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Indígenas exigen pronta aprobación de ley de autonomía
jueves, 29 de enero de 2009
phpgzraywpm.jpgIntegrantes de distintas etnias indígenas manifestaron la urgencia y necesidad de contar con una ley que les otorgue autonomía "para decidir sobre nuestros territorios y para que un pequeño grupo que conforman una cúpula de dirigentes no nos sigan vendiendo", aseguran. Señalan que la falta de interés sería lo que ha tenido al proyecto de ley por más de 15 años trabado.

 
Por Fernando Francia informa-tico.com. Térrabas, cabécares, bribris, Malekus y otros pueblos indígenas que habitan el territorio que hoy compone Costa Rica se reunieron en San José para discutir acciones respecto al poco avance que ha tenido el proyecto de Ley de Autonomía Indígena.

 

Este proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa desde hace 15 años, aunque ha sido modificado varias veces. Luego de una extensa consulta a comunidades de todo el país, con más de cuarenta talleres y actividades, esta ley tuvo sanción en primer debate en la legislatura 1998 - 2002. Fue enviada a consulta constitucional y devuelta sin observaciones por la Sala IV.

 
A pesar de ese visto bueno y de contar con ambiente político favorable en todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa, la ley sigue esperando el sueño de los justos.

 
No hay interés de la clase política

 
Representantes de diversas comunidades indígenas coincidieron en que la prioridad para los pueblos originarios es la aprobación de esta ley de autonomía.

 
Para Isabel Rivera Navas, del pueblo Térraba, del cantón de Buenos Aires, al sur del país, "hay un juego político que los pueblos indígenas no podemos aceptar".

 
"Muchas veces nos han prometido que se aprobaría la ley. Hemos venido innumerables veces a reunirnos con diputados y nada", dijo a Informa-tico.com Rivera Navas.

 
La representante de los Térraba dijo, además, que "aunque si contamos los votos entre los diputados parece que hay buen ambiente, la ley no sale y no sale". "Ellos no tienen interés en apurar esta ley, pero para nosotros es la principal prioridad", dijo Rivera Navas.

 
"El proyecto fue convocado a inicios de este gobierno y ya han pasado varios años y nada. Estaba en segundo lugar cuando el gobierno desconvocó todos los proyectos que no fueran de la agenda de implementación del TLC. Y así pasa el tiempo. Ahora espera la discusión de más de setenta mociones interpuestas por el diputado Oscar López no sabemos con qué intención", dijo Rivera Navas.

 
Por otro lado, Sara Mayorga, cabecar de Ujarrás, representante de la Mesa Nacional Indígena, dijo que "sabemos que hay intereses detrás de la no aprobación de este proyecto. Esta ley nos daría mayor autonomía para decidir sobre nuestro territorio y nuestros recursos y la existencia de proyectos Hidroeléctricos o concesiones minera puede ser una de las trabas para la sanción de la ley", vaticinó.

 
Para el abogado Ruben Chacón, experto en temas indígenas, la total falta de interés por atender a este sector de la población tiene al proyecto de ley enterrado.

 
"No forma parte de las prioridades de los legisladores y, primero fue el TLC, luego la agenda de implementación, ahora el terremoto o cualquier tema siempre se colará primero", dijo Chacón. "El diputado Oscar López agergó numerosas mociones que retrasaron el proyecto, sin embargo, él mismo firmó, junto a diputados de todos los partidos una petición para que el proyecto de ley sea convocado nuevamente por el Ejecutivo", aseguró Chacón a Informa-tico.com

 
Una ley pionera en América Latina

 
El abogado Ruben Chacón asegura que esta ley está en sintonía con las legislaciones que en el continente se esfuerzan por dar mayor autonomía a los pueblos originarios. "Incluso, tiene algunos elementos que no existen en ninguna legislación de América Latina, como la financiación de las consultas que deben realizarse", aseguró.

 
En ese aspecto la ley plantea que las consultas obligatorias que deben realizarse respecto a cualquier proyecto de desarrollo en territorio indígena debe ser financiada por la entidad interesada. "Eso es único en el continente. Pero, además, son las comunidades las que deciden a quién se debe contratar ante alguna consultoría y la entidad debe pagarle directamente a la comunidad todos los gastos de la consulta", afirmó el abogado.

 
La ley lo que va a dejar claro son las vías de participación de las comunidades indígenas.

 
Esta ley se propuso definir las relaciones entre las comunidades indígenas y el Estado. Establece un marco para el desarrollo autónomo de las ocho étnicas indígenas del país con normas para la administración pública en lso campos de la educación diferenciada, la salud, la defensa del ambiente, programas de infraestructura y vivienda, ordenamiento de la tenencia de la tierra, sistemas d crédito y otros aspectos.


La base de esta legislación es la reivindicación de sus culturas y el reconocimiento de su autonomía. La ley cambia el ya anacrónico concepto de "reservas indígenas" por "territorio indígena" y se establece un sistema de organización política basado en consejos territoriales electos directamente por las comunidades.
 

