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Alegría y gozo en Sardinal por triunfo en Sala IV, mientras MINAET dice cumplir
viernes, 16 de enero de 2009

sardinal_3elpais.cr  La Asociación Confraternidad Guanacasteca y el Comité Pro Defensa del Desarrollo de Sardinal, Guanacaste, expresaron su "gran alegría y gozo" porque la Sala Constitucional les dio la razón en la lucha contra un acueducto privado que puede dejar sin agua a la población.

 "Tenemos el placer de informar de la resolución de la Sala Constitucional que declara CON LUGAR el Recurso de Amparo sobre el caso del Acueducto Sardinal - El Coco- Ocotal", precisó un comunicado de las organizaciones.

 

El expediente 08- 5154 fue presentado por la Confraternidad Guanacasteca, y a la causa se agregaron luego los expedientes 08-5663 del Comité Pro Defensa y Desarrollo de Sardinal; expediente 08-6812 de las Asociaciones de Desarrollo; 087916 de Diputados del PAC; 08-8440 de José Merino y la coadyuvancia de la Defensoría de los Habitantes.

 
"Cabe destacar los aportes de Resoluciones de la Procuraduría y la Contraloría General de la República. De la Unión de todos hoy cosechamos el fruto", precisaron las organizaciones.

 

Confraternidad Guanacaste recomienda "leer con atención la resolución de la Sala, donde destaca como un principio constitucional "la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto".

 

Nuestro País dio a conocer el miércoles que por la violación al artículo noveno de la Constitución Política de Costa Rica, al omitirse la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto, la Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo que se opone a la ampliación del acueducto de Sardinal, Guanacaste.

 

Por unanimidad, los magistrados declaran con lugar el recurso por contradecir lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, en la aprobación y puesta en ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal.

 

En Sardinal, Carrillo, 22 empresas desarrolladoras construyen hoteles, canchas, piscinas, centros comerciales, condominios y villas, entre otros, pero no cuentan con agua.

 

Para desarrollar el proyecto pretenden, con la ayuda de altos funcionarios del Gobierno Central y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), explotar el acuífero que nutre de agua a la población de unos 15 mil habitantes.

 

Los magistrados justifican su decisión en que al no existir certeza técnica sobre la capacidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, y la consecuente incertidumbre sobre la afectación de la prioridad de disponibilidad de agua para la satisfacción de los intereses de la comunidad, sobre cualquier otro tipo de interés patrimonial, comercial o turístico.

 

La Sala IV informa que declara con lugar el recurso "por violación al artículo 9 de la Constitución Política al omitirse la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto".

 

"En consecuencia, se ordena a las autoridades recurridas ajustar sus actuaciones en torno a la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, de conformidad con lo establecido en la sentencia", precisa el voto contenido en el expediente 2008-5154.

 

El Minaet

 

Por su parte, como reacción, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), aseguró en un comunicado, que el voto "no suspende las obras".

 

"Compartimos plenamente las disposiciones del voto por cuanto refleja las inquietudes de las comunidades, valoraciones de la Contraloría General de la República, y otros aspectos, que son precisamente la razón de ser de la Comisión Interinstitucional" creada para atender los reclamos de la población, según el Minaet.

 

"El Estado participativo que invoca la Sala Constitucional ha venido desarrollándose ampliamente a través de un proceso de devolución social promovido por la Comisión Interinstitucional que se encuentra en su etapa final a través de múltiples y  continuas reuniones con los diferentes sectores interesados como por ejemplo: Municipalidad de Carrillo, Asociaciones de Desarrollo, comité vecinales, centros educativos de la zona, Defensoría de los Habitantes, representantes de las iglesias, líderes comunales y vecinos en general a través de diversas reuniones ampliamente participativas en las comunidades", dice Minaet.

 

Al respecto, dirigentes de Confraternidad Guanacasteca sostienen que "el mal llamado diálogo del Minaet va en una sola dirección sin tomar en cuenta los reclamos de la población, e insisten en legalizar lo ilegal".

