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Sacan “tarjeta roja” al Gobierno en materia ambiental
miércoles, 25 de marzo de 2009

 

 Los decretos ejecutivos de “conveniencia nacional” que eliminan “trabas” ambientales, fueron criticados fuertemente en un foro.

 

semanario.ucr.ac.cr.Si bien el Gobierno al asumir el poder en el 2006 se autoasignó la tarjeta verde que lo identificaba como un abanderado del campo ambiental, después de tres años de labores le llueven las “tarjetas rojas” y así quedó evidenciado durante un foro que se celebró el 19 de marzo en la Universidad de Costa Rica (UCR).

 Así como a los futbolistas les sacan la tarjeta roja por mala conducta durante un partido, a la administración del mandatario Óscar Arias se le acumulan las sanciones por su mal proceder en materia de respeto por el ambiente, según dejaron ver los participantes en el foro “Técnicas para evadir la legislación ambiental: el caso del MINAET”.

Esta actividad fue organizada por la Comisión Ambiental de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR, en colaboración con el grupo “Llamado Urgente por el País”.

Como expositores participaron Álvaro Sagot, experto en derecho ambiental y profesor de la Universidad Nacional (UNA); y Marietta Lizano, abogada ambientalista y exdirectora del Departamento Legal del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).

Otros invitados fueron: Quírico Jiménez, exdiputado y ambientalista; José María Villalta, abogado y asesor legislativo; y Tatiana Cruz, abogada y exdirectora de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

La organización Mar Viva también participó con la exhibición del documental “Áreas marinas protegidas: donde renace el mar”.

El presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Erick Cascante, se refirió a la importancia de organizar actividades como esta, para que los futuros abogados se empapen de los problemas que aquejan al país y que formen parte de un movimiento que genere conciencia entre la población costarricense.

Consultado sobre las críticas hechas al MINAET y al Gobierno en el mencionado foro, el jerarca interino de dicho ministerio -Jorge Rodríguez- dijo respetar los criterios y defendió la labor gubernamental por el ambiente (véase recuadro “Hemos actuado de acuerdo a la ley”).

 

DECRETOS DE INCONVENIENCIA

 

A pesar de que el tema de su exposición era “La técnica de los decretos de conveniencia nacional”, Álvaro Sagot dijo que mientras se desplazaba ese día hacia la UCR, llegó a la conclusión que más bien debía llamarse “La inconveniencia de los decretos de conveniencia nacional”, debido a la contradicción que presentan los objetivos de estas directrices gubernamentales.

Sagot, miembro del grupo Llamado Urgente por el País, afirmó que los decretos son un mecanismo legal de excepción que permiten talar bosques y afectar negativamente los recursos hídricos, como es el caso del proyecto minero Las Crucitas, en la zona norte del país.

Explicó que hay una lista larga de los decretos de conveniencia nacional, los cuales en una buena parte corresponden a proyectos hidroeléctricos del sector privado. Según el abogado, a pesar de que este mecanismo legal aplicado por el Gobierno no es inconstitucional y así lo hizo saber la Sala Constitucional (IV) en el voto 2006-17126, sí se hacen interpretaciones dudosas de determinadas leyes para su aplicación, como ocurre con el artículo 2 de la Ley forestal (No.7575).

Dicho artículo define que son actividades aquellas “realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socio-ambientales. El balance deberá hacerse mediante los instrumentos apropiados”.

Mientras tanto, el artículo 19 estipula que: “En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la

Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados,

de conveniencia nacional”.

Sagot cuestionó las interpretaciones que el Gobierno ha hecho a estas leyes y para emitir sus decretos, pues en su opinión la construcción de hoteles como uno proyectado en Punta Cacique y la mina Las Crucitas, no son proyectos que calcen con la definición de “interés nacional” y más sirven para dañar el ambiente.

Recordó que aunque la Sala IV ha avalado los decretos de conveniencia, también en sus pronunciamientos ha dicho que deben aplicarse los mecanismos necesarios para fundamentar la declaratoria, sin que esto signifique que se va a aplicar una discrecionalidad tan amplia, que se convierta la medida en más bien una arbitrariedad.

