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Proyecto de ley apuntala privilegios para electricidad privada
jueves, 05 de marzo de 2009
 Osvaldo Durán Castro * El proyecto "Ley Marco de concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación eléctrica", que se tramita en la Asamblea Legislativa (expediente 16.949), pretende ser la continuación de las leyes 7.200 y 7.508, apuntalando los bochornosos privilegios que han disfrutado 27 empresas privadas dueñas de 24 hidroeléctricas, 3 proyectos eólicos y 2 proyectos con biomasa: los Ingenios El Viejo y Taboga.  En el 2001 había otros 45 proyectos privados en distintas fases de estudio y tramitación.  Las multimillonarias sumas pagadas y la ilegalidad de esas leyes, los contratos y las tarifas, permiten comprender la magnitud del negocio que se pretende consumar en la Asamblea Legislativa, y explican la razón de nuestro rechazo a esa iniciativa.

 

Tras casi 20 años de vigencia de la ley 7.200 del 28 de setiembre de 1990, está claro que las empresas privadas generadoras de electricidad siguen disfrutando de un fuero exclusivo que les permite hacer fortunas bajo leyes, contratos y tarifas ilegales.   En la Federación ecológica nacional, FECON, hemos calculado que la sangría de 27 empresas privadas al pueblo de Costa Rica llega a cerca de “1.522 millones de dólares, o lo que es igual, 68 millones de colones diarios o 2 millones 800 mil por hora”.  Hace años pusimos de ejemplo el caso de las familias Figueres Olsen y Figueres Boggs, que durante 2001 y 2002 “recibieron la suma 8.377 millones de colones. Esto significa que les pagamos 11.4 millones diarios, por la electricidad de sus proyectos privados.  Dinero, que al igual que el pagado al resto de generadores y co-generadores privados, salió de la bolsa de cada costarricense” (ODC).

 

Las leyes para los privados no son casos aislados, sino que responden al proceso de secuestro del Estado por parte de los intereses corporativos privados, y a la ruptura de linderos entre lo público y lo privado que se ha consolidado en los últimos 30 años en Costa Rica.  Los numerosos casos de corrupción, la creación de leyes y decretos a la medida de algunas empresas, las violaciones a las leyes nacionales, etc, son ejemplos de esa usurpación corporativa para destruir el Estado social costarricense, que incluye la visión social original del Ice.

 

El desvelo mercantilista de la hidroelectricidad reduce los ríos a fuentes energéticas y los incorpora en el proceso de generación-acumulación no equitativa de riqueza. Los proyectos que implican concesiones del Estado a empresas privadas nacionales o externas, son un mecanismo de apropiación y concentración de riqueza que, en el caso de las hidroeléctricas, sólo es posible explotando el agua de dominio público como mercancía, lo cual es propio del modelo de globalización neoliberal que nos han impuesto.  En Costa Rica una modalidad de estos proyectos se denomina BOT –siglas en inglés- que significan construcción, operación y transferencia.  Los contratos privados para producir electricidad amparados en las leyes  7.200 y 7.508 son particularmente dañinos porque someten al Estado a los intereses privados obligándolo a comprar la electricidad generada a precios muchos más altos que los del Ice.  El hecho de que los privados sólo puedan venderle al Ice, lejos de ser una limitante es más bien una garantía del negocio, pues tienen sus ventas aseguradas.   La visión mercantilista y utilitaria del agua como mercancía queda clara en la presentación del proyecto de ley que discutimos: “…la capacidad instalada para la generación hidroeléctrica del país permite generar 1290 megavatios, pero existe un potencial de 5087 megavatios, que no son aprovechados por la falta de legislación que permita otorgar las concesiones”.

 

Durante la primera etapa de actividad de generación privada con base en la Ley 7.200,  el Ice tenía un tope de compra a privados del 15% de la capacidad instalada del Sistema eléctrico nacional, SEN, que a diciembre del 2007 era de era de 2.182 MW. 

