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Fiscalía investiga al presidente Óscar Arias por concesión minera
miércoles, 11 de marzo de 2009

 elpais.cr El Ministerio Público (Fiscalía), investiga la actuación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, por haber firmado un decreto que otorgó una concesión minera a un primo suyo y tío del ex ministro del Ambiente, energía y Telecomunicaciones (Minaet), Roberto Dobles Mora.

Además, trascendió que desde hace varias semanas, la Fiscalía había decomisado dos expedientes mineros de las empresas vinculadas con el ex ministro Dobles.


 


 

La investigación, iniciada por Telenoticias, indicó que el presidente de la empresa Moravill, dueña de la concesión que llevó a la renuncia de Dobles Mora, es presidida por Manuel Dobles Mora, hermano del ex funcionario, quien se desempeña como Cónsul de Costa Rica en Atlanta.

 

El ex funcionario renunció el viernes, pocas horas después de que legisladores de los partidos Acción Ciudadana (PAC), y Frente Amplio solicitaron la destitución inmediata del ex funcionario, quien este martes se retiró oficialmente de su cargo.

 

Además, la información entregada anoche dio a conocer que en la Dirección de Geología y Minas se tramita otra concesión minera a nombre del mismo grupo económico, donde figuran el ex ministro del Minaet y sus familiares.

 

Dicha concesión es en el mismo río Aranjuez, pero en un sector más arriba de la otorgada  a Agricultura Mecanizada Chapernal S.A., en la que figura en la junta directiva como vicepresidente el tío de Dobles y primo hermano del presidente, Manuel Dobles Sánchez.

 

Pero esta solicitud para otra concesión minera la presentó la sociedad llamada Ganadera Chapernal S.A., en la cual aparece como presidente y apoderado Mario Miranda Arrinda, quien precisamente también es presidente en la otra sociedad (Moravill), a la que se le otorga la concesión en el mismo río.

 

“Miranda aparece como accionista junto con su esposa y otros familiares. Cabe recordar que ellos son socios o pertenecen a la misma corporación ingenio El Palmar, donde están el ex ministro, su esposa y su hermano”, añadió.

 

Agregó que el expediente de esta otra solicitud minera estaba muy adelantado, incluso tenía el Estudio de Impacto Ambiental, reconocieron altos funcionarios de la Dirección General de Energía y Minas, adscrita al Minaet.

 

Otro expediente decomisado es sobre una concesión del año 1992, y que fue renovada durante la administración del ex presidente Abel Pacheco, ubicada en río Seco, en la misma región, de acuerdo con el noticiero de la televisora.

 

Historia

 

De acuerdo con la información presentada por Dobles, el 6 de noviembre del 2006 firmó junto con el mandatario la concesión minera a Chapernal S.A. en el río Aranjuez, en Pitahaya de Puntarenas.

 

Dobles aseguró a legisladores, durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, que firmó el documento, después de que se realizaron todos los estudios técnicos y jurídicos de rigor, “de lo contrario hubiera sido acusado por incumplimiento de deberes”.

 

Durante su presentación reiteró la legalidad de la acción y defendió su afirmación de que no formaba parte de la empresa en ese momento, y rechazó denuncias sobre supuestas irregularidades en su gestión, no sustentadas en estudios o investigaciones.

 

Dobles explicó que renunció para evitar un problema político, con el propósito de que en la Asamblea Legislativa avancen diversos proyectos de Ley sobre telecomunicaciones, energía y concesiones de agua para generar energía eléctrica, por parte de la empresa privada, entre otros.

 

Para legisladores del PAC, “en esa sociedad no figura directamente como accionista el ministro Dobles o sus familiares en primer grado. Pero a su vez, las acciones de esta sociedad le pertenecen a otras sociedades que sí están controladas por familiares del ministro quienes son los dueños de las acciones. Todas estas sociedades forman parte de un mismo grupo económico o grupo de sociedades y pertenecen a los mismos dueños”.

 

Los diputados del PAC pidieron también al presidente rendir cuentas ante la Comisión de Ética del Gobierno, “pues facilitó con su firma un negocio para las empresas de sus familiares y del ministro de Ambiente, Roberto Dobles, cuando autorizó en noviembre del 2006 una concesión minera para la empresa Agricultura Mecanizada Chapernal S.A”.

