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Denuncian existencia de estructura paralela en el MINAET
jueves, 05 de febrero de 2009
minae2710b.jpgEscrito por Vinicio Chacón semanario.ucr.ac.cr Laxitud en la firma de convenios y en el manejo en cuentas privadas de dinero proveniente de organizaciones no gubernamentales (ONG), así como el depósito en cuentas privadas de las indemnizaciones emanadas del Tribunal Ambiental Administrativo son los elementos que llevan a varios diputados a considerar la existencia de un estado paralelo en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).

 

Esos hechos fueron denunciados por el auditor del Ministerio, Rodrigo Bonilla, durante su comparecencia de tres sesiones ante la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, entre diciembre y enero.

 

 

El funcionario sentenció que “la toma de decisiones a nivel gerencial (en el MINAET) es permisiva con los entes externos, como las fundaciones y ONG, quienes participan en decisiones que le atañen a la administración”, lo cual “ha provocado una administración privada paralela a la administración pública, manejando miles de millones de colones públicos, sin ningún control por parte del nivel superior y mandos medios del MINAET”.

 

De acuerdo con el funcionario, ese Ministerio ha recibido más de ¢90.000 millones en cooperación, sin que se regule su destino.

Bonilla explicó ante la Comisión que una ley sobre el presupuesto nacional aprobada a finales de los años 80, “abrió un portillo para que se creara la cultura en este Ministerio de suscribir convenios con organismos no gubernamentales, para que el personal privado labore en el MINAET”.

 

Bonilla detalló que ese personal privado “se arroga potestades que no le compete, como utilizar uniformes de la institución, utilizar vehículos oficiales, portar armas, manejar recursos públicos siendo empleados privados, sin que el Ministerio tenga la potestad para amonestarlos por alguna irregularidad cometida”.

Añadió que el Ministerio ni siquiera verifica atestados académicos u hojas de delincuencia.

 

Bonilla además especificó que a la luz de ese “portillo” que abrió la Ley,  en 1998 se firmó un convenio entre el entonces MINAE y la Fundación de Parques Nacionales (FPN), según el cual el 15% de las entradas que se pagan a los principales parques nacionales del país, se trasladó a esa Fundación. “Han sido miles de millones de colones que por muchos años ha disfrutado esa Fundación sin que realizara las debidas rendiciones de cuentas al MINAET, ni que éste se interesara en solicitarlas”, denunció.

 

En tercer lugar, apuntó que las indemnizaciones producto de conciliaciones judiciales por daños ambientales, “se plasman en resoluciones donde consta que recursos públicos se depositen en cuentas privadas y alcanzan miles de millones de colones, cuentas corrientes que tienen los organismos no gubernamentales para que sean depositados esos recursos”.

 

Bonilla apuntó que existe “un sin número” de ONG que se benefician al recibir dineros públicos producto de conciliaciones judiciales por daño ambiental. Entre ellas señaló la FPN, la Fundación para el Desarrollo del Área de Conservación Arenal (FUNDACA) y la Asociación Pro-Conservación de Recursos Naturales Suerre-Pococí (ACUARENAS).

 

Cabe destacar que el pasado 29 de enero el presidente de la FPN, Ricardo Meneses, compareció ante la comisión legislativa, pero se abstuvo de contestar preguntas al respecto que le hicieron los diputados Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Jorge Eduardo Sánchez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

AL MARGEN DE LA OFICIAL

 

La comparecencia de Bonilla ante la mencionada comisión se originó ante una investigación que la misma realiza sobre la presencia e injerencia de la ONG The Leatherback Trust (TLT) en el Parque Nacional las Baulas, en Guanacaste.

 

Sánchez, quien preside la Comisión, explicó que originalmente envió un cuestionario sobre ese tema específico a Bonilla, “cuyas respuestas revelaron gran cantidad de información que desconocíamos”.

 

“La conclusión a la que puedo llegar es que la investigación debe ser mucho más profunda, hay un manejo de fondos que se debe esclarecer”, señaló el legislador socialcristiano.

 

Sánchez puntualizó que no deben haber dobles salarios, o casos en que funcionarios hagan viajes pagados con fondos de la ONG a la que deben fiscalizar.