Para ese momento estaban vigentes contratos por 164.511kW, lo que daba un margen de contratación privada de 148.084kW para completar 312.595kW posibles (Carta del Ice a Diputada Leda Zamora, 37-08. Anexo 1. pág. 4).   A esta cantidad se sumó otro 15% para un total de 30% de la capacidad instalada del SEN, desde el 9 de mayo de 1995, gracias a que se reformó la Ley 7.200, agregándole un capítulo 2, lo que se conoce como la Ley 7.508.  Además del 15%, se agregaron otras ventajas como la ampliación de los contratos hasta por veinte años y la elevación del tope de los proyectos de 20MW hasta 50MW.  Hasta ahora todos los proyectos privados fueron declarados de interés público, lo que constituye un apoyo y servicio directo del Estado a una actividad privada que es estrictamente lucrativa a pesar de tal declaratoria.

 

Con base en las leyes 7.200 y 7.508, el 10 de octubre del 2006 el Ice publicó una licitación para la compra de hasta 150MW de electricidad a generadores privados dueños de plantas de hasta 50MW de capacidad instalada.  En setiembre del 2007, al cierre del plazo, 5 empresas presentaron ofertas de venta: Consorcio Hidrotárcoles (47.8 MW), Unión Fenosa Internacional S.A. ( MW50), Ghella Spa, Consorcio IENEL-IELESA(50MW),  y Consorcio Las Palmas (ICE. Oficio  0060-0078-2007).  De estas ofertas Ghella Spa, y Consorcio Las Palmas no cumplieron con los requisitos (Acuerdo de adjudicación de licitación).

 

A mayo del 2008 el Ice tenía 4 convenios de compra de electricidad a cogeneradores privados de electricidad amparados en la Ley 7.200, como se puede revisar en el siguiente cuadro resumen:

 

Empresa

Inicio de contrato

Finalización

Ingenio Taboga

18 junio 2003

17 junio 2008

Ingenio Taboga

24 septiembre1996

23 septiembre 2016

Planta eléctrica Tepexco

25 enero 2007

13 julio 2008

Unión Fenosa, generadora La joya

1 abril 2003

31 marzo 2023

Hidroenergía del General S.R.L.

30 julio 2003

29 julio 20023

Fuente: ICE. Oficio  0060-0078-2007, 9 febrero 2007, dirigido a la Diputada Leda Zamora Ch.  PAC.

 

 

En el 2007 los generadores privados le vendieron al Ice el 16% de la electricidad nacional, y su pago consumió el 17.9% de los ingresos del Sector Eléctrico del Ice, equivalentes a 40,461 millones de colones.  Según el Ice, los privados han generado en promedio el 12% de energía nacional y por ello han recibido algunos años hasta el 34% de los ingresos de Icelec.  Ese mismo año 2007 el recorte presupuestario para el sector energía del Ice fue de ¢204.597,00 millones (cerca del 50%), y sin embargo la administración firmó un contrato con el grupo Pujol Martí, que según el sindicato de ingenieros del Ice, obligó al Ice a pagar la “suma de 500 mil dólares mensuales por la generación de la corriente térmica, genere o no electricidad dicha planta…”.  El Semanario Universidad también publicó que “el país pagará al grupo Pujol en los próximos tres años $36.024.000 (no menos de ¢18.696 millones)”.

 

El expediente de pagos exorbitantes a los privados demuestra ilegalidades y privilegios. El informe 90-2000 el 29 agosto 2000 de la Contraloría General de la República indica que las tarifas pagadas a privados entre finales de 1994 e inicios de 1995 fueron ilegales.  El Ice no sólo pagó regalías, sino que, en aparente colusión con los privados, desaguó la laguna del Arenal sin turbinar el agua, con el claro objetivo de crear “la necesidad” de generación privada.  Lo mismo fue denunciado por vecinos de Turrialba, Cachí y Arenal cuando se produjo el apagón del 2007.  Tal era la magnitud del negocio que el periódico La nación (martes 1 de agosto, 2000) publicó que “Los costos de la energía privada no son iguales para todas las empresas. Un 89 por ciento de las compañías operan con una tarifa de ¢21,63 por kilovatio-hora, mientras que el 11 por ciento restante recibe en promedio ¢16,37”, mientras que el costo Ice era de ¢5,45 cada kilovatio-hora.   El 21 de agosto del 2000 este mismo periódico señaló que “…el Ice vendió la energía a un precio promedio de ¢12,37, un 34 por ciento más barato que el precio de compra a los privados.   En esa intermediación, la institución perdió ¢4.884 millones”.   A pesar de esos datos contundentes, algunos defensores de la generación privada insisten en que “aún hoy no se puede saber si los kilovatios privados son más caros que los generados por el Ice” (René Castro, Ambientico, No. 175, abril 2008).

