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Merino denuncia privatización de agua de los ríos
miércoles, 25 de febrero de 2009

elpais.cr La privatización parcial del agua de los ríos de Costa Rica, para favorecer a los empresarios privados generadores de electricidad, fue denunciada por el legislador del Partido Frente Amplio, José Merino del Río.

 
El diputado hizo la denuncia durante el inicio del debate para conocer  el proyecto de Ley marco de la concesión de aguas para la generación de energía hidroeléctrica, que tiene el expediente número 16.949.

 


La convocatoria incluye además el proyecto de ley de reforma a la Ley de participación de las cooperativas de electrificación rural y de empresas de servicios públicos nacionales, contenida en el expediente 15.248.


Estos proyectos forman parte de las iniciativas de orden energético, que buscan ampliar la oferta de producción de electricidad, según afirmaron altos funcionarios del Gobierno, pero que Merino considera la llave de la privatización parcial del agua para que los generadores privados exporten directamente energía eléctrica hacia Centroamérica.
 

Acusación


Merino acusó a las altas autoridades del Gobierno de “no querer discutir de cara al pueblo, con el rostro descubierto, para que la opinión pública sepa a ciencia cierta de que estamos hablando”.
 

Reclamó además al ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Roberto Dobles, de andar hablando de esta Ley, aun cuando el Parlamento no conocía ese proyecto, lo que calificó de vergüenza para el Congreso.


Cuestionó que en medio de una crisis económica se esté jugando y preguntó “dónde está la Ley Marco del Recurso Hídrico, dónde está la Ley Marco de Electricidad. Claro, el Gobierno prefiere ir de esta manera caótica, con empréstitos, con leyes parciales, para que el país no tenga una visión de conjunto sobre cuál deber ser un plan de desarrollo energético nacional”.


“Hay una lucha por el agua en Costa Rica”, sostuvo Merino al recordar los conflictos que se están originando en las comunidades costeras de Costa Rica por lo que propuso otorgar las concesiones, en un plazo no superior a 15 años, “considerando las prioridades y reservas de agua”.
 

El legislador lamentó que las actuales concesiones tienen un plazo de 25 años y se pueden renovar por otro período similar. “Estamos hablando de concesiones para la eternidad de un recurso tan vulnerable”, afirmó.
 

Dijo que se debe preservar siempre el uso del agua para necesidades humanas vitales, de las comunidades, antes que otorgarla para otro uso.

 
Negocio

 
“¿Por qué este Gobierno y estos sectores que han llevado a la destrucción de muchos ecosistemas y modos de vida en muchas zonas costeras del país se han negado a que haya una discusión sobre la gestión integral del recurso hídrico? ¿Por qué se han negado, a pesar de que todas las luces de alarma están prendidas desde hace años en este país? Quieren manejar el problema a punta de decretos, a punta de reglamentos inconstitucionales”, ahondó el legislador.

 
Para Merino, el caso de Sardinal en Guanacaste, donde la población se opone a la sobreexplotación de un acuífero para beneficiar proyectos inmobiliarios privados, “puede ser un manual de la picaresca nacional de cómo se han juntado ahí algunos empresarios inescrupulosos con el presidente ejecutivo de AyA (Acueductos y Alcantarillados), y algunos miembros de la Junta Directiva de la institución, con el ministro Dobles, que fueron a Sardinal a engaña a la comunidad, a querer estafar a la comunidad”.

 
“Claro ellos quieren un tipo de leyecitas aquí para que no haya un debate sobre un recurso como el agua, un debate integral en una ley marco”, reclamó Merino al sostener que esta Ley en discusión no tiene en cuenta el bien común.

 
“Se quiere aquí seguir con el ritual, con la vulgata neoliberal de la privatización del agua, cuando otros países hablan de nacionalizar por los desastres que leyes como estas de los co-generadores privados les ha traído”, advirtió.

 
Merino dijo que en los próximos días de discusión de este proyecto de Ley se debe hacer un balance sobre los beneficios que han tenido los empresarios privados de la electricidad, que se han abusado de una fórmula ilegal para llenarse los bolsillos, “y esa es una forma de corrupción política”.

 
“Este no es un proyecto prioritario, este es un proyecto prioritario de un equipo político empresarial de negocios, esa es la verdad”, sostuvo Merino.

 
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