 

Por otro lado, el dicho Ministerio insiste en que "el voto sustentado en el artículo 50 de la Constitución Política referente a la disponibilidad hídrica del acuífero, el Informe Preliminar para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal demuestra que no existe riesgo de sobreexplotación del recurso asegurando la disponibilidad del agua en forma prioritaria para el abastecimiento de las comunidades, garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado".

 

"La Comisión Interinstitucional continua con el proceso de desarrollo de estudios y trabajos relacionados con el tema así como el análisis de diversa documentación que distintos actores han emitido al respecto con el fin de emitir el Informe Final para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal", concluye el informe del Minaet.

 

Por tanto

 

El por tanto del Voto de la Sala Constitucional dice textualmente:

 

"Se declara con lugar el recurso. Por violación a lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política en la aprobación y puesta en ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal; al no existir certeza técnica sobre la capacidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal, y la consecuente incertidumbre sobre la afectación de la prioridad de disponibilidad de agua para la satisfacción de los intereses de la comunidad, sobre cualquier otro tipo de interés patrimonial, comercial o turístico. Por violación al artículo 9 de la Constitución Política al omitirse la debida participación ciudadana en el proceso de formulación del proyecto. En consecuencia, se ordena a las autoridades recurridas ajustar sus actuaciones en torno a la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, de conformidad con lo establecido en la sentencia. Los demás extremos de legalidad aducidos por los recurrentes, deberán ser atendidos por las autoridades recurridas en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su informe número DFOE-ED-22-2008. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, que de conformidad con el artículo setenta y uno de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución a Ricardo Sancho Chavarría, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde y Bernal Soto Zúñiga, o a quienes ocupen sus cargos, en forma personal. Comuníquese".

 

El recurso de Confraternidad Guanacasteca expresa lo siguiente:

 

"Alegan los recurrentes que en la localidad de Sardinal se está construyendo un acueducto privado que amenaza llevarse el agua de la comunidad, violentando así el derecho a la salud y a la vida de la población. Manifiestan que la empresa MECO estuvo trabajando en la construcción de una acueducto privado financiado por un fideicomiso de veintidós empresarios privados, para llevar agua potable desde Sardinal hasta unos condominios del Grupo Mapache, ubicado en la Carretera a Playa Hermosa, hasta playas del Coco y la costa de Ocotal. Dicho acueducto se llevaría 167 litros de agua por segundo del manto acuífero sin tener un estudio de impacto ambiental aprobado. En la ejecución de las obras se rompió la vía para la instalación de tuberías. Mediante un permiso otorgado por la Ingeniera de la Municipalidad, sin que se cumplieran todos los requisitos, especialmente los estudios de impacto ambiental otorgados por SETENA, tampoco se abonaron los impuestos de construcción. Este es un proyecto complejo que incluye perforación de pozos, concesiones de agua, acueductos, construcción de tanques de almacenamiento y distribución, además tiene un impacto social en las comunidades locales. El monto estimado de las obras sobrepasa los ocho millones de dólares, y si se tratara de una obra pública, los recurrentes se preguntan donde está la aprobación de la Contraloría General de la República.  El Ministerio de Obras Públicas y Transportes emitió una autorización para la ruptura de las calles públicas, sin asegurarse de que estuviera garantizado que éstas quedaran en buen estado después de ejecutados los trabajos. Indican que ya es lamentable ver como están afectadas las carpetas asfálticas, y los faldones en las partes donde la empresa ya excavó las zanjas y colocó la tubería. Como consecuencia de la movilización de los vecinos del pueblo, la Municipalidad revocó el permiso de construcción, el cual no cumplía con los requisitos básicos, especialmente el de viabilidad ambiental. Sin embargo, aún cuando las obras están actualmente paralizadas, manifiestan que acuden en amparo porque la amenaza para la comunidad es real, e implica un desabastecimiento de agua importante".

 

 
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