header image
Proyecto de ley favorecería a financistas de campaña electoral de Oscar Arias
lunes, 16 de marzo de 2009

 El proyecto de ley de generación hidroeléctrica, que se discute en la Asamblea Legislativa, asegura la venta de electricidad por parte de privados a la estatal ICE y generaría ganancias a grupos y empresas que aportaron cerca del 15% del total de la campaña electoral del hoy presidente Oscar Arias, en el 2006. Ecologistas y el diputado Merino del Río han manifestado objeciones al proyecto de ley.

Por Fernando Francia informa-tico.com. Un grupo de empresas cogeneradoras de energía aportaron cerca del 15% del financiamiento de la campaña electoral del presidente Oscar Arias en el 2005 y el 2006.

El dato trasciende cuando el proyecto de ley "marco de concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica" que pronto podría ser aprobado en primer debate, es centro de una fuerte polémica sobre lesividad en contratos y tarifas de electricidad El proyecto de ley plantea la extensión de concesiones de las llamadas "cogeneradoras privadas" con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

 

Uno de los objetivos del proyecto legislar sobre el otorgamiento de concesiones para el uso del agua en la generación de electricidad. Según Luis Barrantes, jefe de la bancada del Partido Movimiento Libertario "esto repara una laguna jurídica que teníamos en Costa Rica", exiplicó.

 

"En este momento hay muchas empresas con las cuchillas bajas, debido a que muchas concesiones se han terminado y no pueden renovarse. Este proyecto de ley permitiría renovarlas", agregó Barrantes.

 

Diversas empresas y miembros de las sociedades anónimas cogeneradoras figuran como importantes financistas de la campaña electoral de Oscar Arias, con aportes millonarios que se desprende de los reportes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se puede ver cómo un total de, por lo menos ¢206.876.329.

 

Esto es cerca de un 15% del total recibido para la campaña de Oscar Arias Presidente que concluyó en febrero del 2006.

 

En este sentido, Álvarez dijo que este es el momento para negociar con los cogeneradores privados un arreglo en temas tarifarios. Una vez que se apruebe esta ley habrá menos margen para una buena negociación para el Estado y el bien público. El ecologista dijo, además, que "se les está brindando en bandeja de plata una herramienta para sus negocios y saldar así la inversión que hicieron en la campaña de Oscar Arias".

 

El propio mandatario Oscar Arias está vinculado a Ingenios Taboga SA y su hermano Rodrigo Arias Sánchez ha sido accionista por más de 15 años de dicha sociedad. También figura como accionista el diputado liberacionista Fernando Sánchez Campos.

 

Sólo entre Oscar y Rodrigo Arias suman más de 97 millones de colones en aportes a la campaña.

 

Consultado al respecto, el diputado Fernando Sánchez dijo que no creía que existiera una vinculación entre cogeneradores y la campaña de Oscar Arias. Además, el diputado dijo a Informa-tico.com que no cree que el aporte de socios de empresas cogeneradoras a la campaña de Oscar Arias en 2006 influya en la decisión de la Asamblea respecto a este proyecto de Ley. "No veo por qué, no debería", dijo Sánchez.

 

Otras empresas cogeneradoras que se vería beneficiadas con la aprobación de esta ley y que aportaron millones de colones a la campaña del actual presidente son Azucarera El Viejo SA, Corporación Guanazucar SA, Cafetalera Sánchez Benavides SA, Corporación Jerono de San Jose SA, Quebrada Azul SA, entre otras.

 

Varios accionistas del Ingenio Taboga SA hicieron aportes de forma personal o por medio de otras empresas.

 

Pero destaca la cogeneradora Molinos de Viento Arenal SA que tiene un contrato de cogeneración eléctrica y sus propietarios financiaron la campaña de Oscar Arias. Uno de los propietarios de esta empresa es Mesoamerica Power Development, propiedad del grupo Mesoamérica Investments.

 

De esta manera se puede rastrear aportes extranjeros a la campaña presidencial una práctica ilegal según el Código Electoral.

