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Pronunciamiento de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica,
miércoles, 03 de diciembre de 2008

 Aprobado por la Asamblea No. 508,  realizada el jueves 27 de noviembre del 2008.

 

La Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica,

 

CONSIDERANDO QUE:

1. El Artículo 50 de la Constitución Política garantiza el “derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” a todos los costarricenses.

 

2.La vasta legislación ambiental del país establece claramente los lineamientos que protegen los derechos otorgados por nuestra Constitución.

 

3. A través de varios convenios y convenciones internacionales relacionados con el uso de los recursos naturales, Costa Rica está comprometida a salvaguardar su diversidad biológica.

 

4.El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica establece como uno de los principios orientadores de la Institución, el compromiso con el ambiente, y por lo tanto, una de nuestras responsabilidades es la de “fomentar el mejoramiento de la relación ser humano-ambiente y el conocimiento, el respeto, la conservación y el uso sostenible de los recursos ambientales, así como una mejor calidad del ambiente”.

 
5.A pesar del amplio marco jurídico ambiental, Costa Rica está seriamente afectada por un desarrollo económico, tradicionalmente  caracterizado por carecer de una planificación efectiva e integral, que se ha realizado a expensas de la aptitud real de los ecosistemas y de la condición de los suelos, acuíferos y cuencas.  Este proceso ha redundado en un decrecimiento de la seguridad ambiental, alimentaria y la calidad de vida de nuestra sociedad.

 

6. El perjuicio ambiental actual es el resultado de un proceso histórico de varias décadas de malas prácticas, que han llevado a la percepción del ser humano como un ente consumista, apartado del ecosistema, en lugar de integrarlo a su papel clave para la sostenibilidad de los recursos.

 

7. Entre la serie de casos nocivos hacia el ambiente que han capturado la atención nacional en los últimos meses, destacan el descontrolado desarrollo inmobiliario costero, la proliferación de proyectos de marinas, las granjas atuneras, el mal uso de los agroquímicos, las fallas en la recolección y disposición de la basura local, el desaleteo de tiburones y el permiso para la explotación minera en Crucitas.  Estas actividades se producen bajo la permisiva mirada de los gobiernos central y locales.

 

8.      Estamos en un momento crítico en la definición del Modelo País para el desarrollo y el uso de nuestros recursos naturales.

 

9. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, en sesión N°. 5303, artículo 8, del 29 de octubre de 2008, ha demandado al Gobierno de la República la derogatoria del Decreto 34801-MINAE para detener este ataque contra la naturaleza que se está llevando a cabo en Las Crucitas.

 

10. El manejo ecosistémico de los recursos naturales exige una integración de los componentes ecológicos con los económicos, sociales y culturales, así como su impacto y repercusiones a corto y largo plazo

 

11.  La Secretaría Técnica Nacional (SETENA) carece de mecanismos de control y fiscalización apropiados en materia ambiental, y no cuenta con suficiente soporte económico y personal especializado ni el enfoque de ecosistema para evaluar de forma integral la enorme cantidad de proyectos (formularios D1 y D2) y estudios de impacto ambiental (EsIA) que se someten a revisión.

 

ACORDAMOS:

1. Manifestar nuestra profunda preocupación por la falta de control y seguimiento de las actividades que podrían ser factores en el deterioro parcial o total, a corto y largo plazo, de varios ecosistemas terrestres, marinos y costeros.

 

2.Exigir la derogatoria del Decreto 34801-MINAE, que declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero “Crucitas”.

 

3.Enfatizar ante la comunidad costarricense que, aunque la lucha ambiental suele tomar especies emblemáticas como bastiones (por ejemplo, la lapa verde, Ara ambiguus, y el almendro amarillo, Dipteryx panamensis), la adecuada protección al ambiente requiere una visión holística, donde el ecosistema mantiene su funcionalidad, gracias a la persistencia de sus componentes y de las relaciones entre ellos.

 

4.Solicitar al Gobierno y en particular, al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y sus instancias asociadas como SETENA, el Tribunal Ambiental y el Sistema de Áreas de Conservación, así como al Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud y la Asamblea Legislativa, que asuman su obligación de garantizar una adecuada protección de la naturaleza.

 

5. Urgir a las autoridades en materia ambiental para que mejoren sustancialmente los criterios actuales de otorgamiento de permisos para proyectos de desarrollo, y exigir la participación de profesionales biólogos en las fases de factibilidad, construcción y operación de todo proyecto de gestión ambiental, así como en la Comisión Técnica de SETENA.

 

6. Hacer un llamado a la comunidad nacional, para que cada ciudadano ejerza el Poder de Uno (poder individual), participe activamente en la definición de un Modelo País de desarrollo sostenible, y así recobrar el liderazgo en materia ambiental que Costa Rica ha mostrado en varias ocasiones.

 

7.Denunciar la pérdida de confianza en los órganos públicos que velan por el seguimiento y la ejecución del ordenamiento jurídico en materia ambiental. Lo anterior atenta contra el bienestar de las comunidades presentes y futuras de nuestro país y el desarrollo sostenible basado en ecosistemas equilibrados.

 

8. Reiterar el ofrecimiento de apoyo técnico de una manera proactiva y con rigurosidad científica, a las entidades gubernamentales y de la sociedad civil, así como a los medios de comunicación, que se relacionan con la gestión ambiental.

 

9.  Invitar a la comunidad nacional para acercarse a la Escuela de Biología y a otras unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, como centros para foros de discusión abierta sobre los temas ambientales dentro y fuera de nuestro país.

 
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