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Voto defiende zona de amortiguamiento en Área Silvestre de Tamarindo
lunes, 16 de febrero de 2009

baulas_parqueicono.jpgCarlos Salazar elpais.cr La organización The Leatherback Trust, que defiende la conservación del Parque Baulas, en el Pacífico norte de Costa Rica, aseguró que un voto de la Sala IV no expande los límites del refugio, sino que aumenta las medidas  de protección de las zonas adyacentes (de amortiguamiento)  a las áreas silvestres protegidas.

Algunos vecinos e inversionistas, liderados por la Cámara de Turismo de Guanacaste (Caturgua), iniciaron una serie de reuniones con el fin de diseñar una jornada protestas por la resolución, pero han sido calmados por las autoridades de gobierno, que les prometieron buscar supuestas soluciones legales a lo que puede resultar un conflicto.

 


 

El abogado ambientalista José Luis Rodríguez, explicó a Nuestros País que el recurso presentado por vecinos y vecinas del lugar trata de que se respete esa zona de amortiguamiento, prevista en un convenio internacional ratificado por Costa Rica, y definido en 500 metros por la propia reglamentación que rige a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

 

Ante una publicación de Caturgua, Rodríguez aclaró que el recurso no lo planteó The Leatherback Trust, sino personalmente “doña Clara Padilla, Ernis Contreras, Laura Jaén, Mercedes Jaén, Zulma Jaén y otros, como vecinos guanacastecos en defensa de su territorio y de su medio ambiente”.

 

La Cámara aseguró que dicha acción trajo como consecuencia la paralización de aproximadamente 40 proyectos, entre hoteles y viviendas, algunos ya construidos y una gran parte en proceso de construcción, ubicados precisamente en el área de amortiguamiento.

 

 

“La respuesta de Sala IV, ante dicho recurso, fue encomendar a la Contraloría General de La República la realización de un estudio técnico que verifique si este desarrollo podría aumentar la contaminación lumínica e impactar en el desove de la tortuga baula, que requiere de condiciones especiales para su anidación como silencio y oscuridad”, añadió Caturgua.

 

Protección

 

Para Rodríguez “no hay que desconocer que respecto de las áreas silvestres protegidas, y con mayor razón los "Parques Nacionales" cuya naturaleza es la protección absoluta, las “zonas denominadas de amortiguamiento o áreas adyacentes”.

 

Explicó que “constituyen un área básica de protección, en las cuales las actividades compatibles no deben ser diferentes al ecoturismo, manejo o recuperación de flora y fauna, áreas de conservación privada, concesiones para conservación, servicios ambientales, investigación, recuperación de hábitats, agroforestería, y otras similares”.

 

Las zonas de amortiguamiento pretenden aumentar el tamaño eficaz de las unidades de conservación a través de la promoción de usos de la tierra, que sean lo más similar posible a los ecosistemas naturales en parques y reservas adyacentes, para amortiguar, al área protegida de las influencias negativas de la actividad humana circunvecina.

 

“Cuando las áreas naturales están rodeadas por paisajes intensamente utilizados, y la demanda por la tierra o las inquietudes políticas y económicas evitan la adquisición directa de tierras, el manejo de zonas de amortiguamiento podría ser la única opción disponible para los administradores de terrenos, a fin de mejorar la viabilidad ecológica de sus áreas protegidas y reducir las tasas de pérdida de especies”, explicó el jurista.

 

Rodríguez recordó que no en vano nuestro país ratificó el Convenio sobre Diversidad Biológica y Anexos (Río de Janeiro, 1992), mediante Ley 7416 del 30 de junio de 1994, que en su artículo 8 es claro en proclamar el deber de los Estados signatarios de establecer políticas y medidas  de protección de las zonas adyacentes (zonas de amortiguamiento)  a las áreas silvestres protegidas. Señala dicho numeral: 7416

 

"ARTICULO 8. Conservación in situ. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

 

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.

 

b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.

 

c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible.

 

d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales.

 

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas.

 

f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación.

 

(…) i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.

 

(…) l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes. Y m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación in situ a que se refieren los apartados a) a l) de este artículo, particularmente a países en desarrollo."

