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OIJ investiga calidad de agua en piñeras, y UCR pide explotación amigable con ambiente
lunes, 02 de febrero de 2009

cimg0023.jpgCarlos Salazar elpais.cr - El Consejo de Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), tras denunciar consecuencias negativas a la calidad del ambiente a causa del monocultivo de la piña, hizo un llamado para buscar alternativas amigables con el ambiente y que ofrezcan condiciones dignas de empleo.

Entre tanto, expertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), junto con personal del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), allanaron dos fincas productoras de piña en Siquirres, Limón, en la región Caribe, para determinar el grado de contaminación en diversos cuerpos de agua.

La acción judicial se desarrolló por ocasionar un daño a la salud de más de cinco mil familias de los barrios siquirreños de El Cairo, La Francia, Luciana, Milano y El Peje.

 

“Las comunidades recibimos esta noticia con mucha alegría ya que representa un estimulo para la ardua lucha que hemos seguido en los últimos años por la defensa de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por nuestro derecho humano a consumir agua en calidad adecuada y cantidad suficiente”, dijeron las comunidades afectadas.

 

En una nota, enviada a este medio por el Frente de Sectores Afectados por la Producción Piñera, afirman que “la lucha siempre se ha basado en exigir a las empresas piñeras que cumplan con la legislación ambiental y laboral, vigentes en nuestro país”.

 

Asimismo, recordó que el Frente ha buscado que las instituciones públicas encargadas de velar por la conservación del ambiente y la protección de los trabajadores y trabajadoras, cumplan con su deber como en derecho corresponde.

 

“Esperamos que este no sea un hecho aislado, sino que este allanamiento constituya el primer paso para poner a derecho a las empresas piñeras que están violando los derechos humanos y ambientales de las comunidades vecinas a las plantaciones piñeras en varias partes del país”, señaló la nota.

 

Universidad

 

El Consejo Universitario de la UCR exhortó en un pronunciamiento del 12 de diciembre anterior, dado a conocer este viernes, “a la ciudadanía a reflexionar sobre las consecuencias ligadas al monocultivo de la piña”.

 

Aseveró que ese monocultivo tiene implicaciones muy importantes para la calidad del ambiente y un riesgo inminente, tanto para las trabajadoras y los trabajadores, como para las comunidades en las que se asienta dicho cultivo.

 

El Consejo de la UCR pidió analizar en tal sentido la necesidad de nuevas alternativas productivas que ofrezcan condiciones dignas de empleo y que sean amigables con el medio ambiente.

 

El Acuerdo firme de la sesión N.º 5318, artículo 12, considera que  las instituciones del Estado costarricense tienen la obligación constitucional de tutelar el derecho a la salud, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; de igual manera, la ciudadanía tiene el deber de exigir el cumplimiento de ese derecho (artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica).

 

Sostiene que la UCR tiene como principio orientador de sus acciones el compromiso con el medio ambiente, “el cual la obliga a fomentar el mejoramiento de la relación ser humano-ambiente y el conocimiento, el respeto, la conservación y el uso sostenible de los recursos ambientales, así como una mejor calidad del ambiente” (artículo 4, inciso f, del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica)”.

 

Se pronuncia además por la promoción y el desarrollo de políticas relacionadas con la protección ambiental que permitan la sostenibilidad de todos los procesos que se realizan, tanto a escala institucional como nacional, son parte de las iniciativas que la Universidad ha definido como prioritarias.

 

Informa que la Vicerrectoría de Acción Social, mediante el programa de Kioskos Ambientales, sobre Organización y Resistencia Frente a la Expansión Piñera, coordinado por el profesor Julián Ruiz Blais, logra conjuntar diversas preocupaciones de organizaciones comunitarias y ambientalistas en relación con las posibles consecuencias ambientales, laborales y sociales de las actividades agroindustriales vinculadas a la producción de piña en Costa Rica.

 

Recuerda la UCR que el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad establece la obligación y responsabilidad de las instituciones del Estado de aplicar el principio precautorio, con el propósito de proteger el medio ambiente e impedir su degradación, cuando pueda existir pérdida, peligro o amenaza de daños graves o inminentes a la biodiversidad.

 

Información

 

Citó que el Decimocuarto Informe del Estado de la Nación destacó que la fortaleza de nuestro país en materia ambiental, se sustenta en los logros alcanzados en la conservación del ambiente; sin embargo, subraya la vulnerabilidad de tales logros, debido a debilidades en los controles y la gestión, los cambios en políticas, la asignación de recursos públicos, así como a los intereses contrapuestos de grupos vinculados a la agroindustria, las instituciones de Gobierno Central, las municipalidades, las poblaciones y otras organizaciones.

 

En Costa Rica, las actividades agroindustriales relacionadas con productos no tradicionales han adquirido especial dinamismo, en virtud de las acciones y estrategias institucionales destinadas al fomento de nuevos productos de exportación y del acceso a los mercados internacionales.

