header image
Municipalidad objetó concesión otorgada a empresa Chapernal
martes, 10 de marzo de 2009

 Permiso dado a sociedad ligada con familia de Roberto Dobles.  Exalcalde porteño pretendió sacar material del río para reparar vías locales. Fiscalía investiga a presidente Óscar Arias por autorizar concesión

 

nacion.com La Municipalidad de Puntarenas objetó en abril del 2006 que se otorgara una concesión a la empresa Agricultura Mecanizada Chapernal, pero, pese a ello, el Minaet dio prioridad a la solicitud de la entidad privada.

 

La concesión para extraer arena, piedra y grava en el río Aranjuez –en el distrito puntarenense de La Pitahaya– le permite a la empresa extraer hasta 8.000 metros cúbicos por mes de material del lecho del río.

 


El entonces alcalde puntarenense, Omar Obando Suárez, alegó en una nota del 26 de abril del 2006 que requería los materiales para la reparación de caminos.

 

“La oposición (a la concesión a la sociedad privada) la fundamentamos porque nuestra Municipalidad requiere extraer materiales (arena, piedra y grava) para ser utilizados en la reparación de los caminos públicos del cantón Central de Puntarenas”, dice la nota enviada por el alcalde.

 

La Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), rechazó la petición del ayuntamiento y aprobó la concesión a A. M. Chapernal S. A., que pertenece a Azucarera el Palmar.

 

El vicepresidente de esta sociedad es Jorge Dobles Sánchez, tío del hoy saliente jerarca del Minaet, Roberto Dobles, y primo hermano del presidente de la República, Óscar Arias.

 

Rechazada. La resolución N° 800 de la Dirección de Geología y Minas del 21 de junio del 2006 declaró sin lugar la objeción del alcalde.

 

La Dirección de Geología y Minas, perteneciente al Minaet, adujo en esa ocasión que la legislación daba la razón a A. M. Chapernal, por cuanto tenían una solicitud presentada desde el 2001, mientras que el ayuntamiento porteño no.

 

El documento agrega que la municipalidad no tiene derechos mineros qué reclamar en ese caso y que la oposición presentada estaba fuera del plazo.

 

“Se dio el debido proceso y se le dijo (a la municipalidad) que no era el momento procesal, y que debió pedirlo antes. La resolución fue notificada, cobra firmeza y el alcalde no presentó ningún recurso de apelación”, dijo la jefa del Registro Nacional Minero, Cinthia Cavallini.

 

Por lo anterior, y basado en el Código Minero que rigió hasta el 2002, la Dirección de Minas le rechazó la oposición a la municipalidad de Puntarenas.

 

Defensa. El gerente general de Azucarera el Palmar S. A., Alejandro Miranda, defendió el permiso otorgado a la empresa, y destacó que el proceso se había iniciado en setiembre del 2001, mucho antes de que el ayuntamiento mostrara interés en explotar el río.

 

“La oposición planteada por el alcalde de entonces (Obando) fue ilegal, extemporánea y rechazada por la Dirección de Geología y Minas”, destacó Miranda ante consulta de La Nación .

“En el mismo río (Aranjuez) existen muchos lugares donde se podría realizar extracciones; creemos firmemente en el bien público, por eso desde hace cincuenta años venimos construyendo y reparando, gratuitamente, los caminos de las comunidades de Pitahaya y Chapernal de Puntarenas”, agregó el empresario.

 

La concesión ahora se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, luego de una denuncia presentada por Eric Morice Castro por tráfico de influencias en contra de Dobles y el presidente Arias.


2001

Primer paso. 6 de setiembre. Chapernal presenta formulario de solicitud de concesión.

2004

En firme. Chapernal presenta formalmente la solicitud de concesión sobre río Aranjuez.

2006

Objeta. El 26 de abril el alcalde de Puntarenas objeta el proceso y pide los recursos para el municipio.

2006

Concedido. 27 de diciembre. La Gaceta publica el permiso con la firma de Óscar Arias y de Dobles.

2008

Denuncia. El 28 de octubre, Eric Morice denuncia tráfico de influencias en la concesión

Fuerte pena

Tráfico de influencias: 2 a 5 años de cárcel

 

La ‘Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito’ señala en su artículo 52:

 

“Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro

 

Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones”.

 
< Anterior   Siguiente >
Bloqueverde
Ingresar
Alianza de Redes Ambientales
banner.jpg
Municipios sin Transgénicos
mapainteractivo