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Ministra de Justicia podría comparecer ante Asamblea Legislativa
lunes, 27 de octubre de 2008
Viviana Martín, sobre caso de concesiones en Guanacaste
 
Diputados de Acción Ciudadana recalcan necesidad de interpelarla y estudian si caben denuncias penales.

Vinicio Chacón en Semanario Universidad  Diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) valoran la posibilidad de que la ministra de Justicia Viviana Martín sea convocada a la Asamblea Legislativa, para aclarar su vinculación con once sociedades anónimas que recibieron concesiones para explotar la zona marítimo terrestre (ZMT) en Guanacaste, así como con la persona jurídica que gestionó el plan regulador.



Luego de la primera publicación de UNIVERSIDAD sobre el caso, el 14 de octubre la fracción del PAC emitió un comunicado en que sentenció que la funcionaria "debe explicar" sus vínculos con las sociedades y añadió que "de expedientes penales que se tramitan en los Tribunales de La Cruz Guanacaste, se extrae información que permite deducir que se violentó el orden jurídico para la obtención de varias concesiones a favor de las empresas de los hermanos Martín".

El proyecto que se desarrollaría a partir de las concesiones y gestiones de esas sociedades anónimas se denomina Mar Serena y entre sus impulsadores destaca el hermano de la ministra, el abogado Álvaro Martín. El comunicado también sentenció que "no es creíble" la afirmación de la Ministra en el sentido de no tener vinculación con el proyecto turístico.

La funcionaria ha insistido en no tener relación con esas sociedades desde 1997, cuando como abogada participó en la constitución de las mismas, por no tener capital accionario. Sin embargo en la anterior edición de UNIVERSIDAD se publicó información registral que la liga como secretaria y agente residente a cuatro de las sociedades concesionarias hasta inicios del 2005.

También en el Registro Público se obtuvieron documentos que la ubican como agente residente de Playa Marel PM S.A. entre el 2003 y el 2006. Es la sociedad que corrió con los gastos de amojonamiento del sitio y desarrollo del plan regulador.

Para el diputado Olivier Pérez, la Ministra debería ofrecer un informe "bien fehaciente" sobre los movimientos del capital accionario de esas empresas y consideró necesario que las mismas personas jurídicas certifiquen a partir de sus libros la salida de Martín. "Por transparencia lo más correcto es constatar a manos de quién pasaron sus acciones", añadió. 

Su compañera de fracción, Grettel Ortiz, señaló ante las denuncias de UNIVERSIDAD que Martín debe ser convocada a la Asamblea Legislativa "para interpelarla, pues si no se ha desvinculado de proyectos en la ZMT, puede haber un conflicto de intereses".

Al respecto, Pérez añadió que estudian "abundante documentación" sobre el caso y que luego "valoraremos convocarla a la Comisión de Gobierno y Administración y, si hay mérito, hacer una denuncia penal y ante la Contraloría General de la República".

"CONCESIONES ADOLECEN DE NULIDAD"

Las concesiones fueron otorgadas en las playas Nombre de Jesús y Zapotillal, en Santa Cruz. UNIVERSIDAD publicó los cuestionamientos ambientales que hacen organizaciones ambientalistas hacia el  proyecto, como el hecho de que incluye una cancha de golf de 18 hoyos en un sitio donde queda un remanente de bosque ya único en la zona, además de que se trata de playas donde desova la tortuga verde.

Luego, en una segunda entrega se comprobó mediante estudios realizados en el Registro Público, que la vinculación de la ministra Martín a esas personas jurídicas se extendió más allá de la constitución en 1997, como ella lo había señalado.

También se pudieron comprobar informaciones periodísticas que señalaron que el financiamiento del proyecto provendría del descalabrado gigante financiero Lehman Brothers a raíz de la crisis financiera que se viven en los Estados Unidos y tiene impactado el resto del mundo.

En particular se comprobó que en una asamblea de cuotistas de una sociedad llamada Quiromancia, que luego pasó a llamarse Playa Pelícano Holdings y en la que participó Álvaro Martín, se acordó solicitar un préstamo por $33millones (¢18.478 millones) a esa entidad financiera.

Al mismo tiempo se acordó crear un fideicomiso en el que se menciona la participación del Banco Improsa, propiedad de la familia del representante de Costa Rica ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BCIE), Alfredo Ortuño, a quien se le cuestionó por el pago de asesorías a funcionarios públicos y también a personas particulares que realizan funciones públicas.

