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Control ciudadano anteuna emergencia ambiental
jueves, 13 de noviembre de 2008
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Por Nicolás Boeglin en La Nación. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla La reciente Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental, aprobada por el plenario legislativo el pasado 30 de octubre, ha despertado un enorme interés por parte de distintos sectores nacionales, así como a nivel internacional. Esta ley establece, de manera innovadora, consultas ambientales en el ámbito nacional, cantonal, distrital o local, ya sea por convocatoria o mediante recolección de firmas equivalente al 10% del padrón electoral respectivo.

Derecho a decidir. Estas pueden tomar la forma de un referendo o plebiscito (cuyo resultado es vinculante), o bien la de simples audiencias públicas. De esta manera, se le intenta devolver a una comunidad el derecho a decidir un poco más sobre su destino y sobre el tipo de proyectos con los que desea convivir.

De manera muy incipiente aún, y fiel a la filosofía del Programa Nacional de Bandera Azul Ecológica, nuestro modesto Comité Bandera Azul Ecológica ha incursionado en esa línea de acción al participar en distintos foros en el distrito de San Miguel de Santo Domingo, con el propósito de conocer proyectos tan variados como el del Plan Regulador, el de construcción de un gimnasio en San Miguel o las alternativas que se ofrecen para el vertedero municipal, cuya vida útil llega a su fin con los regalos de esta Navidad.   
En estas reuniones, siempre tuvimos la posibilidad de exponer nuestra visión, pero sabiendo que lo hacíamos como simples consultas.

Hace más de 20 años, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, los regidores rechazaban valientemente un proyecto de una prestigiosa empresa mundial que quería usar los ríos de San Miguel para deshacerse de enormes cantidades la pulpa de fruta que generarían sus plantas de producción.

Eso no le significó a San Miguel ni a Santo Domingo pérdida alguna y, al contrario, 20 años después todos los migueleños poseedores de tierras se han visto beneficiados por la sed de muchos josefinos, quienes buscan instalarse ahí, precisamente en busca de lo que perdieron hace ya mucho en sus respectivos cantones.

Control ciudadano. La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿esa otrora valentía (muy arraigada en las tradiciones campesinas domingueñas) demostrada hace 20 años por los regidores municipales frente a una multinacional se habrá mantenido con el tiempo? ¿No sería mucho mejor enmarcarla con mecanismos de participación ciudadana y de control ciudadano más acordes con nuestros tiempos?

Ello cobra particularmente relevancia en un momento en que varias municipalidades están siendo instrumentalizadas. Resulta innecesario citar aquí la interminable lista de proyectos autorizados por municipios sin contar con ninguna viabilidad ambiental, o con permisos que atentan contra la misma legislación vigente, y en los que se evidencia una clara colusión de intereses entre autoridades locales y algunos inversionistas.

Notemos que, en algunos casos, los inversionistas se preocupan mucho más por colocar fácilmente un capital en proyectos (a veces se trata de un capital “golondrina”, y que, como buena golondrina, volará hacia otros rumbos cuando la situación lo requiera) que en la sostenibilidad ambiental futura del proyecto en sí. De ahí que, si las consultas que prevé esa nueva ley existieran hoy en día, tal vez algunas comunidades afectadas por proyectos que tienen graves consecuencias ambientales (fila costeña, mina de Bellavista, por ejemplo), contarían con una herramienta para defender sus derechos y los de las futuras generaciones.

Actividades que contaminan tomas de agua superficiales que abastecen a Santo Domingo, empresas piñeras que tienen a más de 6.000 personas tomando agua de cisternas en la región de Siquirres desde hace más de un año, proyectos cuyos efectos se sienten hoy en Escazú cada vez que llega un aguacero o los que están peligrosamente afectando el litoral del Pacífico (Jacó, Tamarindo) son tan solo algunas muestras de que, pese a innumerables leyes existentes, a instituciones ambientales nacionales y a los controles que ejercen las autoridades municipales, se requiere, sin más preludio, consolidar mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental.
Esta ley fue aprobada por la inmensa mayoría de diputados el pasado 30 de octubre. De ser vetada por el Poder Ejecutivo, este enviaría un mensaje aún más equívoco al mundo sobre su iniciativa de Paz con la Naturaleza.
 
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