Sara Mayorga destacó que, a diferencia de las actuales Asociaciones de Desarrollo, esos consejos territoriales otorgarían mayor participación a las comunidades, pues no otorgaría tanto poder a pocos "representantes", sino que mantendría el espíritu participativo de cada comunidad.
 

Chacón agregó que la forma en que se elegirá ese consejo territorial es de acuerdo a cada comunidad y no con "presidentes y tesoreros" como son las Asociaciones de Desarrollo.
 

Mayorga destacó que las Asociaciones de Desarrollo han traicionado en numerosas ocasiones a los intereses de las comunidades a quienes deberían representar. "Actualmente, para el gobierno la palabra de esas asociaciones es la única que cuenta a la hora de una consulta y eso es, incluso, ilegal", acotó.
 

Otros avances en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que se desprende de este proyecto de ley son la participación indígena en instancias de participación en las juntas administradoras de las áreas de conservación, por ejemplo y que la forma en que son elegidos los representantes indígenas ante el gobierno se definen según las costumbres indígenas. "Así, en vez de haber tesoreros y presidentes de una asociación, puede ser un anciano de la aldea, o sea que tienen una representación acorde a las formas organizativas de cada comunidad, de cada pueblo", aseguró Chacón.
 

"Haremos una invasión a la Asamblea"
 

Los representantes de las comunidades indígenas se manifestaron hartos de la politiquería que promete y promete y nunca les cumple. "Estamos cansados de no ser considerados. Hemos venido innumerables veces a conversar con diputados y a presionar por la ley de autonomía y siempre quedamos marginados", dijo a Informa-tico.com Asdrubal Rivera, de la comunidad de Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas.
 

Por su parte, Isabel Rivera dijo que justamente estos días se estaban reuniendo para tomar decisiones sobre qué acciones ejercer de ahora en adelante. "Estamos viendo a ver si podemos traer una presencia masiva de indígenas a la Asamblea y de ahí veremos qué otras medidas tendremos que tomar, porque ya hemos preguntado y preguntado y no recibimos respuesta. Pretendemos invadir a la asamblea desde las comunidades para ver qué nos responden y si de verdad se comprometen con el desarrollo autónomo de nuestros pueblos".
 

Ruben Chacón dijo que "si esta ley no se aprueba habrá que realizar una denuncia por discriminación a nivel internacional". "Habrá que ver cómo se enfoca, pero debemos ejercer presión por ese lado, porque evidentemente se puede alegar discriminación y lo cierto es que no parece haber interés real, voluntad política para resolver a favor de las comunidades indígenas aprobando esta ley, aunque nadie parece aceptarlo", dijo el abogado.

 
¿500 años más?

  
El "Proyecto de Ley sobre Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica" surgió como iniciativa de un diputado durante la legislatura 94-98, con el fin de actualizar la legislación costarricense y redefinir las relaciones de los pueblos indígenas y el Estado. 

La vigente Ley Indígena data de 1977 y define a los territorios indígenas como "reservas". Aunque garantiza su inalienabilidad y su exclusividad para los pueblos indígenas, no dispuso los mecanismos efectivos para el goce de este derecho, por lo que ha resultado ineficiente para evitar las invasiones y las usurpaciones a través de los años.

 

La ley también dispuso la obligación del Estado de recuperar las tierras que no estuvieran en manos de las comunidades indígenas, pero ha habido incumplimiento sistemático y desaplicación legal.

 
En 1992, Costa Rica adoptó el Convenio 169 de la OIT, que tiene rango supralegal en el ordenamiento jurídico de acuerdo a lo que dispone la Constitución Política.

 
La Asamblea Legislativa de Costa Rica fue obligada, en virtud del artículo 6 del Convenio 169, a realizar una consulta extensiva del proyecto de ley de desarrollo autónomo propuesta inicialmente. Este proceso, que se desarrolló en 1997, se basó en 40 talleres realizados en las comunidades y culminó con el "Foro Nacional Indígena".

 
Delegados indígenas se presentaron a la Asamblea Legislativa y durante una semana trabajaron consensuando sus propuestas de reforma al proyecto de ley. El resultado fue un nuevo texto de ley, mucho mejor que el proyecto oficialista y que definió un marco de autonomía territorial viable para el ejercicio de su cultura.

 
El nuevo proyecto entró al plenario legislativo en abril de 1998 y todavía no ha podido convertirse en Ley de la República. En la actualidad este proyecto de Ley se ve en la Comisión de Asuntos Sociales. Aunque ya está avanzado y podría entrar a plenario si el Poder Ejecutivo lo convoca, el expediente 14.352 tiene 80 mociones que han hecho más lento su tramitación.

 
Aparentemente hay buen ambiente en todas las fracciones para su aprobación, aunque no se sabe bien qué intereses hace que este proyecto no pueda avanzar.

 

 
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