 

Mesoamérica Investments representa a los capitales más poderosos de la región, entre ellos Poma, Motta Bosh Gutierrez, Lacayo, Jiménez Borbón, entre otros por medios de múltiples sociedades y personas físicas que, juntos, donaron más de 60 millones de colones.

 

Destaca dentro de estas donaciones la del empresario salvadoreño José Ricardo Poma, por medio de las sociedades Parque Central y Centro Comercial Multiplaza.

 

Otra empresa vinculada a Mesoamérica Investments es P.H. Don Pedro SA, por medio de la sociedad Energía Global de Costa Rica SA.

 

El monto total que se pudo rastrear en los archivos del TSE en donde aparecen empresas cogeneradoras o sus socios es de 206 millones 876 mil 329 colones, aunque cabe destacar que en la estructura de cuentas paralelas y donaciones al PLN puede haber "maquillado" algunas donaciones adicionales de este grupo de poderosos empresarios.

Otras 35 sociedades anónimas, que no se pudieron investigar, podrían haber también aportado fondos a las campañas de PLN y Oscar Arias.

 

PAC: "Se eliminó la lesividad"

 

La ley 7200 de 1990 facilitaba la entrega de concesiones a empresas privadas para generar electricidad y obligaba al ICE a comprarle toda su producción, más allá de que se necesitara o no.

 

Además, en la normativa anterior se fijaba el "costo evitado". Esto se basa en un supuesto de que el ICE solamente podría suplir la energía generada por los privados con energía térmica y por lo tanto el costo de la energía que compra a los privados deberían ser menores a ese costo. Esto hace que el ICE debía comprar la energía apenas a un precio menor al costo de producción de la energía térmica.

 

Sin embargo, según Leda Zamora, diputada del PAC, esta cláusula se eliminó en la nueva ley. "Las concesiones están restringidas a lo establecido en la ley 7200 o sea que son menores a 20 megavatios de capacidad y que todas las concesiones otorgadas no pueden superar el 15% de la capacidad total instalada en el sistema".

 

Pero además, otra ley, la 7508, sube esos límites y aprueba concesiones de hasta 50 megavatios manteniendo el 15% del total de capacidad instalada para generar energía en el sistema a nivel nacional.

 

El PAC apoya esta ley, porque cree que "la realidad política nos obliga a contar con esta normativa". Ante la apertura total que estaban ellos solicitando, el único acuerdo posible fue que no crezcan más allá de lo establecido en la normativa vigente como son las leyes 7200 y 7508", advirtió Zamora.

 

Para generar energía eléctrica se necesitan dos concesiones y un contrato. La concesión de fuerza hidráulica (que lo regula este proyecto de ley) y la concesión de servicio público que la otorga la Autoridad de Servicios Públicos (ARESEP). Por último, el contrato es un acuerdo de compra venta de energía entre el cogenerador y el estatal ICE. "Allí logramos eliminar el ‘costo evitado' como un criterio para fijación de tarifas y que tiene que estar conforme a los principios del servicio público establecido en la Ley de la ARESEP", dijo Zamora.

 

El PAC está de acuerdo con la generación privada, pero sin abusos tarifarios y sin tráfico de influencias, dijo la legisladora.

 

Este proyecto de Ley tiene el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, excepto la unipersonal del Frente Amplio, del diputado José Merino.

 

Principales objeciones a la ley

 

Para el diputado José Merino, del Frente Amplio, el principal problema ha sido es el balance global respecto a los costos de la energía que el ICE estuvo obligado a pagar durante tantos años. "Además se dice que el problema es que el ICE no ha tenido la capacidad para producir esa energía, pero porque desde los años noventa se le han impuestos esas tarifas", aseguró Merino.

 

Varias de esas concesiones ya vencieron o vencen pronto y el proyecto de ley en discusión las renovaría por 25 años prorrogables en otros 25 años, aseguró Merino mientras defendía en el Plenario Legislativo las mociones interpuestas al proyecto de Ley. Esto, dijo el legislador, genera ganancias "aseguradas" para las empresas cogeneradoras.

