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Sala IV frena entrega de manantiales sin Estudio de Impacto Ambiental
lunes, 16 de febrero de 2009

elpais.cr La Sala Constitucional de Costa Rica paralizó la entrega de manantiales a empresas y particulares sin previo Estudio de Impacto Ambiental (Eia), al declarar con lugar un recurso de amparo presentado por el ex diputado Quírico Jiménez y otros.

 

La Sala IV, por medio del voto 2019-2009 del 11 de febrero de 2009, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad planteada por Jiménez y otros  en contra del artículo 14 del Decreto Ejecutivo 32734-MINAE.

 


Dicho decreto había derogado la obligación de obtener viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), para la captación, depuración y distribución de aguas.

 

Para quienes presentaron la acción ante el máximo Tribunal Constitucional, se trata de una nueva victoria en contra de la política de la desregulación ambiental, nuevamente es obligatorio obtener Eia, previo a otorgar concesiones para los aprovechamientos de aguas.

 

“Se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad. En consecuencia, se anula por inconstitucional el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 32734-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, del 9 de agosto del 2005”, señala el voto.

 

Agrega que “esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia del acto anulado, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las relaciones o situaciones jurídicas que se hubieran consolidado por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material”.

 

“Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Comuníquese al Presidente de la República y a los Ministros de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Salud, Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Ganadería y Economía, Industria y Comercio”, ordena la resolución.

 

De acuerdo con el Expediente: 05-015450-0007-CO, se admitió la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 14 del Decreto Ejecutivo número 32734-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, por cumplir con los requisitos exigidos por ley.

 

Además, “toda vez que se encuentran legitimados para accionar en forma directa en atención a que pretenden la defensa de intereses difusos y que atañen a la colectividad nacional, en este caso la defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como derivado directo de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, en tanto reclaman la debida tutela del recurso hídrico nacional”.

 

El expediente señala que la norma se cuestiona únicamente en cuanto “elimina de la lista de actividades que deben contar con previa evaluación de impacto ambiental otorgado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para el otorgamiento de concesiones y permisos de aguas superficiales y subterráneas”, que exigía el anexo 2. del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo número 31.849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, dispuesto en la Categoría Estado Electricidad, gas y agua, División 41, captación, depuración y distribución de agua.

 

Arbitrariedad

 

Agrega que fue aceptado porque presenta las siguientes inconformidades con el Derecho de la Constitución:

 

“a.) que la norma es arbitraria y violatoria del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que deriva de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, y del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que exige la realización de una evaluación de impacto ambiental respecto de toda conducta humana que pueda implicarse en un daño en el ambiente o en los elementos que lo conforman, toda vez que la extracción y aprovechamiento del agua –tanto superficial como subterránea– puede alterar o destruir elementos del ambiente.

 

b.) que es violatoria del principio precautorio en materia ambiental, que está consagrado en la Convención de Río, en tanto esta evaluación técnica se constituye en instrumento idóneo para determinar el posible impacto negativo que las acciones y conductas del hombre pueden tener en el ambiente y en sus elementos, así como las posibles medidas que puedan tomarse para mitigar ese efecto negativo.

 

c.) el principio desarrollado por la jurisprudencia constitucional en el sentido de que la exigencia de la evaluación técnica (estudio de impacto ambiental) debe ser previa al otorgamiento del permiso o concesión respectiva (en este sentido, las sentencias números 6240-93, 2001-4245, 2002-1221 y 2004-13441).

 

d.) la obligación del Estado a garantizar una tutela efectiva del recurso hídrico, así como su uso racional, que, además de que es un bien de dominio público, es uno de los elementos del ambiente, que es esencial para la sobrevivencia de la población y el desarrollo de actividades productivas; y,

 

e.) que la norma es irrazonable en tanto elimina un requisito esencial para la tutela del uso y explotación del recurso hídrico, sin ningún fundamento técnico que respalde la decisión. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y los Ministros de Ambiente y Energía, Salud, Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Ganadería y de Economía, Industria y Comercio. Publíquese por tres veces un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la norma cuestionada, no se dicte resolución final mientras las Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Se aclara que en los procesos judiciales pendientes lo que no se puede es dictar la sentencia, o, en su caso, el acto en que haya de aplicarse la norma cuestionada, en el sentido en que lo haya sido; y que lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendientes a agotar esa vía, que únicamente son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo claro está, que se trate de normas de procedimiento que deban aplicarse durante su tramitación. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se advierte que conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala esta publicación no suspende la aplicación de la norma en general, sino únicamente para los efectos supraindicados”.

 
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