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Semana de luto para Costa Rica: se anuncia el ingreso del país a la UPOV
lunes, 22 de diciembre de 2008

 

 Barreras para imponer Propiedad Intelectual sobre Biodiversidad fueron derribadas

 

Por Silvia Rodríguez Cervantes. El Secretario General de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV),  acogió con beneplácito esta semana la adhesión de Costa Rica al Convenio de la UPOV (Acta de 1991).  El comunicado de prensa añade  "Las obtenciones vegetales son uno de los medios más útiles para fomentar la producción alimentaria de una manera sostenible, aumentar el ingreso en el sector agrícola y contribuir al desarrollo general".

 

 

 

En cambio, conocer esa noticia significó un día de luto para quienes luchamos por diez años  para que eso no sucediera.  En la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)  pensamos que las exigencias para conceder los derechos de obtentor tienen un sesgo hacia la producción de un cierto tipo de semillas sedientas de agroquímicos y hacia la erosión genética. Bien sabemos que las prerrogativas concedidas,  si a alguien favorecen,  son  a las empresas semilleras y de agroquímicos y, por el contrario, es nefasta para la agricultura campesina y la biodiversidad.
 

La batalla de la RCB empezó desde 1998.  Dos legislaturas nos permitieron plantear nuestros argumentos para concluir en el rechazo de la UPOV-91.  Mientras tanto, la RCB propuso una ley alternativa, de Protección  de  los Derechos de los Fitomejoradores, por la cual se concedían ciertas ventajas a quienes contribuyeran con  semillas adaptables a los ecosistemas del país y que llenaran las exigencias culturales.  El beneficio  nunca sería el otorgamiento de  propiedad intelectual  (PI) sobre las semillas o  cualquier otro material reproductivo. El principio de reproducción,  objetivo final de  los derechos de PI  jamás podría transformarse en el derecho privado de nadie.
 

La discusión de este proyecto  fue frenada tajantemente en 2004 cuando se dio  a conocer el texto del TLC  Estados Unidos-Centro América y República Dominicana, en el que se exigía  a los países firmantes, ser signatarios del Convenio UPOV -1991.

Esta exigencia despertó una enorme efervescencia en Costa Rica.  Una vez que el TLC fue aprobado en un discutido referendo, surgió la posibilidad de consultar la aprobación o rechazo de la UPOV en un nuevo referendo.  Se consiguieron en un tiempo record  130,000 firmas. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones no exigió a la Asamblea Legislativa  suspender la discusión de la UPOV en el Parlamento.  El resultado fue su apresurada aprobación  poco antes de conseguir todas las firmas para que se concretara la consulta popular.
  


 
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