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Fallo sobre las Crucitas provocaría “enjambre minero”
miércoles, 25 de febrero de 2009

 Escrito por Javier córdoba morales ( Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla )Expertos de la UCR advierten que una resolución positiva para Las Crucitas provocaría una avalancha de nuevos proyectos mineros.

La empresa Industrias Infinito, responsable del proyecto minero Las Crucitas, tiene entre sus pendientes la explotación de los yacimientos de San Antonio y Conchudita, localizados casi a la orilla del Río San Juan.


 

Si bien en esas zonas hasta el momento no se ha realizado exploración alguna, los especialistas aseguran que según sea la resolución de la Sala Constitucional respecto a la mina en Las Crucitas, se podría desencadenar la aparición de más proyectos.

 

En una publicación en la revista sobre minería www.metalnews.com, el presidente de Infinito Gold, John Morgan, explica lo rentable que será el proyecto Las Crucitas, y entre las diapositivas que se exponen, hay dos mapas que muestran los bloques de exploración que han sido otorgados a esta compañía.

 

Algunos de estos bloques son aledaños al proyecto Las Crucitas, y otros se encuentran entre las provincias de Alajuela y Heredia, para un total de 60.000 hectáreas de nuevas zonas de exploración.

Para los especialistas del grupo universitario “Llamado Urgente al País”, nacido durante la polémica por la mina Las Crucitas, los próximos meses podrían ser cruciales para definir si Costa Rica abre o no las puertas a la “minería química”.

 

MORATORIA NECESARIA

 

El geólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR), Allan Astorga aseguró que es normal en proyectos mineros que las compañías exploren las zonas aledañas en busca de más oro, pues es muy probable que lo encuentren.

 

Para Astorga es preocupante no solo los bloques de exploración que tiene la empresa Infinito, sino los permisos que ya se han otorgado a otras empresas en zonas como Talamanca, y las que en este momento hacen fila por un bloque para explorar.

 

“El mensaje de esta administración al darle declaratoria de “interés nacional” a Las Crucitas es “sí queremos minería” y esto podría provocar una avalancha de solicitudes. San Carlos va a terminar lleno de grandes huecos de exploración minera en las cuales se eliminarán bosques y se quitará la capa vegetal”, comentó.

 

Astorga recordó que ya el grupo “Llamado Urgente al País”, el Consejo Universitario de la UCR y hasta el mismo proyecto gubernamental Paz con la Naturaleza, han recomendado una moratoria minera, ante las serias debilidades que tiene la legislación costarricense en este tema.

 

Según la especialista, si no se detiene la avalancha de solicitudes, el país podría tener muchos proyectos como Las Crucitas, reclamando derechos adquiridos solo por el hecho de haber obtenido una concesión minera.

 

Explicó que para obtener una concesión de exploración es necesario presentar un Estudio de Impacto Ambiental, por lo que los concesionarios, e inclusive el gobierno mismo confunden estos procedimientos, con una adquisición de derechos para explotar.

 

“Por eso es que el Ministro de Ambiente dice que el país se puede ver sometido a una demanda, porque con los TLC y los convenios de inversión se obliga a los países a acompañar estas inversiones hasta el final, pero eso no es lo correcto”, apuntó.

 

En su criterio, un fallo favorable de la Sala Constitucional a Las Crucitas crearía grandes presiones de explorar otras zonas del país: las cordilleras, los territorios indígenas, e inclusive, las áreas protegidas.

 

El interés en el negocio de la minería en Costa Rica crece día con día, pues no solo el oro ha subido su precio hasta llegar casi a los $1.000 por onza, sino que además lo que pagan las empresas por cánones, garantías ambientales e impuestos es muy poco.

 

 

DEPENDE DE LAS CRUCITAS

 

El encargado de prensa de la empresa Infinito, José Andrés Soto, aseguró que la compañía tiene solo diez bloques de exploración, los cuales aún no ha utilizado y que en este momento se encuentran “suspendidos”.

 

“Tener los bloques en concesión no significa que se vayan a explotar, porque la empresa está concentrada en Las Crucitas y depende de lo que resuelva la Sala Constitucional en este caso”, expresó Soto.