Tras alegar no haber tenido tiempo para contestar preguntas enviadas para el primer reportaje, el abogado Álvaro Martín envió un derecho de respuesta que se publicó en la edición anterior.

El ambientalista Juan Figuerola a su vez contestó algunas de las afirmaciones hechas por el abogado. Martín señaló que las sociedades concesionarias gestionaron ante el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) la delimitación de las áreas boscosas en la ZMT, de manera que en las mismas no se construirá y serán protegidas. Al respecto Figuerola señala que fue él mismo quien en su condición de ciudadano, solicitó reiteradamente al MINAET y a la Municipalidad de Santa Cruz esa delimitación, "tuve que interponer sendos recursos de amparo para obtener respuesta".

Sin embargo, el ambientalista no duda en afirmar que las once concesiones "adolecen el vicio de nulidad absoluta", pues según dijo, no reconocen que los terrenos públicos son un bosque, "por lo que la Municipalidad de Santa Cruz entregó terrenos en concesión cuya administración no le corresponde".

Por ello, califica como "sumamente preocupante" la afirmación de que el MINAET ha demarcado los bosques públicos, para que solamente se construya en las partes que "no son bosque", "cuando lo correcto es que se anulen las concesiones mal otorgadas".

Aseveró que "no es cierta la afirmación que hace el señor Martín de que la zona restringida no es inalienable". Sustenta ello en que la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, establece que la ZMT "constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible", de manera que el Estado tiene la posibilidad de "recuperar los terrenos que han sido concesionados en contra de la legislación costarricense, como sucedió en el caso de Nombre de Jesús y Zapotillal".

Informó que desde abril del 2007, la Procuraduría General de la República conoce una denuncia para que "se anulen las concesiones otorgadas sobre la zona marítimo terrestre de esas playas".

Martín también negó las acusaciones por socola, es decir, la eliminación de la vegetación menor del bosque para propiciar un cambio en el uso del suelo. Destacó además que se incluirán "facilidades" para que el personal del MINAET pueda cuidar las tortugas.

La respuesta de Figuerola señala que sobre el caso de la socola, en las diversas denuncias que se han hecho ante el MINAET, la Municipalidad de Santa Cruz, la Fiscalía, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) y el Tribunal Ambiental, constan "decenas de fotografías que prueban la presencia del bosque y la socola; incluso hemos realizado inspecciones con todas estas autoridades y nos han dado la razón en el campo. El hecho que después digan otra cosa y no resuelvan a favor del ambiente, es otro tema. Lamentablemente, esto ya no sorprende a nadie".

Sobre el segundo punto, contestó que de nada sirve que el proyecto Mar Serena "con campo de golf incluido", facilite las mencionadas "facilidades", pues considera que habrán "impactos irreversibles" para las playas ante el incremento de personas y construcciones. 
 Cabe recordar que el abogado Martín aún no ha contestado algunas preguntas enviadas hace dos semanas. En esta oportunidad tampoco envió respuesta a otras enviadas a su correo electrónico la semana pasada sobre el préstamo por $33 millones con Lehman Brothers, la aparente participación de la cadena hotelera internacional Canyon Ranch o la implementación del fideicomiso mencionado.

Pinto Responde

El abogado Álvaro Pinto envió el siguiente texto ante algunas aseveraciones hechas por Álvaro Martín en su derecho de respuesta en la anterior edición de UNIVERSIDAD:

Álvaro Martín Salazar menciona mi nombre y el del señor Juan Canales Angulo, funcionario de mi representada Inversiones de Zapotillal S.A., alegando que el señor Canales había causado un proceso de afectación ambiental, lo cual no es cierto.

Mi representada, Inversiones de Zapotillal, S.A., ha tenido la posesión sobre Playa Zapotillal por más de 60 años y ha cuidado los valiosos sistemas ecológicos de esa playa, consistentes de manglares, bosques y humedales y aparte de esto presentó un proyecto para la creación de un Refugio Mixto de Vida Silvestre con el fin de proteger el desove de las tortugas baulas y negra que se refugian en los ecosistemas de las Playas Zapotillal y Nombre de Jesús.

Desgraciadamente ha habido mucha influencia política negativa que ha impedido la creación de este Refugio proteccionista y esto nos ha obligado a presentar varios procesos legales contenciosos, penales y económicos que cuestionan el otorgamiento de once concesiones sobre esta zona costera incluyendo la solicitud de cancelación de esas concesiones ante la Municipalidad de Santa Cruz ya que las mismas recaen sobre los ecosistemas dichos.
 
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