 

La electricidad privada siempre ha sido más cara que la del Ice, pues se genera principalmente sin embalses a “filo de agua” y en invierno cuando más caudal tienen los ríos y por tanto para el Ice resulta más barato generar.  En esas condiciones si el Ice compra a privados obligatoriamente tiene que bajar su generación, y si a eso se suman los precios exorbitantes, no hay duda de que el país está perdiendo para hacer ganar al hatajo de generadores privados.

 

En su Informe  90/2000 la Contraloría General de La República fue explícita sobre la estafa de la generación privada y conminó al Ice a frenarla, indicándole: “Ordenar a la Administración de esa entidad disponer las acciones que sean necesarias  para  que,  recurriendo  en  la  vía contencioso-administrativa, inicie un juicio de lesividad con el fin de que se declare la nulidad e inaplicabilidad futura de los contratos con tarifa fija ajustable que a la fecha ese Instituto haya suscrito con generadores privados para la compraventa de energía eléctrica”.  Estas irregularidades fueron reiteradas por 2 Comisiones legislativas (1996 y 2002) y por la Defensoría de los Habitantes, pero los juicios nunca se realizaron.  En el 2002, con la Resolución RRG-2533-2002 (La gaceta N° 39), la Aresep intentó regular el precio pagado a los privados pero el intento se diluyó en una discusión sobre si el ente responsable de ejecutar la revisión era la Aresep o era el ICE.

 

Pero no sólo nacionales forman parte de este entreverado negocio.  En noviembre 2002 cuando el gobierno habló de la posibilidad de revisar las tarifas de los privados, la Overseas Private Investment Corporation, empresa aseguradora de los PHs Volcán S.A. y Don Pedro S.A. de la familia Figueres, le indicó al gobierno que tomaría medidas en caso de que se modificaran las tarifas a los privados.  El gobierno sucumbió ante la amenaza y el Ice adujo, como siempre, que Aresep era la responsable de fijar o revisar las tarifas.  La administración del Ice tampoco hizo nada contra la decisión del gobierno de limitar en el 2003 la inversión en el sector público a 5.9% con respecto del 2002, sabiendo que uno de sus gastos más importantes era precisamente el pago a los generadores privados.

 

La ilegalidad de las leyes para los privados fue reiterada por la Procuraduría General de la República el 12 de febrero del 2008, ante un nuevo intento de la administración del Ice de torcerle el brazo para facilitar el negocio de los privados. Con fecha del 9 de enero del 2008 el Ice envió carta pidiéndole al ente “formal reconsideración del pronunciamiento C-445-2007 del 14 de diciembre del 2007”.  En esta ocasión la PGR le repitió al Ice lo que ya le había señalado:  “j)  Puesto que la Ley No. 7.200 no regula las condiciones y estipulaciones propias de concesión de agua para generación hidroeléctrica, su Reglamento Ejecutivo tampoco puede tener como contenido el establecimiento del régimen jurídico correspondiente”.  Y para más claridad le reiteró: “no existe un marco regulador de rango legal que pueda considerarse desarrollo del artículo 121, inciso 14 a) de la Constitución Política y, por ende, que permita el otorgamiento de una concesión de agua para generación hidroeléctrica”…,…”la Constitución Política otorga una protección especial a las fuerzas que puedan derivarse del agua…”.

               

En el Consejo directivo del Ice, el Presidente Ejecutivo ha machacado desde hace tiempo en la aprobación de leyes para los privados, argumentando que en cuanto a la satisfacción de la demanda eléctrica definida por el ICE, “el 2008 es más difícil de resolver que el 2009, en el 2009 creo que con cogeneración, con modificación de la ley en el Congreso que debe sacarse más rápido una ley de fomento eléctrico que estimule, creo que la suma de los cogeneradores de 20 megavatios, 10 megavatios, lo que sea es bienvenido y creo que el 2009 puede tener mayor contribución de toda la nación” (Pedro Pablo Quirós. Sesión 5796, 07-06-2007, pág 318b).

 

En coincidencia plena con el Ice, la dirección empresarial de UCCAEP también ha llamado a superar cualquier obstáculo a como de lugar con tal de expandir la generación hidroeléctrica:  “…nos parece al sector productivo, que el gobierno en estos casos debería orientar un poco más fuertemente y apoyar este plan de desarrollo en contra de lo que sea y llevar adelante lo que el país necesita” (Rafael Carrillo, CD, ICE, Sesión 5796, 07,06,2007, 317b).

