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Transnacionales de semillas transgénicas influencian medios de comunicación y a las autoridades
martes, 16 de diciembre de 2008

 

elpais.cr.Desde el 2005 y hasta hoy, investigadores y asesores políticos de los Estados Unidos, pagados por empresas transnacionales de biotecnología han hecho lobby o ejercido presión en Costa Rica para propiciar un ambiente positivo a la siembra de semillas transgénicas para la exportación. Además, para garantizar la producción de estas semillas, las transnacionales participaron con fuerza en la campaña a favor del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos para asegurar su actividad.

Asimismo, dejaron por fuera toda posibilidad de que representantes de la sociedad civil en el estatal Registro Fitosanitario del Estados (FISE), tengan acceso a la información sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM), mediante un voto de la Sala Constitucional.

La investigadora alemana Ute Sprenger, junto con científicos costarricenses, en su estudio "La contaminación oculta: Semilla transgénica, bioseguridad e intervenciones de la sociedad civil en Costa Rica",da a conocer el considerable grado de influencia de los promotores de la biotecnología en Costa Rica, que se ha hecho cada vez más visible en los últimos años.

Sprenger dice que llama la atención, la presencia desde 2005 de investigadores y asesores políticos estadounidenses en el país, los cuales crearon el ambiente propicio para la ingeniería genética en los círculos de científicos, políticos y en los medios de comunicación.

"Las campañas publicitarias tuvieron el esperado efecto entre los medios, que por lo general conocen poco el tema: allí se divulgan crecientemente noticias e historias afirmativas del mundo de la biotecnología", precisa.

Así, uno de los diarios más importante del país, aliado de las tesis neoliberales, publicó en junio del 2005 una entrevista con un investigador estadounidense, quien en su visita relámpago comunicaba el mensaje de que las plantas transgénicas son idóneas para el cultivo orgánico, dado que requieren de menores cantidades de plaguicidas.

Sprenger descubrió que pocos meses después, una asesora agrícola del Departamento de Estado estadounidense visitó el país con el fin de comunicar la posición de Estados Unidos sobre la biotecnología en la agricultura, información difundida profusamente por los diarios de la misma empresa.

A comienzos del 2006, una ilustre ronda bajo tutela del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, la embajada estadounidense en San José y la Fundación CR-USA, invitó a un foro con el título "Cultivos mejorados genéticamente y seguridad biológica: Oportunidades para países en desarrollo".

Los expositores provenían mayormente de las filas de promotores de tecnología genética nacional e internacional. También en este caso, los medios transmitían extensamente y sin cuestionamiento, las promesas de la moderna biotecnología.

Presiones

Más allá de lo anterior, las empresas semilleras ejercen presión sobre las instituciones nacionales. De esta forma, la multinacional D&PL Semillas logró conseguir que desde septiembre de 2005, las dos personas representantes de la sociedad civil recién aceptados en la Comisión Técnica de Bioseguridad, no obtuvieran ningún acceso a sus solicitudes para importaciones y siembras de cultivos transgénicos.

Para ello, en agosto de 2005, el director comercial costarricense de D&PL, se justificó mediante un abogado, ante la Dirección de la Autoridad de Fitoprotección del Estado (SFE),  diciendo que consideraba parcializadas a estas dos personas.

Sprenger revela que en el SFE, se encontraban en ese momento dos nuevas solicitudes presentadas por D&PL para la liberación de algodón transgénico. El líder del mercado de semillas de algodón mundial Delta & Pine Land pertenece a la transnacional agrobiotecnológica Monsanto desde el año 2007.

En su carta de instigación, el gerente exigía que las personas representantes de la sociedad civil se abstuvieran de votar, mejor aún: que fueran excluidos de la revisión de las solicitudes de las empresas tanto actuales como futuras para operaciones de tecnología genética; esto fue justificado con el argumento de que se trata de datos confidenciales.

La demanda continúa exigiendo que la exclusión no debiera de aplicar exclusivamente a estas dos personas, sino eventualmente a toda persona nombrada por las organizaciones.

Con ello, el gerente se refirió, entre otros, a la solicitud de moratoria para el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), interpuesto por las agrupaciones de la sociedad civil en septiembre de 2004.

Aparentemente, con el fin de dar más peso a su demanda, el representante de la multinacional finalmente fijó su atención en el decreto presidencial, bajo el cual se había procedido a ampliar la Comisión de Bioseguridad para incluir a los representantes de los grupos de la sociedad civil.

Explicó el Gerente que en este paso, su empresa ve una violación de la ley. La Dirección de la oficina de permisos del SFE, acató de inmediato esta demanda de la empresa estadounidense. La misma decidió que a los representantes juramentados de la sociedad civil no se les daría acceso a los documentos para las dos solicitudes de D&PL para la liberación de semilla.

