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Aprueban proyecto de cogeneradores privados en primer debate
martes, 17 de marzo de 2009

 El proyecto de ley regula el sistema de concesión de las aguas para la generación de energía y según sus diputados proponentes llena un vacío legal existente. Ecologistas creen que se están pagando favores políticos, según publicación de Informa-tico.com este lunes.

Por Fernando Francia informa-tico.com Luego de varias semanas en discusión se aprobó en primer debate el proyecto 16.949 "Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica".


Según explicó el libertario Luis Barrantes, proponente de la iniciativa, en 1996 con la entrada en vigencia de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), se presentó una laguna sobre quién daba las concesiones para la generación de energía por medio del agua.

 

Al darse ese vacío, comentó Barrantes, las concesiones que existían vencieron y hay empresarios con la cuchilla baja porque el ICE no puede comprarle electricidad porque no hay quién renueve esas concesiones.

 

Al eliminarse Ley del Servicio Nacional Eléctrico, se eliminó el mecanismo que debía de seguir cualquier interesado para obtener una concesión de agua para la generación de energía eléctrica, o bien para renovar las concesiones ya existentes.

 

"Este error costó que a la fecha, el Estado costarricense no cuente con el medio legal idóneo para otorgar concesiones para la generación de energía hidráulica y que el sistema eléctrico costarricense se haya visto disminuido", dijo Barrantes.

 

Por su parte, José Merino, del Partido Frente Amplio, ha defendido mociones por varios días para tratar de mejorar el proyecto, a pesar de que se opone totalmente al mismo.

 

Merino ha denunciado las "jugosas ganancias" que este sistema ha creado a los cogeneradores privados, que tenía su producción asegurada a un costo mucho más elevado que el costo de la energía eléctrica del ICE.

 

Merino dijo en el Plenario Legislativo que el texto viene a favorecer a unas cuantas empresas cogeneradoras.

 

"Este proyecto apuntala privilegios para la electricidad privada. Es la continuación de las leyes 7200 y 7508 apuntalando bochornosos privilegios que han disfrutado 27 empresas privadas dueñas de 24 hidroeléctricas, 3 proyectos eólicos y 2 proyectos con biomasa los ingenios El Viejo y Taboga", expuso del Río.

 

Un informe publicado ayer por Informa-tico.com señala más de 200 millones de colones aportados por empresarios de la cogeneración eléctrica privada a la campaña de Oscar Arias en 2006.

 

Diputados del PAC que votaron a favor este proyecto aducen que "fue lo mejor que pudimos conseguir", apelando a la "política real" su apoyo al mismo.

 

Para el diputado Sergio Alfaro el proyecto no tiene los defectos mencionados tales como que los concesionarios podrán explotar las cuencas sin los debidos controles ambientales. Leda Zamora externo satisfacción por haber podido eliminar el "costo evitado" cláusula mediante la cual los cogeneradores vendían al ICE con tarifas excesivas y señaladas como "lesivas" por la Contraloría General de la República.

 

Un artículo publicado ayer por Informa-tico.com daba cuentas de más de 200 millones de colones aportados por empresarios de la generación eléctrica privada a la campaña de Oscar Arias.

 

Dudas razonables

 

El diputado Ronald Solís (PAC) todavía tenía dudas en la tarde de ayer antes de votar el proyecto.

 

Según él se lograron cosas buenas: "se mantiene el tope del 15%" referido a que la cogeneración privada puede llegar a ese porcentaje de la capacidad instalada en el país, y que "el tope de plantas sea de 20 megas", es decir que las plantas no pueden ser de mayor capacidad de producción que lo establecido allí.

 

Pero sus dudas rondaban el tema del plazo de las concesiones. "No estoy conforme con el hecho de que sean concesiones a tan largo plazo o la manera en que habrá quedado la concesión de agua para la agricultura. Me preocupa que haya muchas cosas que no están claras", dijo a Informa-tico.com.

 

Otro tema que le preocupaba a Solís, es que "hace como cinco meses se le asignó a la ARESEP que resolviera lo de las tarifas, pero parece que están esperando a que salga la ley para resolverlo". Según el diputado "no huele bien" que la ARESEP no se haya pronunciado ya al respecto.

 

Transitorio renueva contratos

 

Llama la atención en el texto de la ley que un "transitorio" permite que "se les prorroga la concesión de fuerza hidráulica por una única vez, por un período de hasta dos años, en las mismas condiciones establecidas originalmente".

 

Esas mismas condiciones incluirían el "costo evitado", tan repudiado por diputados, Contraloría, Procuraduría, organizaciones sociales y sindicales, entre otros.

 

Solís señaló que ese transitorio podría haberse agregado "para arreglar algún asunto. Aquí hay concesiones que ya se vencieron y aparentemente no paralizaron la producción y no la han paralizado. Entonces creo que lo que están haciendo con este transitorio es darle continuidad a los que continuaron sin ley", dijo y agregó que "aquí se están curando en salud para que los que no paralizaron tengan su salida jurídica", concluyó Solís.

 

Duras críticas

 

Para el sector ecologista que ha estado opuesto a este conjunto de leyes y a la manera en que se ha enfocado el tema desde hace varios años estas leyes se basan en premisas falsas.

 

Mauricio Álvarez de la Federación Ecologista señaló que es falso que el ICE no pueda generar más energía y que llegaremos a un colapso energético el siguiente verano, es falso que la energía que no se compra a cogeneradores debe, forzosamente, reponerse con energía contaminante y cara y, además, resulta que el ICE no ha podido modernizarse y renovarse por la propia acción de los políticos que tienen intereses en ese sector empresarial".

 

Álvarez denunció que es, justamente, "la acción de políticos-empresarios que han sumido al ICE a un estado de poca y nada de inversión y que luego se proponen como la alternativa energética". Además, agregó que "resulta muy evidente, según la información de accionistas, socios y empresas comparada con la del Tribunal Supremo de Elecciones que aquí se están pagando favores políticos".

 

 
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