestra contra para denigrarnos en lo personal y en lo institucional, pero ante eso nuestra actitud fue de más trabajo, y les falló la campaña”, aseguró.

 

Como ejemplo, citó las presiones y notas de dos grandes cámaras empresariales del país, que clamaban por que el Tribunal Ambiental no hiciera como estaba haciendo su trabajo.

 

“Esto motivó una reacción de muchos costarricenses y de medios de comunicación  que denunciaron dichas presiones en contra de nuestra actuación. Pero los agresores, no del Tribunal Ambiental sino del Desarrollo Sostenible, siguen ahí. Estos agresores usufructúan de la depredación ambiental y también sus aliados, aquellos que todos sabemos que existen pero que cuesta probarles sus actos: los corruptos”, aseveró Chaves.

 

Añadió que “el trabajo del Tribunal Ambiental afecta colateralmente los intereses de esos corruptos, y poner orden en un proyecto o una región atenta contra sus ingresos económicos”.

 

Recusos

 

El Juez ambiental informó que en el 2008 el TAA invirtió 28 mil dólares, provenientes de fondos lícitos de la Fundación de Parques Nacionales, que se utilizaron en forma exclusiva para mejorar la parte operativa como pago por arreglos de vehículos, compra de equipos, contratación de personal, entre otros.

 

Dijo que eso se hizo con un solo propósito: “dar una respuesta adecuada y ágil, en la lucha por un ambiente ecológicamente equilibrado”.

 

Chaves recriminó a los “Señores Diputados, señoras Diputadas: acaso ustedes no se han preguntado ¿por qué hasta el año pasado se le pide cuenta de esos fondos al TAA?, ¿por qué en años anteriores nunca se le pidió cuentas, a pesar de que se utilizaron más de 120 mil dólares?. ¿Acaso es casual que se persiga la no utilización de esos fondos, precisamente cuando se había emprendido una cruzada patriótica a favor del ambiente, como la llamaron algunos distinguidos diputados del PAC? ¿Cuántos fondos por conciliaciones ambientales han destinado los juzgados penales a entidades privadas, lo cual es totalmente normal en la práctica judicial? ¿Se han preguntado cuánto dinero de su bolsillo han puesto los jueces del Tribunal Ambiental para solventar las necesidades inmediatas del TAA?”.

 

De seguido respondió que “el objetivo es claro: encasillarnos únicamente en el Presupuesto Nacional, a sabiendas de las grandes limitaciones burocráticas que conlleva el presupuesto ordinario manejado a través del MINAET,  logrando por fin que el TAA no tenga recursos que le permitan agilidad”.

 

“Esto no significa, ni por asomo, que cuestiono el oficio de la Contraloría General de la República, comunicado el día 22 de septiembre del 2008 mediante oficio OM-1510-2008, en el cual se nos indica que los dineros por conciliaciones, o bien resoluciones de fondo, deben girarse a Caja Única del Estado”, explicó.

 

Chaves proclamó que “somos depositarios de la lealtad a la Ley, la respetamos y la cumplimos. Pero aquí lo que se sigue cuestionando no es si se depositaron o no dineros en la Fundación de Parques Nacionales después de ese oficio, porque ha quedado claro que no fue así. Además, lo verdaderamente sorprendente es que no se ha escuchado ni siquiera un susurro de cómo agilizar y dotar de recursos a las instituciones que hacemos cumplir la legislación ambiental”.

 

Trabajo

 

“Las consecuencias de nuestras carencias presupuestarias las tenemos a la vista: los dos vehículos asignados al TAA tienen problemas mecánicos y no hemos tenido forma de adquirir nuevos; el TAA se quedó al principio de año sin tinta y sin papel, el TAA no cuenta con recursos rápidos para efectuar una labor que pare, en forma enérgica, el daño ambiental que está sufriendo el país. Ya se han suspendido varias inspecciones y una barrida ambiental, las primeras en febrero y la segunda en esta semana, que teníamos programado visitar piñeras en la zona atlántica”, informó.

 

Indicó que solo el año pasado, el Tribunal Ambiental Administrativo intervino 36 casos en Osa, 6 en Jaco y Parrita, 15 en Santa Cruz y Carrillo y 6 en Gandoca Manzanillo, para un total de 63 casos procesados como producto del Programa de Barridas Ambientales, el cual se financió, en buena parte, con fondos extraordinarios.

 

Además, se procesaron en el TAA 461 casos nuevos en el 2008, se dictaron 117 medidas cautelares, y se efectuaron 268 inspecciones.

 

“Las metas propuestas para este año era aumentar el volumen de intervenciones, no solo en zonas costeras sino en plantaciones agrícolas extensivas como piñeras (solo aquí por denuncia o por oficio tenemos en estudio 36 expedientes de empresas piñeras). No creo que podamos cumplir con las metas propuestas, por el recorte en los fondos y por la gran cantidad de tiempo que nos hacen perder en la defensa contra los múltiples ataques que nos están profiriendo”, lamentó Chaves.

 

Por otra parte, acusó que, “por alguna razón que desconozco, algunos diputados, conscientes o no, le han hecho el juego a estos grupos de grandes intereses y que pretenden mercantilizar todo nuestro territorio sin importar las consecuencias para nuestra generación y para las generaciones futuras; es decir, nuestros hijos y nietos”.

 

Reflexión

 

El funcionario destacó que el TAA cumple con su deber, cual es tutelar los recursos naturales y la biodiversidad del país y velar por que se cumpla la legislación ambiental. Al respecto detalló:

 

“El Tribunal Ambiental Administrativo ha tomado acciones para sancionar, prevenir o mitigar daños ambientales que se están infringiendo al país.

 

“Que esta misión fue adquirida bajo juramento, por nombramiento del Concejo Nacional Ambiental.

 

“Que en atribución de sus funciones y consecuente con esta búsqueda compartida de la sostenibilidad ambiental, el Tribunal Ambiental Administrativo ha mantenido sus puertas abiertas a todas y todos los costarricenses.

 

“Es así como el Tribunal Ambiental recibe denuncias e inquietudes de todos los sectores sociales e institucionales del país, incluyendo personas físicas, gobiernos locales, instituciones estatales, grupos empresariales, empresas individuales, asociaciones de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y toda aquella persona física o jurídica que tenga interés en proteger los recursos naturales y la biodiversidad que es patrimonio de todos.

 

“Que la iniciativa especial de “Barridas Ambientales” en las zonas costeras y en todo el país, se decidió hacer en razón de las crítica situación ambiental en estas zonas y las presiones ambientales por parte de un desarrollo no planificado y en algunos casos, no todos, en total divorcio con la responsabilidad ambiental que debe mostrar todo grupo o persona que tenga amor por el país y por sus tesoros naturales.

 

“Que, como ya hemos dicho otras veces, ha llegado para Costa Rica la hora de la verdad en relación con el cumplimiento de su política ambiental: la hora en que la legislación ambiental se hace respetar y Costa Rica se enrumba claramente hacia el desarrollo sostenible, o la hora en que las presiones contra las instituciones ambientales tendrán éxito.

 

“Que ratificamos, una vez más, que los jueces del Tribunal Ambiental Administrativo nos mantendremos incólumes en nuestra labor, por encima de presiones y amenazas, directas o veladas. Nuestro compromiso es con el país, con su población actual y con el futuro de nuestras generaciones”.

 
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