Sprenger desconoce si ante esta decisión hubo previas consultas políticas o jurídicas, pero sí es un hecho que ya en la sesión de la Comisión de Bioseguridad del 8 de septiembre de 2005, los representantes de la sociedad civil fueron excluidos de ver las nuevas solicitudes de la empresa estadounidense.

Con la esperanza de poder asegurar su derecho a la información, las organizaciones de la sociedad civil interpusieron un recurso de amparo contra la autoridad de permisos ante la Corte Suprema de Costa Rica. Sin embargo, éste no tuvo éxito.

 


Aun así, los jueces explicaron después del fallo negativo, que aun existía la posibilidad de la vía de demanda; no obstante, las organizaciones no cuentan con los recursos financieros necesarios para ello.

Luego de esta intervención de la transnacional, las autoridades no entregaron o hicieron público ningún otro dato del Registro de Cultivos.

Intervención

Para Ute Sprenger, en este contexto, es interesante que al mismo tiempo de la intervención del director de negocios de D&PL ante la autoridad costarricense, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicara un informe interno sobre la situación de la biotecnología en este país centroamericano.

El informe mencionaba la politización y el reciente surgimiento de dificultades en la concesión de permisos. Parte de las costumbres del USDA es observar y analizar mediante dossiers - los así llamados GAIN Reports - a situación interna de otros Estados, que de alguna manera podrían ser relevantes para la agricultura estadounidense o su "tecnología clave": la agrotecnología genética.

De acuerdo con la investigadora, Costa Rica ha tenido y tiene para los Estados Unidos, un significado geoestratégico dentro de Centroamérica, razón por la cual actualmente se ve con cierta preocupación las recientes movilizaciones dentro de la sociedad civil.

A partir del 2008 Costa Rica inició un portal central con informaciones sobre la bioseguridad (http://cr.biosafetyclearinghouse.net). En esta página web se encuentran estadísticas generales sobre liberaciones de semillas OGM como requisito mínimo del Protocolo de Cartagena.

Estas estadísticas no son comparables con un verdadero registro público, que viene con datos y detalles sobre las características específicas y ubicaciones, tanto de las empresas como de los lugares de cada siembra de reproducción transgénica han funcionado sin problema alguno durante todos esos años, el observador de la USDA ahora informa de una "coalición de ambientalistas extremistas", con lo cual se refiere explícitamente a la Red de Coordinación en Biodiversidad y a la Federación Ambiental (FECON).

Lo que causa más molestia a la USDA es que las agrupaciones se apoyan en su petición de moratoria en el principio de precaución. Según el dossier, en el país mismo "distintas partes, relacionadas con la biotecnología, se mostraron preocupadas de que el decreto presidencial politizó la Comisión, que una vez fue un gremio exclusivamente técnico".

"¿Qué tan coincidente es que estos argumentos se asemejen tanto a aquellos de D&PL en su demanda de excluir a los dos representantes de la sociedad civil de la Comisión de Bioseguridad? Así, de ningún modo está de fuera de lugar suponer que D&PL, líder del mercado mundial en semilla de algodón convencional y  transgénico y el USDA persigan en este caso intereses comunes", cuestiona Sprenger.

En el año 2005, la cosecha de algodón de los agricultores estadounidenses se basaba ya en un 79% de semilla transgénica.

Como es de suponer, una porción no despreciable de esta semilla es producida en Costa Rica a través de D&PL, el líder del mercado en semilla de algodón. En el año 2003, la empresa realizaba operaciones de reproducción ya en un 60% de las áreas de cultivo transgénico del país.

China


También el aumento masivo del área de reproducción de semilla de algodón entre 2003 y 2005 de 609 a 1.411 hectáreas, fue principalmente por cuenta de D&PL Semillas. En el período de cultivo 2004-2005, 1.119 ha fueron cultivadas tan solo por esta empresa (Registro de Cultivo transgénico SFE-MAG, 2003-2005). Así, en todo caso, hay varios indicios de que la empresa, cooperante estrecha del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, se preparó en Costa Rica a partir del 2006, para la futura conquista del mercado chino, con algodón transgénico estadounidense subvencionado estatalmente.

En vista de esta expansión en el mercado mundial, lógicamente las interferencias en la reproducción de semilla en Costa Rica son extraordinariamente perjudiciales para el negocio.

Por consiguiente, era necesario impedir que continuaran las molestias por cuestionamientos críticos. D&PL Semillas entretanto, se anticipó exitosamente a una posible limitación de la economía algodonera estadounidense por parte de agrupaciones costarricenses, que podrían atrasar el proceso de aprobación de semilla transgénica y con ello el cultivo en Estados Unidos.

