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Cuestionan uso de decretos ejecutivos para aprovechar parte de áreas protegidas
jueves, 08 de enero de 2009

Isla San Lucas, Gandoca-Manzanillo

 

prensalibre.co.cr La emisión de decretos ejecutivos para desafectar varias áreas silvestres protegidas (ASP) y con ello excluir parte de su extensión territorial para otros fines, como por ejemplo turismo de bajo impacto; es un tema que preocupa a la Contraloría General de la República (CGR) porque contraviene la normativa de protección ambiental .

 


A ello se suma que la mayoría de las áreas desafectadas están ubicadas en las zonas costeras, junto a sitios de gran importancia turística, donde el crecimiento poco planificado ya deja rastro en los litorales nacionales.
 

Los casos en cuestión tienen que ver con los refugios nacionales de vida silvestre de Gandoca-Manzanillo e Isla San Lucas. Ambos Decretos Ejecutivos actualmente se encuentran impugnados ante la Sala Constitucional.
 

El Decreto Ejecutivo No. 34282-TUR-Minae-C, del 25 de enero de 2008, definió que el Humedal del Estero Puntarenas y los manglares asociados a éste ya no forman parte del área comprendida por ese Refugio.
 

Mientras que el Decreto Ejecutivo No. 34043-Minae, del 11 de setiembre de 2007, disminuyó el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en su extensión, en algunas zonas.
 

En el informe DFOE-PGAA-59-2008, la Contraloría cuestionó que no existen estudios técnicos que justifiquen tales desafectaciones, requisito necesario para tal proceder, ni la emisión de una ley que autorice para cada caso en particular la desafectacción correspondiente.
 

En su estudio, la Contraloría recordó que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que “…la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera que sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.

 
Tomando en cuenta ese aspecto, el ente fiscalizador considera que en los dos casos el Minaet contravino la normativa legal, al omitir el cumplimiento de las dos condiciones establecidas en esa ley, para desafectar un área silvestre, ya que utilizó el decreto ejecutivo como instrumento de desafectacción y no realizó los estudios.

 
Aunado a ello, la CGR afirma que en las modificaciones para ambos refugios existen criterios en contra de tales gestiones, emitidos incluso por las unidades técnicas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

 

Humedales en vilo

 
El Minaet analiza otros casos sobre desafectacción que se realizarían vía decreto ejecutivo, con medidas similares para la Zona Protectora de Tivives y para el caso de 720 humedales identificados.

 
La idea es regular únicamente 19 de los 720 humedales identificados en todo el territorio nacional, o sea tan solo el 2,63% del total de humedales, poniendo en riesgo y bajo inseguridad jurídica el otro 97,37% de los humedales y ecosistemas integrantes del Patrimonio Natural del Estado. “Además, en este caso, los jerarcas superiores del Minaet omitieron el criterio técnico y las recomendaciones vertidas por los especialistas de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas (GASP) del Sinac, los cuales son acordes a numerosos criterios de la Procuraduría General de la República y de la Sala Constitucional”; señala la Contraloría General de la República con preocupación sobre el caso en su investigación. En ese sentido, la CGR insistió en que el Minaet se aparta de la Convención de Ramsar (COR), que desde 1991 le obliga detener las progresivas intrusiones sobre las áreas silvestres protegidas y las zonas húmedas, a fin de impedir su pérdida o deterioro. En el caso de los humedales tienen regulaciones especiales, tanto nacionales como internacionales, que las autoridades públicas están obligadas a respetar. Las mismas deben cumplirse estén o no declarados oficialmente, la situación preocupa al ente fiscalizador por las consecuencias que traerían para la conservación ambiental.

 
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