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Sala lV frena urbanismo en zonas de protección
lunes, 09 de marzo de 2009

barva.jpgAnulado decreto que permitía construir

Tribunal resuelve que decreto pone en riesgo zonas de recarga acuífera En el anillo que bordea el área metropolitana solo se avala la agricultura

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla La Sala Constitucional anuló el decreto que permitía urbanizar dentro del anillo de contención de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde hay bosques y nacientes de agua potable.

La Sala, en su voto 3684-09, resolvió que la construcción en esta zona protegida afectará directamente “las áreas de recarga acuífera, el patrimonio forestal y el paisaje”.

Se declaró entonces contradictorio que el Estado delimite un “anillo de contención urbana” donde se preservan los recursos naturales, y luego permita urbanizar una parte de esa zona.

 

El anillo de contención existe desde 1982, cuando se determinó que se protegerían 474 kilómetros cuadrados de la Gran Área Metropolitana, que tiene una extensión total de 1.967 kilómetros.

 

La zona protegida incluye los cerros de Escazú, las partes altas de Alajuelita, Desamparados y Aserrí, y una parte de los cantones heredianos de Barva, San Isidro, San Rafael y Santa Bárbara, entre otros.

 

En ese anillo se protegen las nacientes y solo se autorizaban actividades agrícolas.

 

Sin embargo, en mayo del 2007, el Gobierno publicó el decreto 33757-MP-Mivah-Minae, que permitía la urbanización de los primeros 200 metros lineales hacia adentro del anillo de contención.

 

Apenas 21 meses después de su publicación en La Gaceta, la Sala Constitucional lo anuló.

 

Respuesta. Con esta resolución, la Sala responde a una acción de inconstitucionalidad interpuesta desde agosto del 2007 por el abogado especializado en derecho ambiental, Álvaro Sagot, y el físico, José Alberto Brenes.

 

Ambos estimaron que este decreto desconocía “la obligación del Estado de tutelar debidamente el ambiente y los elementos que lo conforman”.

 

Como coadyuvante, la Defensoría de los Habitantes también alegó que la norma impugnada “atenta contra el ambiente (...), pues elimina la protección a las zonas de aptitud agrícola que estaban definidas dentro del anillo de contención”.

 

Consultado ayer por La Nación, Álvaro Sagot se mostró complacido por la resolución porque, entre otras cosas, respalda un criterio técnico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

 

Dicha entidad también había mostrado preocupación debido a la expansión de la frontera urbana y a la afectación de los ecosistemas protegidos.

 
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