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Indígenas se pronuncian nuevamente contra violación de sus derechos
lunes, 20 de octubre de 2008
Por Irene González Chen informa-tico.com. Una representación del sector indígena de Costa Rica se pronunció nuevamente contra el gobierno y los 38 diputados que pretendían evadir la consulta popular al pueblo aborigen, que establece el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad y que, actualmente, ha sido el "obstáculo" para que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos entre en vigencia.
"El incluir el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad no fue un error u olvido de los 38 señores diputados y diputadas que apoyan el Tratado de Libre Comercio (...) El no querer consultar a los pueblos indígenas sobre el proyecto de propiedad intelectual demostró y evidenció de una vez por todas que, cuando existen sectores económicos casados con el neoliberalismo, los derechos de los pueblos nativos no valen y no existen", comentó el representante bribrí de Talamanca, Alejandro S. Rodríguez.

"Hoy los pueblos indígenas nos constituimos en el principal estorbo del capitalismo salvaje, del desarrollo que ha dejado una larga estela de muerte a lo largo de nuestro continente y que hoy, con el Tratado de Libre Comercio, quiere consolidar su poder económico sobre las espaldas de nuestros hombres y mujeres", agregó Rodríguez.

El bribrí enfatizó en que el gobierno de Costa Rica debe tomar en cuenta la resolución de la Sala IV a favor de la consulta indígena "en virtud al respeto de la institucionalidad del país y a los ciudadanos indígenas, que también están "sujetos a derechos y obligaciones en este país, que es de todos los costarricenses".

Rodríguez añadió que "este mismo camino y esta misma decisión debieron tomarse para el proyecto de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), relacionado a las semillas".

"Nuestras semillas nativas, las cuales cultivamos durante muchos milenios, van a desaparecer pues quedaron a merced, voluntad y al servicio de los monopolios de las empresas", aseguró el indígena.

Rodríguez afirmó que "este convenio comercial es humillante, degradante, impositivo e irrespetuoso para la soberanía del país" y que "las plantas, el agua y los bosques son innegociables porque son raíces de la propia vida y, por ende, constituyen en derechos fundamentales, tienen carácter absoluto, eterno e inmutable que toda ley debe respetar".

Por su parte, el diputado del partido Frente Amplio, José Merino, declaró que su fracción "hace eco de la denuncia del Movimiento Libertario" en relación al ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz.

"Nosotros le insistimos al país que aquí hay una situación que no tiene nada que ver con lo que se votó el 7 de octubre, en el referendo", manifestó Merino.

"Esta es una situación que se mantuvo congelada y que la revivieron en la última fase, pensando que no iba a haber una reacción y, obviamente, que todo lo que se hiciera en estos momentos, ante la presión de entrar en vigencia con el TLC, iba a ser avalado por la Sala Constitucional", dijo el legislador.

Merino expresó que, aunque no poseen la "herramientas de investigación para poder señalar con nombres y apellidos", es claro que "hay una trama de corrupción" que, en su momento, "se irá dilucidando, cuando se concreten determinados negocios".

"Les dijeron a los pueblos indígenas que no tenían por qué preocuparse, que el TLC no tocaba ni una coma de la Ley de Biodiversidad y que sus derechos estaban protegidos por esa Ley... Les dijeron que no le tenían que tener miedo al convenio; eso es lo que le dijeron al país y, a última hora, cambiaron eso", aseguró Merino.

Contra de la exploración minera

La representación aborigen también emitió una denuncia en contra de "cuatro expedientes de exploración minera dentro del territorio indígena, solicitados por Abelardo Torres y Jorgely Rodríguez" a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena Bribrí de Talamanca (ADITIBRI).

"Es claro que todos estos trámites se han hecho de la forma más traidora e ilegal (...) ya que se hace a espaldas del pueblo y contra el acuerdo de la Asamblea General pasada, que desautorizó a la Junta Directiva de promover estas nocivas actividades que amenazan nuestros recursos naturales y biodiversidad, cultura, agricultura orgánica, sistemas de producción y comercio, ecoturismo, corredor biológico, prestigio conservacionista y autonomía", afirmaron el coordinador y secretario de la Comisión Anti Minera Indígena, Sebastián Díaz y Reynaldo González.

Según estos representantes de la población nativa, "el área total solicitada para la exploración minera de oro, cobre, zinc y otros minerales es de 70 kilómetros cuadrados, que equivalen a 7.000 hectáreas aproximadamente, y abarcan casi la totalidad de las montañas y comunidades".

"Solicitamos a los personeros del corredor biológico Talamanca Caribe, en cumplimiento de sus fines y objetivos, romper el silencio mantenido y pronunciarse sobre las actividades mineras solicitadas", adicionaron los voceros indígenas.
 
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