Para reforzar lo anterior, citó el voto salvado en esa ocasión por el magistrado Gilbert   Armijo, quien destacó que “a todas luces resulta evidente que las normas impugnadas confieren una autorización a las instituciones públicas para vulnerar el derecho protegido en el artículo 50 de la Constitución Política, que desde ningún punto de vista debe ser soslayado por este Tribunal Constitucional. Lo anterior por cuanto estas normas facultan a la Administración Forestal del Estado para realizar proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional, sobre proyectos que previamente han sido declarados áreas de protección, y sobre los cuales existe prohibición de corta o eliminación de árboles”.

Sagot criticó que en el caso del hotel por construir en Punta Cacique, el Instituto Costarricense de Turismo lo defendió tras alegar que el proyecto era viable basado en un estudio de prefactibilidad, en el cual la viabilidad se analiza desde un  punto de vista empresarial y no desde la óptica ambiental.

Agregó que un criterio similar se dio con la mina Las Crucitas, en donde el decreto autorizó la tala rasa del bosque (227 hectáreas), que incluye especies vedadas como el almendro amarillo, el cual tarda más de 300 años para alcanzar un diámetro de 80 centímetros a la altura del pecho de una persona.

El abogado lamentó que las declaratorias de los decretos sean deficientes a la hora de sustentarse en una fundamentación técnica y jurídica.

 

MINAET, UN CADÁVER

 

Por su parte, la exdirectora del Departamento Legal del MINAET, Marietta Lizano, fustigó el desempeño en materia ambiental de esta entidad, cuyas oficinas están descoordinadas. “Cada día es más un cadáver, que un ministerio viviente” y en su nombre la palabra ambiente prácticamente va de última, añadió.

Ella estima que en términos generales, este gobierno ha quedado en deuda frente a su iniciativa de Paz con la Naturaleza.

A Lizano le correspondió hablar sobre el tema: “La SETENA: entre dos fuegos”. A su parecer, este ente se ha convertido en un tramitador de permisos y de paso se ha politizado más de lo necesario, por lo que se hace necesario revisarla.

La especialista en derecho ambiental cree que ha faltado una evaluación del impacto sinérgico del desarrollo (acción concertada de varios órganos para realizar una función), con controles cruzados de las instancias responsables de fiscalizar cualquier tipo de obra y así evitar que se utilicen subterfugios, como ha ocurrido con las llamadas parcelas rurales, para las cuales algunas personas han interpretado que no se requieren de estudios de impacto ambiental y aprovechan para realizar desarrollos urbanísticos.

Lizano piensa que a algunos miembros de la SETENA les falta experiencia en el análisis de los proyectos y que tienen una visión de que eficiencia y rapidez es lo importante, que los permisos deben ser aprobados ante todo.

Por otro lado, el exdiputado Quírico Jiménez –quien desarrolló el tema “Decretos Ejecutivos nefastos en detrimento de la legislación ambiental vigente”, se quejó porque el tema ambiental nunca está dentro de los programas de las agrupaciones políticas.

Comentó que la actual Administración no es la excepción, pues se dedicó casi exclusivamente a promover el tratado de libre comercio con Estados Unidos, mientras que la de Abel Pacheco lo hizo con el llamado plan fiscal. Para él, este gobierno “en el campo ambiental ha sido terrible”.

Por esta situación no eximió de responsabilidad a la Asamblea Legislativa, ya que por el mal manejo que ha hecho de la legislación ambiental, el Gobierno se ha dedicado a legislar por medio de los decretos de conveniencia nacional, que son una evidente contradicción con su programa Paz con la Naturaleza, e igual de contradictorio es que esos directrices sean firmadas por el jerarca del MINAET, encargado de proteger el ambiente.

Al igual que Sagot, puso como ejemplos de decretos perjudiciales los referidos al proyecto hotelero Punta Cacique y el de minería Las Crucitas.

Por estas razones, Jiménez calificó las políticas ambientales de Costa Rica como dobles en cuanto a lo discursivo y a su moral.

“El panorama está muy claro: hay una anteposición de los intereses individuales a los intereses de la sociedad”, advirtió. Además, existe una anarquía en el campo de las regulaciones ambientales y “todo se acomoda en beneficio de la inversión extranjera”, reprochó Jiménez.

