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Merino denuncia jugosos negocios con concesiones de agua
viernes, 13 de marzo de 2009

PAC respalda concesiones a co-generadores privados

 elpais.cr  Como una sangría que afecta al pueblo de Costa Rica, que entrega cada hora dos millones 800 mil colones o 68 millones de colones por día, es la ganancia de los co-generadores privados de energía eléctrica, denunció el legislador del Frente Amplio, José Merino del Río.

 

Al discutirse la Ley de concesiones de agua para los empresarios privados, Merino declaró que en un balance de 20 años de participación de las generadoras privadas, son más los beneficios para los bolsillos de los empresarios que para el país.

El legislador advirtió que está solo en esta pelea, tras conocerse el anuncio del Partido Acción Ciudadana (PAC), de apoyar dicho proyecto de ley para prolongar las concesiones y facilitar otras nuevas para generadores privados.

 

El diputado del PAC Sergio Alfaro dijo que muchas de las afirmaciones de Merino son falsas, y empezó a detallar que los controles ambientales para los proyectos existentes y para los nuevos son rigurosos, ya que se encuentran en otras leyes de la República.

 

Aclaró que el país vive un momento de crisis energética, originada por políticas neoliberales que no le permitieron al ICE invertir durante años en nuevos proyectos, pero en este momento se hace necesario solucionar problemas.

 

Sobre el particular, Merino, en conversación telefónica con Nuestro País, consideró que con esa posición “el PAC comete un error”, ya que se trata de justificar que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), no estaba en capacidad de invertir.

 

“Esa maniobra se consolidó con tesis neoliberales, que hoy son decadentes. Esta nueva ley deja portillos en cuanto al tema del recurso hídrico ambiental, y está claro que esta Ley no por casualidad está promovida por el Movimiento Libertario”, sostuvo.

 

Merino propone que el Estado, a través del ICE, retome una a una las plantas hidroeléctricas privadas conforme se vayan venciendo las concesiones, y que les retribuya con el pago el valor justo de las mismas”.

 

Comprensión

 

“Cinco proyectos privados, en diversas fases de estudios y tramitación, las multimillonarias sumas pagadas y las legalidades de esas leyes, los contratos y las tarifas permiten comprender la magnitud del negocio que se pretende consumar con esta ley, y explican la razón del rechazo del Frente Amplio y de organizaciones populares y sociales”, explicó el legislador.

 

Reiteró que tras casi veinte años de vigencia de la ley 7200, de 1990, está claro que las empresas privadas han seguido disfrutando de un fuero exclusivo que les permite a varias de ellas hacer fortuna, bajo leyes, contratos y tarifas, “en algunos casos comprobados, ilegales”.

 

“La Federación Ecológica Nacional (FECON), ha calculado que la sangría de 27 empresas privadas al pueblo de Costa Rica llega casi a los mil 500 millones de dólares, o lo que es igual a 68 millones de colones diarios o a lo que es igual, dos millones 800 mil colones por hora”, afirmó.

 

“Estas leyes no son casos aislados, dice la FECON, sino que responden a un proceso de secuestro del Estado como han sido en estas dos décadas de políticas neoliberales, por parte de intereses corporativos privados, y a la ruptura de linderos entre lo publico y lo privado, que se consolidaron en estas largas de dominio neoliberal”, agregó.

 

Merino denunció “los numerosos casos de corrupción, la creación de leyes y decretos a la medida de algunas empresas, a las violaciones a las leyes nacionales, son ejemplos de la usurpación corporativa que hemos vivido tratando de destruir el Estado Social costarricense”.

 

Precisó que “estas leyes mercantilistas sobre la hidroelectricidad reducen los ríos a fuentes energéticas y los incorporan en el proceso de generación y acumulación no equitativa de la riqueza”.

 

“Los proyectos que implican concesiones del Estado a empresas privadas nacionales o extranjeras, han sido, en este caso, un mecanismo de apropiación y de concentración de la riqueza; en caso de los generaciones de los generadores privados solo ha sido posible explotando el bien de dominio público como el agua, pero convertido en una mercancía por la Ley 7200, hecha a la medida de un grupito de la élite político empresarial”, dijo.

 

Aseveró que “ese es el modelo de globalización neoliberal que se está moviendo y al que le quieren todavía dar oxígeno con este tipo de legislación, una vergüenza realmente que se quiera prolongar este tipo de legislación cuando ese modelo es el que ha entrado en barrena y está en absoluta crisis”.

 

Contratos

 

En Costa Rica “los contratos privados para producir electricidad, amparados en las leyes 7200 y 7508  han sido particularmente dañinos, ya que sometieron al Estado a intereses particulares, obligando al Estado a comprar electricidad generada a precios mucho más altos que los que producía el ICE”.

 

“Durante la primera etapa de generación privada con base en la Ley 7200, el ICE tenía un tope de compras a privados de 15% de la capacidad instalada en el sistema eléctrico nacional; en el 2007, los generadores privados le vendieron al ICE 16% de la electricidad nacional, y su pago consumió el 18% del sector eléctrico del ICE, equivalente a 40 mil 460 millones de colones”, denunció.

 

Según el ICE, los privados han generado el 12% de la energía nacional y por ello, hay años que han recibido hasta el 34% de los ingresos del ICE; ese año 2007 el ICE sufrió un recorte presupuestario para el sector energía de 200 mil millones de colones, al tiempo que la administración firmaba un contrato con el Grupo Pujol-Martí, que según el Sindicato de Ingenieros del ICE obligó a la institución a pagar la suma de 500 mil dólares mensuales por la generación de la corriente térmica, genere o no electricidad dicha planta”.

 

“No es un problema de que el ICE no tenga la energía hidroeléctrica, le cortan los recursos al ICE para obligarlo a comprar a generadores privados, en este caso, el escándalo del Grupo Pujol-Martí”, precisó.

 

“El expediente de pagos desorbitantes a los privados demuestran ilegalidades y privilegios; aquí no es un problema de agresión al sector empresarial, es un tema de denuncia de abuso de un pequeño sector empresarial”.

 

Finalmente, Merino también denunció que la Contraloría General de la República determinó el pago ilegal de grandes sumas a los generadores privados, mientras que el ICE llegó a desaguar las represas de Arenal sin turbinar el agua con el claro objetivo de crear la necesidad de generación privada. Sinvergüenzadas,  sinvergüenzadas que se cometen en contra de nuestro pueblo y con la complicidad de presidentes ejecutivos del ICE, de directivos del ICE, de tagoretes del sector privado y del Gobierno de la República, sinvergüenzadas. Ahí esta el informe de la Contraloría”.

 

 
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