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Dobles pidió permisos a Sala IV para permitir a minera extraer árboles talados en Crucitas
lunes, 09 de marzo de 2009

 elpais.co.cr El ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Roberto Dobles, pidió a la Sala Constitucional de Costa Rica otorgar un permiso para permitir a la empresa minera Infinito Gold poner en patios los árboles talados en Crucitas, San Carlos.

 

Sendos documentos de la solicitud de Dobles y de su viceministro del Ambiente, Jorge Rodríguez, a la Sala IV, con fecha del 25 de noviembre del 2008 y del 11 de diciembre respectivamente.

 

En ambos documentos se pide permiso para que la empresa Infinito Gold pueda poner en patios toda la madera que cortaron en Crucitas. Estas cartas forman parte del expediente 08- 014552-0007-CO, de la Sala IV sobre el caso Crucitas.

 

De acuerdo con dirigentes ecologistas, “este es un documento muy concreto en que se ve la presión de Dobles, y del viceministro Rodríguez para favorecer a la empresa”.

 

“Como sabemos el viceministro Rodríguez es fuerte candidato para sustituir a Dobles”, señalaron anoche, vía telefónica, los dirigentes consultados por este medio, quienes cuestionaron al funcionario por actuar supuestamente de oficio para facilitar la labor de la compañía minera transnacional.

 

Dobles renunció a su cargo a partir del próximo martes, a raíz de un escándalo en que se vio involucrado por haber favorecido con un concesión minera a una empresa propiedad de un hermano, un tío y de su esposa.

 

El ministro deberá comparecer este lunes ante la Asamblea Legislativa, por acuerdo de diputados de todas las fracciones, para que explique su participación en el caso.

 

El legislador del Partido Frente Amplio, José Merino del Río, dijo que esos hechos que se denuncian “son presuntamente delictivos, “de corrupción agravada”, de acuerdo con el mismo código de minería porque no solamente es esa concesión que le ha dado a su tío, a su esposa, y a su hermano, sino que también le ha dado otra concesión a un viceministro que está en la junta directiva de una empresa familiar”.

 

Facilidades

 

“Esta medida que solicitan, facilitaría a la empresa el mover los árboles que ahora impiden la extracción de material. Además, la tarea de mover todos los árboles cortados implica la destrucción de árboles de menor tamaño que continúan en pie, así como detener por completo la regeneración del bosque”, advirtieron dirigentes de la organización Unión Norte por la Vida.

 

En Crucitas, distrito de San Carlos, provincia de Alajuela, en una extensa propiedad de Infinito Gold, de capital canadiense, se pretende levantar un proyecto minero para extraer oro a cielo abierto.

 

El proyecto está ubicado a menos de tres kilómetros del internacional río San Juan, fronterizo con Nicaragua, que en estos momentos es motivo de un pulso en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, donde Costa Rica pretende hacer valer sus derechos por la libre navegación comercial.

 

Un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad han sido presentados ante la Sala Constitucional contra un decreto, firmado por el ministro Dobles y el presidente de la República, Oscar Arias, en el que declaraban de interés público y conveniencia nacional la explotación minera de oro a cielo abierto.

 

Dicho decreto fue aprovechado por la empresa, el mismo día de su publicación, para enviar a unos 50 trabajadores con sierras eléctricas a talar árboles de almendro, hábitat natural de la Lapa Verde, en vías de extinción.

 

A raíz de ambas acciones, presentadas por varios ciudadanos, incluyendo al legislador del partido Frente Amplio, José Merino del Río, la Sala Constitucional ordenó paralizar toda actividad en los terrenos de la empresa Infinito Gold, en Crucitas.

 

Por otra parte, el Tribunal de Juicio de Ciudad Quesada, San Carlos, anuló hace dos semanas una decisión del Juzgado Penal de permitir a la empresa Infinito Gold continuar con las obras de infraestructura, mientras se resuelve el caso en la Sala Constitucional.

 

En este caso, la Fiscalía General de la República investiga un supuesto delito de prevaricato cometido por el presidente Arias y su ministro Dobles, por haber firmado dicho decreto.

 

 
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