Parecida posición expresó el abogado José María Villalta, al ahondar sobre “Recientes decretos que intentan evadir las regulaciones ambientales”, mediante los cuales “en algunos casos los hacen para favorecer a un empresario específico, sabiendo que vamos a impugnarlo ante la Sala IV y mientras lo hacemos se pueden generar algunas situaciones consolidadas”, como sucedió en un terreno costero en Quepos y en Las Crucitas.

Villalta advirtió que “por este portillo que están abriendo de los decretos de conveniencia nacional, prácticamente pueden dejar las normas de protección ambiental y otras leyes, sencillamente en normas huecas, vacías de contenido”.

Mientras tanto, Tatiana Cruz -exdirectora del entre adscrita al MINAET: la SETENA– expuso acerca de “Las sanciones al daño ambiental: efectos y limitantes”.

La abogada aseguró que no existe dentro del MINAET una metodología oficializada para hacer las valoraciones de daños ambientales, a pesar de que desde hace varios años hay un borrador que elaboró una empresa y que se ha utilizado en algunas áreas de conservación para realizar este tipo de cálculo.

Cruz, quien renunció el año pasado de su cargo en la SETENA a raíz de la diferencia de criterios por resoluciones relativas a las empresas piñeras, describió las sanciones que se pueden aplicar a los infractores de las leyes ambientales. Las que pueden aplicarlas por la vía penal son: tribunales de justicia, Sala Constitucional, y Tribunal Contencioso Administrativo.

A su parecer, la tardanza en pronunciarse de los tribunales y demás instancias administrativas que resuelven los casos de irrespeto al ambiente, perjudican mucho la salud ambiental del país, dado que estos factores se traducen en una impunidad que genera mayor contaminación, aparte de que hay personas o empresas que creen que una adecuada gestión ambiental resulta muy onerosa.

De acuerdo con Cruz, a ello debe sumarse la permanente falta de recursos y de capacitación en las instituciones de vigilancia del ambiente, lo cual hace que en muchas la fiscalización sea deficiente o casi nula. Recordó que hace tres años en la SETENA solo había tres vehículos para labores de control.

Instó a fortalecer la capacitación de los funcionarios responsables de velar por el ambiente y a mejorar los sistemas de tramitación de permisos, para que no resulten tan engorrosos.

 

Jerarca del MINAET:

“Hemos actuado de acuerdo con la ley”

 

El jerarca interino del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Jorge Rodríguez, afirmó que “hemos actuado de acuerdo con la ley”, al referirse a las críticas de los expositores en el foro “Técnicas para evadir la legislación ambiental: el caso del MINAET”.

Tras aclarar que respetaba las opiniones de las personas sobre el ministerio que ahora dirige –después de que renunció el titular Roberto Dobles-, insistió en que los decretos con declaraciones de conveniencia nacional se hicieron así porque era necesario.

Rodríguez hizo ver que las acusaciones las percibe sin fundamento, pues “hay elementos científicos en cada uno de los casos que demuestran que son necesarios y el Gobierno ha considerado que hay interés nacional y así lo ha aplicado; por eso no considero que estemos burlando la ley”.

El funcionario discrepó de quienes aseguran que el Gobierno está debiendo en materia ambiental, ya que “si nos ponemos a analizar el fortalecimiento que hemos venido dando en la parte gubernamental e institucional, me parece que es ventajoso”.

Agregó que los anteriores gobiernos no lograron fortalecer las instancias relacionadas con el ambiente, como sí lo ha hecho esta administración, y solo le dieron importancia a la agenda verde (protección de áreas de conservación y las forestales), en detrimento de la agenda café (contaminación de ríos, problemas de la basura, uso de agroquímicos) y de la azul (recurso hídrico)

Rodríguez enumeró como logros del Gobierno los programas para mejorar la calidad del aire en el área metropolitana, para proteger la capa de ozono, y para evitar la contaminación por escurrimiento de aguas en la región caribeña, así como el desarrollo del plan nacional de gestión integrada del recurso hídrico.

En su opinión, las personas que cuestionan dicho trabajo en el campo ambiental, están aprovechando el tema para debatir con carácter político y sin aportar nada.

 
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