 

Con los antecedentes señalados queda claro es que buena parte de la institucionalidad oficial costarricense, incluyendo los y las diputadas que obedecen al Ejecutivo, Aresep, la administración del Ice, el gobierno, etc, están untados con la misma plasta que permite el favorecimiento para un grupo de empresarios que siguen lucrando con la electricidad privada.   Si bien se busca reglar las concesiones, el proyecto es una trampa peor que lo que hemos tenido hasta ahora pues pretende dejar en manos del MINAET el poderío para dar las concesiones.  El Artículo 1 indica: “…el otorgamiento de estas concesiones le corresponderá al Ministerio de Ambiente y Energía”.  No hace falta profundizar en los ligámenes del empresario privado que comanda el MINAET, para comprender el riesgo que esto significaría para el pueblo y la naturaleza de Costa Rica (recuérdese que el ministro Dobles fue el representante de UCCAEP en la Comisión mixta luego del combo del Ice).   Ante el MINAET se presentarían las solicitudes de concesión “acompañada con la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental” (Art. 2), otro ente nacional severa y justamente cuestionado por haber sido usurpado empresarial y políticamente.

 

El Gobierno y la administración del Ice insisten en privilegiar a los generadores privados porque conociendo la ilegalidad tanto de las leyes mismas, como de cada uno de los contratos cobijados en ellas, avalan un proyecto que incluye en su texto un artículo que explícitamente busca traspasar los beneficios de la ley 7.200 a la nueva legislación.  El Artículo 5 del proyecto reza: “…Derechos del concesionario.  Los concesionarios de una explotación de agua para la generación de energía hidroeléctrica gozarán de todos los beneficios que se indican en la  Ley N.° 7200, Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, de 28 de setiembre de 1990, y de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley N.° 8345, Ley de participación de las cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional”. (Expediente 16.949).  El razonamiento más elemental indica que es un chantaje pedir que “todos los beneficios” ilegales anteriores se mantengan, sin siquiera indicar de qué se trata, y además el Gobierno conoce la sentencia 10466-2000 de la Sala Constitucional que reitera sobre la ilegalidad de la generación privada.

 

El intento de consolidar el fraude de las leyes privadas otorgándole al MINAE las potestades exclusivas del Artículo 121, 14ª) de la Constitución, para otorgar concesiones para explotar el agua en hidroelectricidad, tuvo otro momento escabroso, cuando el 18 de abril del 2008 el Consejo de Gobierno tomo el acuerdo de dispensar el pronunciamiento C-445-2007 de la Procuraduría General de la República del 14 de diciembre del 2007, que como vimos aclara la ilegalidad de las concesiones.  A raíz de este hecho la Diputada del PAC Grettel Ortíz, emitió un comunicado (9 de junio 2008) en el que aportaba evidencias adicionales sobre el ligamen de empresarios y gobierno: “hay casos calaros como el de la generadora Suretka SRL cuya concesión de aguas vencerá el 7 de noviembre de este año.  Alex Soto Montenegro, propietario del 50% de las acciones de dicha empresa donó a la campaña de Oscar Arias 2 millones 413 mil.800 colones, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones…,…Con la renovación de los contratos, quedan de manifiesto estos intereses.  Pero este grupo de influencia también financió el principal proyectos de los Arias, el TLC.  Sus aportes se extendieron a financiar la campaña del SÍ en Referémdum.  Es así como la empresa eléctrica Matamoros cuya concesión de aguas vence mañana 10 de junio fue financista de la campaña del SÍ al TLC”.

 

Las 2 leyes para los privados de los últimos 20 años y el proyecto que ahora se busca aprobar, parecen dibujar una figura de colusión puesto que el Estado conociendo los perjuicios derivados de ellas nunca ha querido asumir su responsabilidad, lo que ha permitido mantener privilegios para proyectos –entre muchos otros- como los de las familias Figueres Olsen y Boggs, Pujol y Arias Sánchez, uno de cuyos convenios para el Ingenio Taboga venció el 17 de junio de 2008 y otro que, como indicamos, está vigente entre el 24 de septiembre de 1996 y el 23 de septiembre de 2016.  A los contratos cuestionados se suman reconocidos casos de corrupción, como el del proyecto La Joya de Unión Fenosa, para citar sólo uno.  En marzo del 2007 la generación privada amparada en la ley 7.200 llegó a 205,5 MW y bajo la ley 7.508 alcanzó los 122,6 MW (un total de 328,1 MW) (ver Dobles, R. Sector eléctrico nacional.  Abril 2008).