 

Además, recordó también que sobre la zona de amortiguamiento, el Reglamento sobre Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA, señala en su artículo 19:

 

"Artículo 19.— a) Para la determinación de la condición de viabilidad ambiental y de la presentación o no de un Estudio de Impacto Ambiental, deberá llenarse el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP). Los proyectos, obras o actividades que no estarán sujetos al proceso de evaluación de impacto ambiental y a la presentación del FEAP ante la SETENA, serán aquellos que se localicen en espacios geográficos que reúnan las siguientes características:

 

1. Que se ubiquen en territorios donde exista una planificación regional, a una escala no mayor de 1: 50 000, y

 

2. Que además, cuente con un Plan Regulador vigente, de carácter cantonal, siempre y cuando no se localicen en las siguientes áreas especiales:

 

Áreas de amortiguamiento a zonas protegidas (Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Absolutas, Reservas Forestales, Áreas Protectoras), cuya extensión mínima se define como un área de 500 metros medidos a partir de los linderos del área protegida”.

 

Luminosidad

 

Para Rodríguez, otro aspecto que alega CATURGUA es señalar que lo que se pretende es proteger las tortugas de la luminosidad, “pero so no es todo porque “Un estudio elaborado por Acueductos y Alcantarillados, en el que concluye la necesidad de elaborar un estudio hidrogeológico  de todo el acuífero costero de Playa Grande, y que se debe establecer una moratoria  en el desarrollo de la construcción hasta tanto  no se tengan los resultados de dicho estudio.

 

Informó que un nuevo estudio realizado por el Ingeniero Mario Arias Salguero, de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, y que aparece en la revista del Instituto Geológico y Minero de España, "Boletín Geológico y Minero." Volumen 118 enero-marzo 2007 número 1, denominado "La primera experiencia en la aplicación de los métodos electromagnéticos en acuíferos costeros de Costa Rica: El caso de Tamarindo, Guanacaste", concluye algo de sumo interés y preocupación: "El mapa de vulnerabilidad intrínseca, evidencia que el sector más vulnerable  se encuentra en el Estero Tamarindo, Estero Ventanas, Playa Grande y Tamarindo; por lo que es necesario tomar medidas de protección  del recurso hídrico.(…) en los sectores de vulnerabilidad extrema, no se debe permitir ningún tipo de actividades productivas, solamente aquellas enfocadas a la conservación"

 

Por otra parte, el oficio ASU-476-06 del 23 de noviembre de 2006, suscrito por la Geóloga, Área de Aguas Subterráneas del SENARA Msc. Clara Agudelo, y el Ing. Carlos Romero Director del Área de Aguas Subterráneas del SENARA, dirigido al Ing. Alberto Sánchez de la Dirección de Planeación  y Desarrollo Turístico del ICT; concluyen en lo que nos interesa: "Con respecto al segundo punto, a nivel de regulación, actualmente se encuentran restringidos los permisos de perforación de pozos en los acuíferos de Potrero, Brasilito, Playa Grande y Huacas- Tamarindo debido a los estudios  y evaluaciones técnicas  que evidencian problemas  relacionados a la contaminación de sus aguas por intrusión salina e indicios de sobreexplotación (…) Por lo cual, dentro de los planes reguladores  debe considerarse que, cualquier desarrollo o actividad (incluido viviendas) que se desee realizar  en dichas áreas debe considerar  el análisis de demanda  de agua para el proyecto  e identificar la fuente de abastecimiento prevista que garantice el suministro  de agua en calidad y cantidad y satisfaga la cobertura total de la demanda de agua para dicha actividad, como una variable de evaluación  de la factibilidad ambiental del proyecto, cuando así se requiera. (…)

 

Es así que, todas las actividades potencialmente contaminantes que se deseen desarrollar en la zona de interés, deben cumplir con la elaboración de estudios  hidrogeológicos  detallados  que permita conocer el entorno, las características y el estado de los acuíferos y o las aguas subterráneas, así como determinar el nivel de vulnerabilidad a la contaminación intrínseca del acuífero  y específica de la actividad que se pretende desarrollar (…)".

 

Rodríguez recalcó que existe un problema de planificación en la Zona de Tamarindo y playa Grande, que gira alrededor del recurso hídrico y que la Sala está ordenando corregir.

 

Por otro lado, reafirmo “que aquí lo que ha sucedido es que la SETENA  y la Municipalidad de Santa Cruz han actuado por años de manera abslutamente irresponsable, y la Sala está poniendo coto a ello. Simplemente les está diciendo que el desarrollo tal y como se está dando no puede continuar sin antes conocer las condiciones hidrogeológicas de la zona”.

 

Finalmente, el abogado Rodríguez sostiene que “no es cierto que a la Contraloría General de la República se le haya encomendado hacer estudios técnicos. Lo que se le encomendó fue investigar si los funcionarios públicos que han actuado irresponsablemente en el otorgamiento de permisos han incurrido en acciones que pueden resultar en sanciones administrativas”.

 
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