 

Merino estuvo defendiendo mociones durante varios días en el plenario legislativo. Allí dejó claro las posiciones de varias organizaciones respecto a lo que han generado los veinte años de vigencia de la ley 7200.

 

Merino citó estudios de la Federación Ecologista que ha calculado “que la sangría llega 1.500 millones de dólares”, un monto, que “por hora llega a una suma increíble”, comentó Merino ante el resto de diputados.

 

Los estudios de la Federación Ecologista explican que “dos décadas de políticas neoliberales han beneficiado a los intereses privados y han debilitado la capacidad instalada del ICE, así como su posibilidad de inversión.

 

Varios informes de la Contraloría General de la República indicaban la "lesividad" de algunos de esos contratos entre el ICE y las cogeneradoras. A partir de ahí y tras la denuncia de la Federación Ecologista en el año 2001 se inició un debate para derogar la ley 7200 para así poder cancelar los contratos o negar su revalidación.

 

En una comisión mixta que trataba el tema en la Asamblea Legislativa en 2002 el Procurador General de la República a.i., Farid Beirute, consideró ante los diputados que "...la Ley No. 7200, plantea errores y actuaciones, no quiero calificar dolosas, pero si irregulares. En el tanto parten de una premisa de que hay que amarrar al ICE, sujetarlo para permitir que otros privados presten el servicio que el ICE, si no tuviese esas limitaciones presupuestarias, hubiese podido realizar por sí solo".

 

Según Mauricio Álvarez, vocero de la Federación Ecologista y que le ha dado seguimiento al tema desde hace varios años "un recurso de amparo interpuesto por las comunidades de Rivas de Pérez Zeledón estableció que las concesiones de agua para generación eléctrica no eran adecuadas, y por lo tanto el gobierno convocó una nueva ley para establecer un marco adecuado".

"Pero lo que no entendemos -dijo Álvarez- es ¿por qué los juicios de lesividad ordenados por la Contraloría no se han realizado. ¿Quién está defendiendo a las empresas que le ocasionan un grave daño al ICE y a todos los costarricenses?", se preguntó Álvarez.

 

Álvarez fue muy directo: "es evidente que aquí se está beneficiando a algunos políticos-empresarios, no solo por no derogar las leyes 7200 y 7508 ni realizar los juicios de lesividad, sino que ahora se les gestiona una nueva ley", indicó..

 

Álvarez solicitó al PAC que, acorde a su política de escuchar a los movimientos sociales y de rescatar la ética en la función pública, "se haga eco de todas estas denuncias y trabaje para oponerse a este nuevo proyecto que representa un debilitamiento de la institucionalidad y el ICE".

 

Álvarez indicó a Informa-tico que "la reciente renuncia de Dobles se debió, más que nada, a la vinculación del Ministro con este tema de las cogeneradoras. La ley marco de electricidad y este proyecto de ley de cogeneración privada viene a cerrar el círculo de la privatización eléctrica y Dobles ha sido consultor sobre el tema en los últimos años y lo seguirá siendo. La concesión minera parece corrupción, pero renunció justo cuando se ventilaba este tema de la cogeneración en el Plenario Legislativo", denunció Álvarez.

 

Pero Merino denunció, además, que "un hecho muy grave es que se le otorga la potestad de otorgar concesiones al Ministro de Ambiente en el uso de la fuerza hidráulica para generación eléctrica. Por eso desde el Frente amplio nos solidarizamos también con la posición adoptada por el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE)".

 

CUADRO:

Aportes a campaña electoral por parte de cogeneradores

cogeneradores_aportes_ala_campaa_oas.jpg

 

 
< Anterior   Siguiente >
Bloqueverde
Ingresar
Alianza de Redes Ambientales
banner.jpg
Municipios sin Transgénicos
mapainteractivo