 

El deseo de expandir la generación eléctrica privada está ligado a la posibilidad de ampliar la oferta exportable.  El Ice tiene proyecciones de exportación de electricidad a países centroamericanos, tesis que ha sido reiteradamente negada ante los cuestionamientos de las comunidades.  Ese objetivo eleva la presión para represar todos los ríos de Costa Rica y particularmente por levantar represas como Pacuare, Savegre y Diquís.  En la sesión del 25 de octubre 2007 del Consejo directivo del Ice consideró que “esos proyectos grandes como Reventazón y Diquís en el momento en que entren en operación, producirán excedentes importantes en el sistema.  A través de estos proyectos, se puede incursionar con fuerza en el mercado centroamericano haciendo contratos a mediano plazo de venta de energía, con lo cual, la rentabilidad de los proyectos se beneficia enormemente”.

 

De acuerdo con ANTTEA si se aprueba el proyecto para concesionar el agua para nuevos proyectos privados “se desabastecerá el futuro eléctrico de Costa Rica, ya que las próximas generaciones tendrían que competir en precio con los demás países del Istmo. Esos países actualmente van a pagar caro por esa electricidad, porque ellos producen electricidad cara, generada con derivados del petróleo, por tanto cuando las próximas generaciones  de Costa Rica tengan que comprar electricidad producida con los ríos de Costa Rica, la tendrán que pagar al precio evitado de generar con  combustibles derivados del petróleo,  por los países del área Centroamericana” (ANTTEA. Febrero 2009).

 

Según datos del Ice (Consejo Directivo, Actas varios años)  Costa Rica tiene un potencial hidroeléctrico disponible de hasta 5.851 MW, muy superior a la generación actual, tanto del Ice como de proyectos privados que suma 1.449 MW.  Si a eso se suma el potencial de los parques nacionales se llega hasta los 6.633 MW.  Es decir, se agregan 782MW, cantidad nada despreciable, que, por ejemplo, equivaldría a tener 6,1 hidroeléctricas similares al PH Pirrís que generará 128MW, o casi 4 y media represas más como Angostura; de ahí la presión por eliminar los impedimentos para explotar energéticamente las áreas protegidas del país, incluidos los parques nacionales.

En carta enviada por ingenieros del Ice al Consejo Directivo  (Sesión 5803, 14,08,2007, pág 400), se mencionan los siguientes proyectos en diferentes fases desde estudio hasta factibilidad, incluidos en el Plan de desarrollo eléctrico nacional “Visión 21”: “Pacuare, Reventazón , Savegre, Brujos 1, Brujos 2, Borinquen, Pailas 2, Izarco, Savegre, RG 430, RC 500, Ayil, Toro Amarillo, Los Llanos, Mundo nuevo, Pocosol-Arenal, Tenorio, Platanar-Porvenir, y los proyectos en etapa de identificación Patria, La Estrella, Purires y Telire”. 

 

La generación actual del Ice y los proyectos del plan de expansión, evidencian que la electricidad producida por los privados nunca ha sido indispensable y que la generación privada nueva también sería totalmente innecesaria.  La misma defensa que el gobierno hace de los privados por medio del MINAET, demuestra el limitado –pero como hemos visto oneroso- alcance de la participación de cogeneradores en el mercado eléctrico (Dobles, R. 2008): en el 2007 los privados vendieron al Ice el 16% de la electricidad nacional; en el 2008 se vencieron 5 concesiones  (17.99 MW) y 4 contratos (17.33 MW) privados.  Al 31 de diciembre del 2007 la capacidad total instalada de los cogeneradores era de 205,48MW, lo que equivale al 9,42% de la capacidad instalada nacional.  Es evidente que esa cantidad de energía puede ser sustituida y superada por el Ice sin dificultad con alguno de tantos proyectos del plan nacional de expansión, o incluso, sencillamente, mejorando la eficiencia de operación de las plantas actuales.