 

En este contexto, el país se ha convertido en el principal exportador de piña del mundo; este ocupa el cuarto lugar entre los productos de exportación de nuestro país, generó solo en el año 2007 unos $485 millones de dólares y es Estados Unidos nuestro principal comprador.

 

En virtud de lo anterior, se experimenta una acelerada expansión de las áreas de cultivo, concentrada en cantones con un alto índice de pobreza de la Región Brunca, la Región Huetar Norte y la Región Huetar Atlántica.

 

El pronunciamiento de la UCR sostiene además, que a pesar de existir una gran cantidad de productores independientes, la actividad está controlada por empresas productoras y comercializadoras extranjeras.

 

Afirma que existe una marcada preocupación en la opinión pública, las organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas como las universidades, la Defensoría de los Habitantes, y los tribunales ambientales, por las consecuencias de una expansión desregulada de la producción piñera, lo cual ha generado amplias denuncias e investigaciones, que resaltan tanto las consecuencias y amenazas de carácter ambiental, sociolaboral, como los efectos en la salud pública.

 

Ambiente

 

Advierte la UCR que las principales preocupaciones asociadas con el cultivo de la piña versan sobre la sedimentación y contaminación de los ríos, quebradas, aguas subterráneas y superficiales; la deforestación y pérdida de bosque; la erosión; los cambios en uso del suelo y aislamiento de la fauna silvestre; la contaminación por agroquímicos de los pozos y acueductos utilizados por las comunidades para su consumo.

 

Además, genera plagas de moscas que atacan al ganado y demás animales domésticos; la exposición de las poblaciones cercanas y de los trabajadores y las trabajadoras al polvo y a los agroquímicos utilizados.

 

Asimismo el desplazamiento de agricultores y ganaderos; la transformación de zonas con cultivos para la alimentación en zonas de monocultivos para la agroindustria y la exportación; el irrespeto a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras; así como la carencia de condiciones adecuadas relacionadas con la salud ocupacional.

 

Aun cuando son múltiples las evidencias sobre los riesgos para el ambiente y para la salud de todos los seres vivos, es de amplio conocimiento de las autoridades y de la ciudadanía nacional que los acueductos, pozos y fuentes de agua para el consumo humano están siendo contaminados con los agroquímicos utilizados comúnmente en el cultivo de piña, como el bromacil, el diurón, el tradimefón o el paraquat.

 

Sostiene que eso ha obligado al Estado, mediante el Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados, a sufragar los gastos para dispensar agua en cisterna a comunidades del cantón de Siquirres, desde hace más de un año, sin que exista algún reclamo o denuncia contra los contaminadores, tal y como lo exige la amplia legislación nacional relativa a este asunto.

 

El Consejo de la UCR consideró que la potenciación y fomento de las iniciativas económicas de producción, en procura de un crecimiento económico capaz de contribuir con el desarrollo social, tiene límites, los cuales están definidos por medio de las leyes, reglamentos y acciones institucionales, destinadas a la protección del ambiente y de la salud de la ciudadanía.

 

Acuerdos

 

A raíz de tanto problemas generados, el Consejo de la UCR exhorta a la ciudadanía a reflexionar sobre las consecuencias ligadas al monocultivo de la piña, que tiene implicaciones muy importantes para la calidad del ambiente y un riesgo inminente, tanto para las trabajadoras y los trabajadores, como para las comunidades en las que se asienta dicho cultivo.

 

Por tanto, propone analizar en tal sentido la necesidad de nuevas alternativas productivas que ofrezcan condiciones dignas de empleo y que sean amigables con el medio ambiente.

 

El Consejo también solicita a los gobiernos locales, especialmente, a las municipalidades de Siquirres, Guácimo, Pococí, Matina, San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso, Sarapiquí, Grecia, Buenos Aires y Pérez Zeledón, que apliquen la legislación nacional y las recomendaciones técnicas existentes en materia de protección de suelos, conservación de manantiales y áreas de recarga acuífera, protección de zonas boscosas y de cursos de agua, permisos de viabilidad ambiental y de utilización de agroquímicos, derechos y garantías laborales, así como cualquier otra acción legal tendiente a controlar el funcionamiento de las compañías piñeras.

 

Además, insta al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:

 

“Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.

 

“Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.

 

“Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país.

 

“Solicitar vehementemente al Sistema Bancario Nacional revisar sus políticas crediticias relacionadas con la actividad piñera, de manera que sus acciones de estímulo económico sirvan para promover un modelo de desarrollo nacional, que propicie la sostenibilidad ambiental y social, impulsando sistemas crediticios con condiciones explícitas en relación con la viabilidad ambiental, dirigida a estimular tecnologías limpias y ambientalmente sostenibles en lo que respecta a la producción de piña en el país”, concluye el acuerdo del Consejo de la UCR.

 
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