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Decretos ejecutivos amenazan paz con la naturaleza, denuncian
lunes, 09 de febrero de 2009
 Una serie de decretos ejecutivos que amenazan a la naturaleza o que están mal redactados hace que comunidades y abogados utilicen la Sala IV como herramienta de defensa ambiental, aseguran expertos.

 

informa-tico.com Las críticas al programa Paz con la naturaleza no son nuevas. Desde la creación de esta iniciativa tuvo la atenta mirada de los grupos ecologistas que reconocieron algunos aciertos y criticaron muchos yerros.

 

Pero la principal crítica, a juicio del abogado Nicolas Boeglin de la Universidad de Costa Rica, es que "es una iniciativa de promoción hecha hacia el exterior y lo que nosotros cuestionamos es que no tiene consistencia con la política que se lleva a cabo en Costa Rica", dijo a el abogado ambientalista.

 

Las contradicciones, dijo, se basan en "una larga lista de decretos ejecutivos que amenazan a comunidades y su ambiente y que justamente son escritos por las autoridades que, se supone, son las que velan por el ambiente en nuestro país".

 

El Poder Ejecutivo ha puesto en vigencia varios Decretos Ejecutivos en el campo ambiental objetados por ecologistas.

 

Los especialistas detallaron para informatico.com algunos de esos decretos.

 

El decreto 33.757-MP-MIVAH-MINAE, que es una reforma al Plan Regional de Desarrollo urbano de la Gran Área Metropolitana;

 

el 33.957-MINAE-MAG, que permite la construcción de obras de infraestructura civil en cualquier uso de la tierra, incluso sobre el 75% de pendiente;

 

el 30.043-MINAE, que reduce los límites al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en la zona atlántica;

 

Otros Decretos son el 34.295-MINAE, para la clasificación de tierras en la Zona Marítimo Terrestre por profesionales privados;

 

el 34.136 MINAE, que es un Reglamento de procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, donde el acceso al expediente administrativo es solo para las partes y sus representantes y los abogados; el 34.282 TUR-MINAE-C, donde se da en concesión un 5% de la isla San Lucas;

 

Reglamento donde se incluye el Plan regulador de Esparza y se le da otro uso a terrenos demaniales dentro de la Zona Protectora Tivives;

 

el 34.456-MP-MIVAH-TUR-MINAE-COM, que establece las directrices generales de ordenamiento territorial y el Plan Regional Urbano de la Región Chorotega.

 

Quizás el decreto que más polémica causó durante el año pasado fue el de declaratoria de interés nacional del proyecto minero en Crucitas.

 

"Pero hay muchos como ese", dijo el abogado Boeglin a informatico.com, "como por ejemplo, el interés nacional otorgado a un mega proyecto de Guanacaste que se llama Punta Cacique".

 

La principal crítica ante estas declaratorias de interés nacional es porque son proyectos de privados internacionales, aseguró Boeglin. "El mayor peligro de todo esto es que en un ministerio que se supone debe proteger el ambiente tenemos un jerarca con mente empresarial. Además, el MINAET concentra una gran cantidad de recursos estratégicos, como telecomunicaciones, minas, energía y ahora tenemos que es la entidad rectora del agua, no se si en otros países hay un ministerio que concentre tantos recursos estratégicos como esta cartera actualmente en Costa Rica".

 

Todo esto ha generado que las comunidades han optado por utilizar a la Sala Constitucional como herramienta de defensa ambiental, sostiene Boeglin.

 

"La pérdida de credibilidad en las instituciones que se supone defienden el ambiente genera que las personas vayan directamente a la calle o a la Sala IV", explicó el abogado.

 

Y esto se da porque no hay una interlocución y no tenemos esa figura que debería ser un tercero imparcial como lo es la figura del Estado" en una disputa entre comunidades y empresas desarrolladoras, concluyó Boeglin.

 
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