 

El Ice tiene capacidad instalada (1.692,27 MW) y de generación propia más que suficiente para abastecer al país.  Es decir, no estamos ante una crisis que provocará apagones, aunque este sea un argumento recurrente de los privados y de la administración del Ice para asustar a la población y hacerle creer que toda la electricidad que se pueda producir es necesaria.  En febrero de 2009 el sindicato ANTTEA del Ice, también reiteró que no habría faltante de electricidad aún cuando por el terremoto de Cinchona (8 de enero) quedó fuera de servicio el PH Cariblanco  de 82Mw, y también estaba fuera de servicio la planta Garita.  Se explicó que sumando la nueva planta Toro III, un nuevo sistema eólico en Guanacaste, la planta térmica de Garabito y el PH Pirrís de 128 MW, se generarían hasta 235 Mw adicionales.

 

Otro problema es que desde las comunidades rechacemos el crecimiento exponencial de generación a costa de los ecosistemas, las comunidades y de la vida en general, pues el Ice no ha podido demostrar la indispensabilidad de cada represa.  Pero esta es otra polémica relacionada con cuál es el modelo energético que el país requiere, y cuál es el umbral ecológico y social de la hidroelectricidad en Costa Rica.  Lo que importa es que los mismos datos del Ice indican que la generación privada resulta innecesaria para el país, y que ante la carencia nacional de una seria planificación energética incluida la hidroelectricidad (lo cual es distinto a tener estimaciones del potencial de cada río), resulta una total irresponsabilidad del Estado y de la administración del Ice, entregarle al sector privado local y a cualquier inversionista foráneo el futuro de los ríos nacionales para que lucren con ellos.  Las leyes aprobadas para el TLC junto con este proyecto de ley son un nuevo combo contra el Ice y el pueblo de Costa Rica que deja en riesgo inminente a todos los ecosistemas en las cuencas nacionales y violenta los derechos de las comunidades afectadas negativamente.

 

Adicional:  Los privados y la defensa del Pacuare

 

Al respecto de la defensa del Pacuare los empresarios privados han sido directos llamando a construir la represa y a enfrentar la oposición directa y “fuertemente” y “en contra de lo que sea”.  La posición de la unión de cámaras privadas también permite conocer la hondura de la “visión ambiental” de los empresarios, que al parecer se constriñe a “trabajar en reforestación”:

 

“Estamos concientes de que el Ice ha tenido problemas de carácter ambiental con ciertos sectores ambientalistas que no permitieron el desarrollo adecuado del plan que el Ice tuvo en el caso Pacuare; eso nos extraña mucho porque el Ice se ha siempre se ha distinguido por trabajar en reforestación de las cuencas…,…nos parece al sector productivo, que el gobierno en estos casos debería orientar un poco más fuertemente y apoyar este plan de desarrollo en contra de lo que sea y llevar adelante lo que el país necesita” (Subrayado ODC). (Rafael Carrillo, CD, ICE, Sesión 5796, 07,06,2007, 317b).

 

En la misma dirección de descalificación de las comunidades y del plebiscito del Pacuare, el Director Ejecutivo de ACOPE indicó que “menos de 9.000 personas se arrogaron el derecho de decidir por el resto de nosotros; ¡algo así como 9.000 sobre 4 millones! El río nos pertenece a todos y lo que se haga de él no lo pueden decidir 4 gatos que viven al menos a 20 km de un río que se halla en medio de la selva” (LN, Jueves 6 de noviembre de 2008).

 

Ante la presión por represar el Pacuare y por aprobar nuevas leyes de privilegio para las empresas privadas, la condición más importante que podemos exigir las comunidades directamente afectadas por PHs -y toda la población en su condición de consumidora de energía eléctrica- a la administración del Ice y al gobierno, es la no renovación de ningún contrato a privados con base en leyes ilegales.  Además, en los contratos vigentes se debe revisar las tarifas, y en todos los casos realizar los juicios por el daño que provoca la sangría pagada por el pueblo de Costa Rica a esos empresarios, con base en las resoluciones de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República, que el gobierno y la administración del Ice lejos de acatar, han tratado por todos los medios de esquivar e invalidar.  No se trata de impedir los negocios privados, pero sí de regularlos y de ajustarlos a normas de responsabilidad y fueros aceptables de rentabilidad, para eliminar los groseros privilegios que hasta ahora han existido.

 

*El autor es Sociólogo y educador. Presidente de la Asociación Proyectos alternativos para el desarrollo social, PROAL-Amigos del Pacuare, profesor en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

 

 
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