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Gobierno perdió el "glamour" de su imagen ambientalista
lunes, 01 de diciembre de 2008

 Por Carlos Salazar elpais.cr. Organizaciones ecologistas, sociales, académicas y políticas emprenderán esta semana una serie de cuestionamientos a la política ambiental del gobierno, que ha dado traspiés en el tema del agua en Guanacaste y con la minería de oro a cielo abierto en la región norte de Costa Rica.

 

La falta de transparencia de altas autoridades en la entrega de un informe sobre el estado del manto acuífero de Sardinal, Guanacaste, salió desde la Contraloría General de la República (CGR), que fue reafirmada por una carta de desautorización de dicho documento, por parte de los autores.

La carta, dada a conocer en exclusiva el jueves en la noche por este medio, destaca que el ministro del Ambiente, Energía, Minas y Telecomunicaciones (MINAET), Roberto Dobles Mora, y por autoridades de Acueductos y Alcantarillados ignora buena parte del informe del Departamento de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA).

 

La misiva, firmada por los integrantes de la Comisión Técnica del SENARA, ingeniero Carlos Romero, la geóloga Clara Agudelo y por el geólogo Rafael Matamoros, solicitó a Dobles Mora no utilizar sus nombres ni mencionar que la Comisión Técnica avala dicho estudio.

 

A pesar que dicha nota fue entregada el 12 de noviembre al ministro Dobles, al Gerente del SENARA, Bernal Soto y a José Miguel Zeledón, de la Comisión Técnica Acueducto El Coco – Ocotal, ha sido ignorada por los responsables de esas entidades, así como en documentos de prensa de ese ministerio, entre otras.

 

Otro tropiezo

 

A esa desautorización del documento de Sardinal, Guanacaste, donde se pretende explotar agua del manto acuífero de ese distrito de Carrillo, para abastecer centros comerciales, hoteles, condominios y villas, entre otros, se le suma la solicitud de la Iniciativa Paz con la Naturaleza (IPN), de emitir un decreto que prohíba la minería de oro a cielo abierto.

 

El coordinador de la IPN, Pedro León, solicitó al presidente Oscar Arias, declarar una moratoria a la minería metálica a cielo abierto, hasta tanto se revise y actualice el Código de Minería.

 

El Comité Ejecutivo de IPN, basado en criterios técnicos y en los principios que rigen a la Iniciativa, recomendó que con fundamento en el principio precautorio reconocido en nuestra legislación, "le instamos (al presidente Arias) a declarar una moratoria a la minería metálica a cielo-abierto, hasta tanto se revise y actualice el Código de Minería", reiteró.

 

León explicó que esa Oficina Ejecutora es un grupo técnico asesor, que recomienda acciones a solicitud del. Presidente de la República o del Comité Ejecutivo de la IPN creado por Decreto No. 33487- MP del 29 diciembre 2006.

 

IPN tiene un Consejo Presidencial de 23 miembros, escogidos por sus conocimientos y experiencia en temas ambientales, quienes colaboran de forma ad honorem, pero a según fuentes oficiales se han retirado algunos de sus miembros, entre ellos destacados profesionales y académicos por el caso de la minería a cielo abierto en Crucitas.

 

"La moratoria permitiría iniciar un Diálogo Nacional sobre la conveniencia de la minería metálica a cielo abierto, en que diferentes puntos de vista sean atendidos y analizados, entre ellos el balance entre aspectos ambientales, económicos y sociales", precisa la recomendación.

 

En lo referente a la minería metálica a cielo abierto, el grupo técnico de la Oficina Ejecutora recordó que ha expresado que "se trata de una actividad de alto impacto, razón por la cual se elaboró un documento conocido como Política de Salvaguarda Ambiental para la Minería en Costa Rica, para facilitar el proceso de toma de decisiones en la actividad minera".

 

Añadió que esa posición fue conocida por el Comité Ejecutivo de la IPN el 21 de Mayo de 2008, e incluida en parte en el Decreto No.34801- MINAE que levantó la moratoria a la minería metálica a cielo abierto.

 

Indicó que en dicho documento de Salvaguarda, se indica: "La actividad minera, tanto metálica, como no metálica, entendida ésta como la forma de extraer por parte de los seres humanos, los recursos minerales del suelo y del subsuelo superior de la corteza terrestre, representa por su naturaleza una actividad que impacta negativamente el ambiente".

 

El documento explica, además, que "en Costa Rica hay poca tradición en minera metálica. También se señala que pocas experiencias con la minería metálica en el Trópico, han sido positivas. Es ampliamente rieconocido que tenemos un Código de Minería obsoleto con cánones muy bajos".

 

En cuanto al tema de Las Crucitas, la Sala Constitucional tramita actualmente varios recursos interpuestos sobre la legalidad de la Declaratoria de Conveniencia Nacional para otorgar el permiso de cambio de uso del suelo, por lo que considera inapropiado emitir juicios y opiniones al respecto.

 

De acuerdo con el análisis de la IPN, "los costarricenses rechazamos la tala de árboles, talvez porque durante los años 70s - 80s llegamos a deforestar hasta 60 mil hectáreas por año".

 

"Hoy la respuesta de diversos sectores de la sociedad a las imágenes de los noticieros sobre Las Crucitas demuestra una gran preocupación por el ambiente y una gran valoración de la flora y fauna, como nunca antes en nuestra historia", precisó.

 

Mintió

 

A la par de presiones de la Defensoría de los Habitantes para que la CGR determine si se registraron delitos en lo actuado, por parte de responsables de instituciones públicas, el diputado por el Frente Amplio, José Merino, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (Ministerio Público), Merino mencionó que en la Conclusiones del Informe de la Contraloría General de la República, No. DEFOE-ED-22-2008 (páginas 35 y 36), se precisa que "se autorizó el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, sin contar con estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal, que realmente evidenciaran que existía agua suficiente para satisfacer los 5.000 servicios requeridos por los desarrolladores, así como la demanda futura para el resto de la población de la zona".

 

Según la CGR, "producto de los estudios realizados por acuerdo de la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, se establece que es factible la explotación del acuífero Sardinal por etapas, conforme el incremento real de la demanda, con una explotación de 70 litros por segundo hasta el 2010 y luego basados en los resultados del proceso de monitoreo la extracción de 105 litros por segundo".

 

No obstante, en el "Estudio Hidrogeológico Detallado Acuífero de la parte alta de la Cuenca del Río Sardinal", elaborado por SENARA, se señala que debe evaluarse el efecto de la extracción de los cuatros pozos para el proyecto Sardinal, dado que se encuentran ubicados aguas abajo de la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal, la cual, según se indicó, posiblemente se encuentra en un estado de sobreexplotación.

 

Dicho estudio fue conocido por la mencionada Comisión y ésta no se refirió a la aludida microcuenca, recordó Merino.

 

"Quién lea las conclusiones del informe de la Contraloría y haya oído al Ministro Dobles en Sardinal, sabe que dije la verdad", afirmó el Diputado José Merino, en referencia al comunicado difundido por el titular del MÍNAET.

 

"Reitero que el Ministro le ocultó a la población en su exposición los alcances del informe de SENARA", agregó el legislador al pedir una rendición de cuentas del ministro del Ambiente y de todos los altos funcionarios de instituciones involucradas en el proceso.

 
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