 

Al respecto, Salom aseguró que “mi despacho tiene toda la lista de fundaciones con los montos que cada una ha donado al Ministerio, que en total alcanza más o menos $130 millones, es decir ¢90.000 millones, todo donado en cuentas privadas al margen del control público, no es auditable por la Contraloría General de la República ni los diputados tenemos acceso”.

 

Salom también se refirió a las denuncias sobre el depósito en cuentas privadas de las indemnizaciones por daños ambientales decididas por el TAA. “Ya la Contraloría confirmó el carácter público de esos fondos; aún así, se siguen manejando subrepticiamente algunos recursos a espaldas del presupuesto nacional y de la misma Contraloría”.

 

Salom calificó ello como “muy grave”, pues el TAA “es el que falla y el que dispone de los dineros, es juez y parte. José Lino Fallas es el único que tiene posibilidad de firmar contra las cuentas del Tribunal”, señaló.

 

El legislador apuntó que hay una “imbricación” de intereses públicos y privados. “Se ha conformado una madeja compleja y el Ministerio asienta gran parte de sus funciones en la labor que hacen las fundaciones privadas, haciéndose de la vista gorda en relación con todos los giros de dinero. El jerarca sabe de todo esto y hace caso omiso”.

 

“Lo que más me preocupa es el monto de los recursos que se manejan al margen del control de los órganos de fiscalización del Estado. Muchas de estas fundaciones recogen plata en el exterior en nombre de los parques nacionales de Costa Rica, pero el giro de los recursos no necesariamente responde al interés público, porque lo determina cada fundación, no el Ministerio”, sentenció.

 

Otro miembro de la Comisión, el libertario Mario Quirós, sentenció que “definitivamente queda claro que hay una estructura al margen de la oficial del MINAET, que participa de la gestión de fondos que deben ser públicos y que no ingresan al Presupuesto Nacional”.

 

Para Quirós, es notable que se da una confusión entre las funciones públicas y privadas.  “En el caso del Parque Nacional las Baulas se ve la confusión de ese manejo de intereses, el director del parque induce a donantes a aportar fondos a la organización TLT, pero a él no le consta que ellos inviertan esos fondos en el parque, más allá de unos rótulos de bienvenida, han conseguido millones y los han invertido en compra de tierras a su nombre y después piden al Gobierno que expropie, mientras tienen un centro de hospedaje dentro del parque y financian becas y viajes a funcionarios del Ministerio”.

 

Para Quirós, ese caso se enmarca dentro de un “patrón extenso” en el Ministerio. “Parece que desde hace muchos años hay una confusión de fondos públicos y privados, funcionarios que trabajan para el Estado pero financiados por los entes que deben fiscalizar. Por ejemplo, se dan pagos directos a guardaparques que deben fiscalizar las actividades en el Parque de la ONG que les paga”.

 

Añadió que “hay remuneraciones y gratificaciones que reciben jerarcas, becas, viajes o reconocimientos. Han encontrado fórmulas para desarrollar actividades que pueden terminar por cooptar funcionarios en puestos de toma de decisión”.

 

Se buscó el criterio del viceministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, pero al cierre de edición el funcionario canceló una cita para tratar el tema por razones médicas.

 

La oficina de prensa de la institución envió un comunicado en el que explica que el 70% de las donaciones que se perciben son en especie y no en fondos frescos disponibles, “lo que son en esencia productos o estudios”.

 

La información especificó que en lo que respecta al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), están en ejecución 73 convenios y han sido refrendados por la Contraloría General de República aquellos que así lo exige la normativa vigente.

 

El comunicado apunta que los recursos que se perciben por otras actividades como pago por ingreso a los parques, ingresan en su totalidad al Fondo de Parques Nacionales.

 

Sobre el pago a funcionarios con fondos externos, señala que se ha gestionado ante el Ministerio de Hacienda la aprobación de las plazas que no serán cubiertas desde el momento en que la Sala Constitucional eliminó la norma que así lo permitía.

 

La fuente oficial también apunta que la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio lleva el control sobre los recursos captados internacionalmente y que implementa los mecanismos de ordenamiento de las necesidades de cooperación.

 
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