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Control político de las aguas subterráneas es cuestionado en Costa Rica
miércoles, 04 de febrero de 2009
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Carlos Salazar elpais.cr - La pérdida de autonomía y órdenes vinculantes de las decisiones del Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA contemplado en un nuevo proyecto de Ley sobre el Recurso Hídrico en Costa Rica, desmorona el apoyo entre dirigentes ambientales y abogados especializados en el tema.

 

El anterior 28 de enero de este año fue aprobado un borrador del proyecto de Ley 14.585, por parte de una gran comisión que redacta el supuesto texto final, en el que el Departamento de Aguas Subterráneas pierde autonomía y autoridad en sus resoluciones sobre la explotación del recurso hídrico.

 


 

Dicho departamento forma parte del Servicio Nacional de Riego, Avenamiento y Aguas Subterráneas (SENARA), y sería “desaparecido” para dar paso a otra instancia “Coordinadora”, más dependiente del “poder político” que de estudios científicos.

 

Dirigentes de organizaciones ambientales reclaman que dicho Departamento ha demostrado responsabilidad y ética al tomar sus resoluciones con base en criterios científicos.

 

Por sus actuaciones, los miembros del Departamento han sido reconocidos por comunidades como Sardinal, cantón de Belén, Defensores del Acuífero del Barva, de la región Caribe, víctima de la contaminación de sus fuentes de agua por agroquímicos aplicados por empresas productoras de piña, entre otras.

 

Sin embargo, los expertos han sido víctimas de la crítica de autoridades políticas de este gobierno, así como del ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Roberto Dobles, quienes defienden la explotación del manto acuífero de Sardinal para nutrir del líquido a más de dos docenas de proyectos inmobiliarios, que pretenden construir villas con piscinas, centros comerciales y hoteles, entre otros.

 

El viernes, este medio dio a conocer en exclusiva tal información, lo que ha generado debate en el sector ecologista y desmentidos, por parte de tres miembros de la comisión redactora, quienes participan en el proceso desde el año 2001, cuando fue convocado por la ministra del Ambiente en ese momento, Elizabeth Odio Benito.

 

Desmentido

 

El ambientalista Jorge Mora Portuguez explicó que la decisión “no ha sido una represalia del MINAET contra los expertos del Departamento de Aguas Subterráneas del SENARA, sino que el proyecto de Ley ha pasado por análisis y discusión desde el 2001”.

 

Mora dijo que varios profesionales de diversas organizaciones e instituciones como la Universidad de Costa Rica (UCR), fueron llamados por la ex ministra Odio Benito para ordenar todo el sector “agua”.

 

Tanto el experto como la geóloga Yamileth Astorga y el abogado del Centro de Derecho Agrario y Recursos Naturales (Cedarena), Rolando Castro, dijeron que muchas instituciones están vinculadas con el recurso hídrico.

 

Mencionaron al Departamento de Aguas del MINAET, Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, Ministerio de Salud, Municipalidades y SENARA, entre otros.

 

Además, coincidieron que toda la legislación está muy dispersa y se debe ordenar las competencias en torno al recurso, y crear un organismo coordinador.

 

Divergencias

 

Mora aseguró que el Artículo Primero establece que el agua es un derecho humano, y su explotación para el consumo humano debe prevalecer.

 

Sin embargo, para el abogado Juan José Sobrado Chávez, el Departamento de Aguas Subterráneas debe quedarse como está, sin cambios, “porque con el nuevo proyecto de Ley puede caer en manos de un Comisario Político de Turno, y hacer lo que le venga en gana”.

 

Explicó que en Costa Rica la población se nutre en un 80 por ciento de las aguas subterráneas, y el tema salud, como lo establece el Artículo 50 de la Constitución Política “como fin último es la vida humana, no una mata, ranas y sapos”.

 

Sobrado se refirió a la lucha que ha dado a favor de la salud de los mantos acuíferos en Poás, Alajuela y Belén en Heredia, entre otros, para defender el uso del agua para consumo humano y de denuncia permanente contra la contaminación.

 

“Si hoy dejamos en manos de los políticos esas decisiones, estaremos retrocediendo, ya que la salud del pueblo es la máxima ley, promulgada desde la época de los romanos”.

 

Sobrado y otros abogados coinciden en que el Departamento de Aguas Subterráneas de SENARA ha sido la única dependencia del Estado costarricense que ha puesto la defensa del agua y el ambiente con base en criterios técnicos y el principio precautorio por delante de los buenos negocios de un grupo de políticos empresarios.

 

“Todos hemos sido testigos del marcado contraste entre el desastre ambiental provocado por MINAET, AyA y la Secretaría Técnica nacional Ambiental (SETENA), entre otras que acomodan sus estudios en función de los intereses de los inversionistas y los criterios técnicos de SENARA a favor de la protección ambiental y el respeto a los derechos de las comunidades, aunque no le guste a los amos del dinero”, precisó por su parte un abogado que prefirió el anonimato.

 

Sobrado y otros abogados sostienen que en gran medida, estos criterios han sido posibles porque SENARA es una institución autónoma y los funcionarios de su Departamento de Aguas no depende en jerarquía del Ministro Dobles y sus demás funcionarios.

 

Entre tanto, este medio conoció una opción impulsada por el ministro Dobles no solo de trasladar ese Departamento al MINAET, sino crear una sociedad anónima en la que sus funcionarios perderían la independencia de criterio e incluso su estabilidad laboral, con lo que se volverían más vulnerables a todo tipo de presiones y manipulaciones políticas.

 

Ejemplo

 

El Transitorio XII el proyecto de ley de Recurso Hídrico (14.585), establece que “Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, municipalidades, contarán con un plazo máximo de seis meses contado a partir de la publicación de esta Ley, para solicitar el permiso de vertidos a que hace referencia esta Ley”.

 

“Dejar eso así, aunque sea por seis meses, es como poner al zorro a cuidar la gallina que pone los huevos de oro. Al final se come a la gallina y se roba los huevos de oro”, ejemplificó un empresario que participó activamente en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos, de cara al referéndum del 7 de octubre del 2007.

 

El empresario recomendó dar a conocer toda la información sobre el tema y abrir una discusión con amplia participación de todos los sectores de la comunidad costarricense, “pero mientras tanto, el Departamento de Aguas Subterráneas debe seguir como está, con autonomía porque las poblaciones confían en su profesionalismo para cuidar a los acuíferos de la contaminación”.

 

Finalmente, Sobrado se pronunció por la autonomía del Departamento de Aguas Subterráneas  advirtió que en esta época con el cambio climático y la presión del sector privado para apropiarse de las fuentes de agua, se debe luchar para mantenerla bajo propiedad y control del Estado, sin injerencia de los políticos.

 
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