Otra sospecha en este contexto, que no obstante parece casi indudable, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Debido a que los temas agrícolas tienen un papel esencial en el TLC, el conflicto sobre la política de autorizaciones, también podría trasladarse a la lucha contra la ratificación del tratado, pues en este se pretende asegurar a empresas extranjeras en los países de Centroamérica, derechos que sobrepasan los derechos constitucionales.

Si fuera acertada la sospecha de que D&PL Semillas y la USDA confabularon en la intervención contra la decisión soberana del Estado costarricense de ampliar la Comisión de Bioseguridad con representantes de la sociedad civil, no se podría descartar que la oficina costarricense de permisos para OGM, junto con su asociada Comisión para la Bioseguridad, efectivamente cedió a la influencia del poderoso cabildeo pro-TLC en el país.

Industrialización

Con el inicio de la reproducción de soya transgénica, a partir de 1991, se marcó en Costa Rica el rumbo para el desarrollo de este país en vías de industrialización, como fuente de semilla por contrato de los consorcios transnacionales de agrobiotecnología.

Entre las primeras empresas influyentes que habían establecido allí sus actividades de reproducción, se encontraban Monsanto de los EE.UU. y Bayer de Alemania.

En los años pioneros de la era de tecnología genética agrícola, estas transnacionales requerían materia prima en cantidad para la penetración del mercado con el fruto oleaginoso de la soya transgénica y Costa Rica, con su clima favorable y su tranquila situación política, ofrecía las mejores condiciones para una reproducción sin obstáculos.

Mientras que en Estados Unidos y algunas partes de Europa ya comenzaban a formarse voces críticas desde mediados de los años 80, y desde 1996 iniciaron las protestas de consumidores y ambientalistas europeos contra las primeras llegadas de soya transgénica sin identificación, en Costa Rica las empresas no tenía por qué temer una situación similar.

Así, las cosechas de soya costarricense entre los años 1994 y 1999 formaron uno de los fundamentos de la campaña de tecnología genética del sector agrícola originada en la potencia agraria mundial: Estados Unidos.

El traslado de labores de tecnología genética riesgosa y controvertida hacia Costa Rica, continúa hasta el día de hoy. En el transcurso de los años, en un gran número de sitios en cinco de las siete provincias del país, han sido reproducidas o probadas semillas transgénicas, provistas de los más diversos y nuevos genes, entre estos los cultivos de frijol de soya, maíz y algodón.

Además de esto, tienen lugar experimentos con arroz, banano, plátano y piña. Entretanto, en el sector de semilla transgénica, la empresa estadounidense D&PL domina el cultivo en el país con la reproducción de semillas de algodón. Las autoridades responsables demuestran un manejo extremadamente flojo en la aprobación y vigilancia de las empresas y los cultivos.

Estas, observan la expansión incontrolada de transgénicos y la aplicación irresponsable de plaguicidas aparentemente encogiendo los hombros. Si la indiferencia que ha prevalecido hasta el momento en la autorización de permisos en cuestiones de bioseguridad es una expresión de debilidad estructural de la misma institución y se debe al deficitario conocimiento de sus funcionarios, o si estos funcionarios en su trabajo se han hecho cómplices de las transnacionales agrobiotecnológicas, sea ojalá, aclarado por las mencionadas investigaciones por parte de la Fiscalía General.

Es un hecho que los nada desconocidos causantes de la contaminación transgénica, no tienen ni que justificarse públicamente por sus acciones, ni tienen que temer a ser responsabilizados legalmente por las consecuencias de la contaminación causada por ellos, ni tampoco por los daños ocasionados ante el mal uso de agroquímicos.

Esta práctica negligente de precaución de riesgos y control, conlleva a que las empresas en sus operaciones de tecnología genética en Costa Rica, puedan hacer y deshacer a su gusto sin pena o castigo.

Para las personas de las regiones afectadas, esto ha desembocado en una situación en la cual ellos sufren por las tangibles consecuencias ecológicas y sociales del desenfrenado cultivo transgénico; es decir, suelos y aguas afectados por las plantas resistentes a herbicidas e insectos, por las aplicaciones de agroquímicos, efectos en la salud y cosechas destruidas en jardines y terrenos aledaños por la dispersión de los plaguicidas, empleos inseguros y mal pagados y el incremento en la incertidumbre por saber cuáles consecuencias tienen sobre sus propios cultivos, la reproducción y el crecimiento descontrolado de los cultivos transgénicos. (Más información en www.rap-al.org).

 
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