El representante de la empresa indicó que no se sabe aún si los bloques tienen yacimientos rentables o no, por lo que dependiendo de lo que pase con Las Crucitas, la empresa se aventuraría a emprender la costosa tarea de la exploración.

Para el biólogo de la UCR, Jorge Lobo, aunque no han sido explorados, estos bloques cumplen una función importante para la empresa, pues crean una expectativa de inversión a futuro y les permite acceder a mayor financiamiento.

Lobo se mostró preocupado por los dos yacimientos identificados en Conchudita y San Antonio, ya que al estar prácticamente a la orilla del San Juan, el impacto sobre la cuenca de este río internacional sería casi inmediata.

 

“De cualquier manera estamos provocando un “enjambre minero”, y con esto los efectos ambientales suben, porque un solo río va a sufrir la sedimentación de varias minas como el San Juan, y se van a afectar otros ríos como el San Carlos. Tampoco va a ser tan sencillo la recuperación de las áreas que se abandone luego, porque se requiere de fuentes de semillas, animales, fertilidad del suelo y otras variables que se perderán bajo las minas”, aseguró Lobo.

 

Estas posibles afectaciones al San Juan ya fueron tema de preocupación al otro lado del río desde hace más de tres años, como lo muestra una nota del Nuevo Diario de Nicaragua, que el 29 de septiembre del 2006 tituló “Otra vez amenazan con minería al río San Juan” y menciona los yacimientos de Conchudita y San Antonio.

 

En la nota se señala lo peligroso que puede ser el desarrollo de la actividad minera en Conchudita, tanto por los efectos sobre el río, como por la presión que podrían ejercer los canadienses por medio de demandas.

 

“Nuestra preocupación es el gobierno canadiense, que esta explotación minera entre en los acuerdos comerciales que ellos propician, y esto es un alicate, una tenaza fuerte en el tema económico y no sabemos si la decisión de Costa Rica va a ser invariable o va a permitir este tipo de acciones”, se señala en la nota.

 

El embajador de Nicaragua en Costa Rica, Harold Rivas, aseguró a UNIVERSIDAD que el gobierno costarricense no ha respondido aún los cuestionamientos de su gobierno sobre los impactos del San Juan, y afirmó que investigará lo que podría suceder con los otros yacimientos cercanos al río.

 

 

UCR visitó Las Crucitas

 

Una comisión conformada por el Consejo Universitario de la UCR visitó la mina Las Crucitas y las comunidades aleñas entre el 7 y 8 de febrero, con la finalidad de conocer más de cerca el impacto de la tala que la empresa Infinito Gold realizó en octubre pasado, autorizados por un decreto del gobierno.

 

El miembro del Consejo de la UCR, Héctor Monestel, explicó que el objetivo de la gira era acercarse a la comunidad para conocer sus inquietudes sobre el proyecto, y dar un apoyo a los grupos que se han mantenido firmes en la oposición al plan.

 

Si bien no se logró obtener un acceso directo al terreno de la minera, ya que la empresa argumentó que el aviso sobre la visita fue tardío, la delegación universitaria ingresó a un camino público que atraviesa la finca, y desde el cual se pudo observar parte del área impactada por la tala, donde se pretende explotar el oro.

 

Gustavo Gutiérrez, biólogo e integrante de la comisión, aseguró que mucho del bosque talado en octubre aún está en el suelo, y es evidente que hay importantes áreas de bosques primarios y secundarios, que dan hogar a animales en peligro de extinción, como la lapa verde y el jaguar.

 

Gutiérrez narró que el camino que pasa en medio de la finca está en muy malas condiciones, pues hay pretensión de la empresa de convertirlo en una calle privada, para lo cual han habilitado otro camino que bordea la finca, pero que es más largo.

 

El biólogo aseguró que pudieron constatar que en las comunidades aledañas hay un amplio apoyo al proyecto, sustentado en las “donaciones” que la empresa hace a la escuela de la comunidad y a las promesas de empleo, que es escaso en la zona.

 

Monestel comentó que la comisión prepara un informe sobre este caso, e insistió en la necesidad de que el país declare una moratoria a la actividad de la minería que requiere sustancias químicas peligrosas en sus procesos, como es el caso del cianuro.

 
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