 

Fraude

 

Entre tanto, el legislador del Frente Amplio, José Merino, sostuvo que en el caso de la concesión minera se ha registrado supuesto Fraude de Ley.

 

Dijo que en Costa Rica, la jurisprudencia también se ha referido a las implicaciones del fraude de ley. Por ejemplo, la Sala Primera, ha diferenciado entre el acto contrario a la ley o contra legem agere y el acto in fraus legis, de la siguiente manera:

 

 “(...)en el primero, contrario a la ley, el acto choca en forma abierta y directa contra la norma positiva; en el segundo, el fraude a la ley, la violencia se cumple de manera encubierta, velada, pues aparentando conformidad con el texto legal se infringe su contenido. El fraude a la ley consiste en las maniobras o procedimientos tendientes a eludir, en forma indirecta, la aplicación de una ley imperativa, para obtener bajo forma lícita, un resultado prohibido por la ley. Es un ataque a la ley no realizado de frente, a la luz del día, sino en forma encubierta. (...) el acto in fraus legis se sanciona con la nulidad” .

 

Recordó que la Sala Primera también ha reconocido “la utilización inapropiada de los diferentes esquemas societarios  y en particular el de la sociedad anónima” como una práctica fraudulenta y la necesidad “levantar el velo social” en estos casos, para evitar que el fraude se consume:

 

“El análisis de este tema parte del estudio de los límites y responsabilidad de la personalidad jurídica. Es así como se cambia el propósito para el cual fue creada la figura de la persona jurídica (...) La doctrina (...) acepta la unión de empresas con un fin económico Pero rechaza de manera radical las uniones aparentes no regidas por la buena fe.  Solo son objeto de límites las uniones con ánimo de afectar las relaciones con terceros, o las realizadas específicamente para cometer un fraude. (...) Al conjugarse la apariencia y la mala fe se ha considerado necesario dar un tratamiento en miras a proteger a los terceros.  Básicamente se ha desarrollado a nivel jurisprudencial en el derecho comparado.  Se inicia en el derecho anglosajón por medio del estudio del derecho de equidad.  Se denomina la teoría del levantamiento del velo social. Consiste en la posibilidad del juzgador de determinar quienes se encuentran tras la persona jurídica. Procura resolver situaciones de trascendencia jurídica no a través de la persona jurídica. Sino por medio de los sujetos reales quienes de forma efectiva actúan bajo esa apariencia.”

 

Añadió que estos principios se consolidaron en nuestro ordenamiento con la aprobación del artículo 5 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Nº 8422) por lo que no existe motivo alguno para que no sean aplicados, especialmente cuando están involucrados bienes demaniales como los recursos mineros y el cauce de los ríos.

 

“Por lo tanto, es claro que el Ministro Dobles pretende engañar a los diputados y se está burlando del pueblo de Costa Rica”, recalcó Merino del Río.

 

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito declara absolutamente nulos los actos realizados en fraude a la ley (artículo 6) y sanciona este tipo prácticas con pena de prisión (artículo 58).

 

En criterio del legislador “estamos ante un clarísimo caso de FRAUDE A LA LEY, tipificado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Nº 8422 del 6 de octubre de 2004, que en su artículo 5 dice: "ARTÍCULO 5.-   Fraude de ley.

 

La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir”.

 

“El otorgamiento de concesiones mineras a personas jurídicas cuyo capital accionario pertenece en su mayoría a personas jurídicas controladas por familiares del Ministro, constituye un acto administrativo ejecutado en fraude de ley. Es una forma de burlar u obtener un resultado inconforme con los fines públicos perseguidos por la prohibición legal contenida en el artículo 9 del Código de Minería. Un fraude cometido usando como mampara el texto de las normas del Código de Comercio que regulan la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles”, aseveró Merino.

 

Añadió que “las prácticas descritas se amparan en el texto de las normas del Código de Comercio que regulan la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, pero persiguen un resultado que es contrario al ordenamiento jurídico y a los fines públicos que justifican la prohibición contenida en el artículo 9 del Código de Minería”, concluyó Merino.

 
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